La impunidad parece ser el propósito, mientras familiares reclaman justicia.
El Observatorio Venezolano de Prisiones que tiene como misión: promover y vigilar que los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad sean garantizados por el Estado, al cumplirse el 16 de octubre dos meses de la masacre realizada por instituciones armadas del Estado en el Centro de Detención Judicial Preventiva del estado Amazonas (Cedja) expresa:
1.-Reafirmamos que en el operativo que se realizó para tener el control por parte del gobierno de ese centro de detención hubo un uso excesivo de la fuerza, se actuó con alevosía y premeditación obviando el respeto a los derechos humanos y no se cumplieron los estándares internacionales para este tipo de situaciones.
2.-El Ejecutivo Nacional violó el artículo 43 de la Constitución que expresamente establece que “El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”. La masacre ocurrida genera una responsabilidad que debe ser investigada y sancionada. Tanto los autores intelectuales que planificaron y dirigieron en el más alto nivel esa operación de extermino como quienes resulten responsables como autores materiales. No puede quedar impune un hecho tan grave de violaciones a los derechos humanos donde resultaron asesinadas 39 personas.
3.-En esa operación actuaron los siguientes órganos armados del Estado: El Grupo de Respuesta inmediata del Ministerio del Poder Popular Para el Servicio Penitenciario, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), la Fuerza de Acciones Especiales (FAEZ) de la Policía Nacional Bolivariana adscritos los dos al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) escrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
4 .Declaraciones ofrecidas al Observatorio Venezolano de Prisiones por sobrevivientes, familiares y algunos funcionarios del Estado, indica que varios de los privados de libertad fallecieron cuando repelían con sus armas a las fuerzas policiales y otros, la mayoría, fueron asesinados luego de haberse rendido y tales ejecuciones ocurrieron entre las seis y las 10 de la mañana de ese día. No hay evidencia por ahora que unos presos hayan dado muerte a otros. Todos los privados de libertad que resultaron heridos fueron ejecutados.
5.-Se tiene conocimiento que contra los privados de libertad se usaron armas largas de distinto calibre y granadas y bombas lacrimógenas a pesar que las fuerzas de seguridad estaban del conocimiento que en ese lugar se encontraban 10 mujeres que eran parte de la visita del día anterior y tres niños todos menores de cinco años.
6.-Tenemos conocimiento que no se agotaron los esfuerzos para mediar con los privados de libertad, ni se hizo ningún esfuerzo por garantizar la salida de las mujeres que estaban de visita y los tres niños.
Igualmente se impidió la actuación de la Defensoría del Pueblo en el momento que ocurrían los hechos y de otros funcionarios que exigían un proceso de mediación con los privados de libertad. Tampoco se permitió la colaboración de los grupos de iglesia.
7.- Llama la atención que a la fecha ni la Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo ni la llamada Comisión Especial nombrada por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente hayan llamado a declarar a sobrevivientes y familiares.
8.-Alertamos al pueblo de Venezuela y especialmente a la población del estado Amazonas que se evidencia el propósito de producir impunidad ante tan grave violación a los derechos humanos.
9.- Destacamos que es una denuncia generalizada de los familiares de las victimas el mal trato realizado por los funcionarios del Estado en el momento de los hechos y días posteriores. Igualmente hemos recibido denuncias de amenazas a familiares y sobrevivientes infundiendo temor para que no informen la verdad de lo ocurrido.
10.-El Observatorio Venezolano de Prisiones continúa con su labor de conocer la verdad de lo ocurrido y próximamente estará presentando un informe amplio que haremos llegar a las instancias nacionales e internacionales.
11.- Nos anima el interés de que no vuelvan a ocurrir masacres como la perpetrada en el centro de Detención Judicial Preventivo de Amazonas. Una de las medidas preventivas más eficaces es que los responsables sean sancionados como un mensaje de advertencia a funcionarios policiales, militares y altos funcionarios del Estado.
12.- Conocemos que se está en proceso de reapertura próximamente del Centro de Detención. En tal sentido exhortamos al Ministerio de Asuntos Penitenciarios a considerar las recomendaciones que al respeto establecen las Normas Mandela para el tratamiento de los reclusos y lo establecido en el artículo 272 de la Constitución. Por otra parte, solicitamos que los privados de libertad trasladados a
otros centros penitenciarios, buena parte de ellos indígenas, sean regresados al estado Amazonas para evitar mayor retardo procesal y permitir estén cerca de su familias en su casi totalidad de muy bajos recursos económicos.
13.-Expresamos una vez más nuestra solidaridad con todas los familiares de las víctimas. Ratificamos nuestra disposición a acompañarlas para que se sancione a los responsables de la masacre
Observatorio Venezolano de Prisiones
