Por tercera vez consecutiva, el gobierno de Maduro no responde a los relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas (ONU) quienes han enviado trece preguntas sobre la situación de la población migrante, en particular de aquella que se ha dirigido hacia el Arco Minero del Orinoco (AMO).
Las anteriores comunicaciones no respondidas fueron sobre casos de amenazas y detenciones arbitrarias y sobre la independencia del poder judicial.
En esta oportunidad, las trece preguntas fueron dirigidas por el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; y la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias. Estas preguntas fueron enviadas el 8 de febrero de 2023 y no fueron respondidas en el lapso de 60 días previsto en el sistema de la ONU.
Entre otras cuestiones, los relatores pidieron estadísticas desglosadas por edad, género y pertinencia étnica sobre las personas que trabajan en áreas de explotación minera en Venezuela, en particular en el Arco Minero y por qué empresas fueron contratadas; si esas personas pueden acceder a un mecanismo de protección contra formas contemporáneas de esclavitud; si hay instituciones públicas – tanto civiles como militares – presentes en el Arco Minero y qué funciones están ejerciendo; si se ha llevado a cabo inspecciones laborales en áreas de explotación minera en Venezuela, en particular en el Arco Minero y cuáles han sido los resultados de dichas inspecciones.
“Al persistente flujo migratorio que incrementa la exposición de las personas afectadas a la trata de personas, formas contemporáneas de esclavitud y trabajo forzoso tanto en Venezuela, como en los países de tránsito y destino” Alertaron los cuatro relatores, quienes llamaron la atención sobre presuntos casos de violencia sexual, física y prostitución en el Arco Minero del Orinoco.
Destacaron que las rutas usadas por las personas migrantes coincidirían con los itinerarios empleados para la trata y tráfico de personas en el estado Bolívar, y que esos trayectos se realizarían de manera intermunicipal, interestatal e incluso internacional.
Alertaron que al sur del río Orinoco, se cometerían múltiples y permanentes violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas: “Esta situación estaría estrechamente relacionada con la dinámica de la minería y del narcotráfico. Además, mujeres y niñas indígenas con muy bajas condiciones de vida estarían expuestas a explotación sexual”, afirmaron.
Los relatores señalaron que recibieron información donde “las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados criminales habrían cometido asesinatos; secuestros; tratos crueles, inhumanos y degradante que podrían constituir actos de tortura; violencia sexual y de género, especialmente contra las personas residentes y trabajadoras de las zonas mineras del estado de Bolívar”.
Según estas declaraciones, en Bolívar ocurrirían formas contemporáneas de esclavitud y de trata de personas de las cuales se presentarían con mayor frecuencia el trabajo forzado, la esclavitud sexual y la servidumbre, que involucrarían: “Grupos armados ilegales provenientes de Colombia, incluyendo disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, sindicatos mineros, garimpeiros de origen brasilero y también integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana”
La comunicación advierte que los migrantes son víctimas de ofertas laborales engañosas en el estado de Bolívar: “Se conocerían casos de mujeres y niñas a las que se les ofrecería trabajar como lavanderas o cocineras en campamentos mineros; sin embargo, tras su llegada al campamento habrían sido sometidas a explotación sexual”.
También habría una correlación entre una grave epidemia de VIH en la zona y la violencia sexual, afectando sobre todo poblaciones indígenas
Los relatores tienen información sobre las inhumanas condiciones laborales en el AMO controlado por los “sindicatos” (grupos armados ilegales). Los migrantes serían “víctimas de constantes amenazas ante cualquier error, o incumplimiento de las reglas impuestas, con retaliaciones como la amputación de alguna de sus extremidades e incluso la muerte”.
Los relatores afirman que la situación de explotación laboral de niños, niñas y adolescentes para trabajos pesados o de alto riesgo, podría calificarse como las peores formas de trabajo infantil, según se define en el Convenio número 182 de la OIT. Se habría identificado al menos tres modalidades de explotación laboral de alto riesgo en las minas subterráneas en el estado Bolívar contra niños, niñas, adolescentes y mujeres:
- Serían utilizados como apoyo a los martilleros, quienes serían los encargados de las excavaciones;
- Estarían obligados a bajar hasta los salones para la extracción de oro, así como a subir los sacos de aproximadamente 45 y 60 kilogramos cada uno;
- Estarían encargados de operar los martillos eléctricos o los extractores de gases con energía eléctrica que les sería suministrada mediante conexiones improvisadas.
Ante estas situaciones y otras descritas en la comunicación, los relatores hicieron trece preguntas al gobierno de Maduro, las cuales quedaron sin respuesta. Dichas preguntas fueron las siguientes:
1. Sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas arriba.
2. Sírvase especificar las medidas legislativas, administrativas, judiciales y/o políticas públicas adoptadas para proteger a las personas, incluyendo personas migrantes y refugiadas venezolanas, contra las formas contemporáneas de esclavitud, las peores formas de trabajo infantil, y la trata de personas en Venezuela y fuera del país.
3. Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas para eliminar y prevenir el trabajo forzoso, según las obligaciones internacionales del Gobierno de Su Excelencia.
4. Sírvase indicar las medidas que el Gobierno de Su Excelencia está adoptando para garantizar que los derechos humanos, incluyendo de las mujeres, niñas y adolescentes estén debidamente protegidos, y las medidas adoptadas para prevenir la violencia sexual.
5. Sírvase indicar qué mecanismos existen en Venezuela para que víctimas de violaciones de los derechos humanos, incluyendo las formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas pueden denunciar abuso y/o explotación y a través de qué mecanismos pueden acceder a justicia y a reparaciones. Sírvanse indicar de qué manera las personas que trabajan en minería, incluyendo en el Arco Minero, pueden acceder a dichos mecanismos y cómo se garantiza su protección.
6. Sírvase indicar cuántas quejas relacionadas a formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas con fines de explotación laboral o sexual se han registrado en los últimos años.
7. Sírvase proporcionar estadísticas desglosadas por edad, género y pertinencia étnica (e.g. indígena u afrodescendiente) en cuanto a las personas que trabajan en áreas de explotación minera en Venezuela, en particular en el Arco Minero y por qué empresas fueron contratadas.
8. Sírvase indicar qué instituciones públicas – tanto civiles como militares – están presentes en áreas de explotación minera en Venezuela, en particular en el Arco Minero y qué funciones están ejerciendo.
9. Sírvase indicar si el Gobierno de Su Excelencia ha llevado a cabo inspecciones laborales en áreas de explotación minera en Venezuela, en particular en el Arco Minero y de ser así, cuáles han sido los resultados de dichas inspecciones.
10. Sírvase indicar de qué manera se ha reglamentado o está contemplado reglamentar la contratación de personas trabajadoras, incluidas personas trabajadoras migrantes por contratistas privados y a través de qué medidas se está previniendo la explotación laboral.
11. Sírvase indicar qué acciones ha tomado el Gobierno de Su Excelencia para frenar la minería ilegal y las múltiples violaciones a los derechos humanos relacionadas a esta actividad en el Arco Minero y en otras zonas mineras de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
12. Sírvase proporcionar información sobre posibles investigaciones iniciadas para determinar la posible responsabilidad penal de individuos y autoridades públicas involucradas en el delito de trata de personas. Sírvase indicar, además, cuántas investigaciones penales se han llevado a cabo desde enero de 2021 por trata de personas y cuántas personas han sido condenadas, de ser el caso, en particular, de la zona del Arco Minero.
13. Sírvase proporcionar información sobre la cooperación entre las autoridades competentes, incluidas las autoridades de migración, y con el Sistema de las Naciones Unidas, para identificar las víctimas de formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas y los medios y métodos utilizados por los grupos delictivos organizados para los fines de la trata de personas, incluidos la captación y el transporte, las rutas y los vínculos entre personas y grupos criminales involucrados en la trata.
El texto completo de la comunicación de las dos relatoras y los dos relatores puede ser consultado en este vínculo.
Prensa Provea.
