Las organizaciones sociales reunidas el 28 y 29 de noviembre de 2017, en el Foro sobre Defensores de Derechos que congrega a más de 350 participantes de organizaciones nacionales y de distintos países de Latinoamérica, luego de dos días de reflexión, debate abierto, plural y democrático, presentamos la síntesis del análisis realizado sobre la situación de las Defensoras y Defensores de DDHH en América Latina: En los últimos años, el entorno para el trabajo de los defensores/as de DDHH en América Latina y en Bolivia, se ha tornado menos favorable, incrementando la vulnerabilidad y la amenaza a la vida, la libertad y la seguridad de hombres y mujeres que llevan a cabo labores vinculadas a la exigibilidad y defensa de derechos tanto a nombre de sí mismos con en beneficio de otros grupos y personas cuyos derechos son violados.
Como es habitual, esto sucede en países conducidos por gobiernos de corte liberal, abiertos al libre mercado y que operan en desmedro de derechos colectivos, económicos y sociales pero, lamentablemente, también en países que han vivido reformas constitucionales de corte social y/o el establecimiento de regímenes autoproclamados como “progresistas”.
Con igual compromiso e interés, basados en el compromiso con principios y causas comunes, los defensores y defensoras, estamos desafiados a abordar las cada vez mayores restricciones en el espacio cívico y las libertades ciudadanas que suceden en el marco de una serie de procesos políticos que originalmente fueron promovidos por nuestras luchas sociales y que, por el contrario, prometían mayor libertad, inclusión y participación social.
Un Contexto Económico que Aumenta la Vulnerabilidad de los Defensores/as.
La situación de mayor vulnerabilidad para los Defensores/as de Derechos Humanos debe interpretarse con referencia a factores económicos que hoy afectan la región en formas particularmente complejas. La alta cotización de commodities y de materias primas en el ciclo económico anterior ha profundizado el carácter primario exportador y la dependencia de la economía de los países de la región respecto a estos recursos. La respuesta de los gobiernos frente a la caída de los precios de estos productos, es producir más para aumentar la disponibilidad de recursos económicos y, con ello, de los medios necesarios para su legitimación política.
Junto con ello, se ha invertido en la construcción de infraestructura que favorece la generación o explotación de recursos orientados a la exportación. Esto deriva en la afectación y despojo de medios de vida, recursos, territorios y derechos de poblaciones indígenas, campesinas, riberañas. Al lado de estos megaproyectos, se establecen condiciones para una mayor vulneración de los derechos de las mujeres, tales como los procesos de desalojo, desplazamiento y constitución de nuevos asentamientos humanos que conllevan problemáticas que afectan la seguridad y vida de las mujeres y los sectores sociales más vulnerables.
Frente a la necesidad de los gobiernos de contar con un flujo estable de recursos para sus políticas, los defensores y defensoras, en especial aquellos que defienden el territorio y los recursos naturales se constituyen en un obstáculo para sus intereses y para los capitales que impulsan sus políticas.
Un Contexto de Mayor Autoritarismo
Una constatación fundamental es que este panorama conlleva elementos y rasgos que nos enfrentan a la dura realidad del avance del autoritarismo en la región y que definen un momento histórico particularmente crítico para la situación de las y los defensores de derechos humanos en América Latina y el mundo.
El autoritarismo, el patrimonialismo, la corrupción y el manejo instrumental de las instituciones del Estado suponen una amenaza a los derechos humanos y al retroceso de los derechos civiles y políticos. Un importante indicador del incremento del autoritarismo en la región es la perdida de independencia de los poderes estatales y particularmente del poder judicial, instrumentalizado para la persecución política y la vulneración de estándares constitucionales y de derechos humanos. Esta instrumentalización de los DDHH viene asociada al repliegue y vulneración de las libertades ciudadanas y lo que es más preocupante, conlleva la autocensura, polarización y la fragmentación de las organizaciones de Defensores de Derechos Humanos.
Un Contexto de mayor Vigilancia y Control sobre la Sociedad
Las nuevas tecnologías han provisto a los defensores de nuevas plataformas de comunicación, expresión y activismo, pero también han brindado a los gobiernos poderosas herramientas de control que obligan a los defensores a extender su actividad a la defensa de los derechos en el ámbito de las interacciones sociales que se dan en los medios digitales, tanto como al manejo consciente y comprometido de los estándares y la información de DDHH en estos medios. Las tendencias orientadas al autoritarismo en la región y la manipulación de los poderes constituidos, muestran que es fundamental que como Defensores, no nos conformemos con el rol de consumidores pasivos de contenidos en las plataformas digitales, sino nos convirtamos en productores de mensajes y difusores de información que tengan como premisa el respeto y la defensa de los derechos individuales y colectivos. Un campo de lucha fundamental es el asumirnos todos como defensores/as y la defensa del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
Un contexto de sistemática restricción del Derecho a la Libertad de Expresión
La libertad de expresión es uno de los derechos que se han visto afectados por los gobiernos de la región. La libertad de prensa y de acceso a la información, están sujetas a una sistemática regresión que va desde el desprestigio de medios de comunicación independientes, el condicionamiento de acceso a publicidad estatal y con ello la asfixia económica hasta la persecución –inclusive judicial- y la represión.
Un contexto de restricción de la Libertad de Asociación, la división y generación de paralelismo en las Organizaciones sociales y de Defensores/as.
En relación aún más directa con la problemática de las y los defensores, se vive una situación de debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Esto forma parte de una estrategia consciente y deliberada de parte de los poderes públicos y privados que buscan ya no sólo criminalizar la protesta social, sino incluso llegar a impedir que ésta pueda organizarse. Esto se viabiliza por medio de la injerencia en las organizaciones sociales con la ayuda de grupos afines al poder político, el acoso y persecución política a líderes, hombres y mujeres, que manifiestan una posición crítica e independiente. La subordinación de las organizaciones de la sociedad civil y el silencio al que han sido sometidas, impulsa a nuevas acciones de re-articulación y organización.
En este contexto las organizaciones sociales reunidas en el Foro sobre Defensoras y Defensores de los DDHH, manifestamos la necesidad de:
1.- Asumirnos todas y todos como defensores de derechos humanos desde el ámbito y organización donde nos encontremos y comprometernos con la protección y defensa de los derechos y la dignidad humana en todos los ámbitos de la vida.
2.- Fortalecer nuestras capacidades y compromiso individual y colectivo para actuar y exigir nuestros derechos con base en los estándares de derechos humanos, nuestros usos y costumbres y todas las prácticas y valores que promueven la dignidad humana.
3.- Recuperar nuestras organizaciones del sometimiento político partidario y de otros intereses y poderes de facto para promover nuestra independencia en función del estricto cumplimiento del Estado de Derecho y los principios democráticos.
4.- Promover la protección y la participación de las mujeres en los ámbitos decisorios de nuestras comunidades y organizaciones de defensoras y defensoras como un medio para la democratización interna, la transparencia, el control colectivo y la acción transformadora.
5.- Fortalecer nuestras alianzas con otras organizaciones e instituciones de defensoras y defensores de DDHH para potenciar procesos de fortalecimiento mutuo y un diálogo de saberes orientado a la ampliación del entorno de trabajo de las organizaciones de defensoras y defensores.
6: Actuar bajo el principio de solidaridad y defensa mutua, es decir, si afectan, persiguen, encarcelan, censuran, desprestigian a una defensora/r lo hacen con todas/os.
Con estos elementos como fundamento e inspirados en los Principios para proteger a los Defensores/as de Derechos Humanos presentados en las Recomendaciones del informe 2017 presentado por el Relator Especial de Defensores de Derechos (ONU) Michel Forst, ante el Consejo de DDHH exigimos y demandamos a nuestros Estados:
1.- Desarrollar un enfoque basado en los derechos que empodere a defensores/as y aumente la capacidad y transparencia de los responsables de su protección.
2.- Reconocer la diversidad de defensores/as: provienen de diferentes contextos, culturas y sistemas de creencias.
3.- Integrar una perspectiva de género y adoptar un enfoque interseccional.
4.- Centrarse en la seguridad integral de defensores/as, en particular en su seguridad física, seguridad digital y bienestar psicosocial.
5.- Reconocer las interconexiones entre los grupos de defensores/as, las organizaciones, las comunidades y los miembros de la familia que comparten su riesgo.
6.- Garantizar la participación activa de defensores/as en todas las etapas de las estrategias de protección.
7.- Garantizar que las medidas de protección sean flexibles y adaptables.
8.- Promover y mantener la independencia de poderes y el respeto a los derechos a la libertad de asociación, expresión, acceso a la información y protesta como derechos clave vinculados a la acción de las y los defensores de los derechos humanos.
9.- Respecto al Derecho Humano de Evo Morales a ser reelecto indefinidamente, sorprendidos por el contenido de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2017 de 28 de noviembre, que habilita a la repostulación para una eventual nueva reelección de Evo Morales Ayma y Alvaro García Linera a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado Plurinacional respectivamente, estableciendo la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos como norma más favorable con relación a los derechos políticos, sobre los artículos 156, 168, 285.II y 288 de la Constitución Política del Estado – CPE, habilitándolos para nueva reelección hacia un cuarto mandato consecutivo.
Manifestamos que dicho fallo contraviene los fundamentos del Derecho Constitucional y el Derecho Internacional y anula la prohibición o restricción constitucional a las autoridades electas a ser candidatos a Presidente y Vicepresidente, permitiendo en consecuencia su reelección y limitando la alternancia en el poder. Este fallo, viola además, la voluntad soberana del pueblo boliviano expresada en el Referendum Constitucional del 21 de febrero de 2016, en la que el pueblo boliviano dijo NO a la consulta de modificación de la CPE que permitiría la posibilidad de repostulación.
En ese sentido, la decisión del Tribunal Constitucional es arbitraria, usurpa funciones que no le competen, es abusiva, atentatoria a la Constitución Política del Estado, lesiva a los derechos de los bolivianos y bolivianas y sujeta, por tanto a responsabilidades legales, sentando un nefasto precedente sobre el sistema jurídico y una alarmante señal negativa a la comunidad internacional.
Frente a este acto del TCP, nulo de pleno de derecho, las Organizaciones Sociales, Naciones Indígena Originaria Campesinas y sociedad civil organizada determinan:
Primero: Desconocer la Declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional, por violar la Constitución Política del Estado, y por ser favorable sólo a intereses ajenos a la voluntad popular.
Segundo: Rechazar al TCP por perder su carácter Institucional independiente y por ser un instrumento al servicio del poder político.
Tercero: Instamos a las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y así como a organizaciones de la sociedad civil, defensores y defensoras de derechos humanos, y ciudadanía en general, a manifestar su voz para hacer respetar la democracia y la voluntad de las bolivianas y bolivianos expresadas el año 2009 -cuando se aprobó la CPE- y el 21 de febrero del 2016.
Cuarto: Por todo ello, los ciudadanos y ciudadanas representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, reunidas en el Foro, manifestamos nuestro profundo rechazo y enorme preocupación el resquebrajamiento del Sistema Democrático en Bolivia.
Los defensores y defensoras de América Latina presentes en el Foro, ratificamos nuestro compromiso con la defensa del sistema democrático, de las libertades y derechos de los hombres y mujeres que habitan nuestra región y que viven con la convicción de seguir construyendo sociedades equitativas, justas, solidarias e inclusivas donde no quepa la impunidad, la corrupción y el autoritarismo.
Es dado en la ciudad de La Paz el 29 de noviembre de 2017.
Organizaciones de Derechos Humanos de Bolivia
