El gobierno de Nicolás Maduro no respondió a seis relatores y dos grupos de trabajo de Naciones Unidas (ONU), que el 13 de noviembre pidieron información sobre 21 personas detenidas en Venezuela en condiciones de sistemática falta de acceso adecuado a alimentación, agua y saneamiento, atención y tratamiento médicos, afectando en particular a mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.
Tampoco ha respondido a cinco comunicaciones similares enviadas por los mecanismos de la ONU en 2024 sobre violaciones a derechos humanos de personas privadas de la libertad, mostrando un abandono de su estrategia de aparentar cooperación con los mecanismos de la ONU.
Esta vez, los mecanismos de la ONU señalan el uso frecuente de las denominadas desapariciones forzadas “de corta duración”, perpetradas durante periodos pre y poselectorales, y que tienen un impacto en las elecciones. La desaparición forzada “temporal” de candidatos y sus partidarios poco antes o el mismo día de las elecciones les impide participar en los comicios y crea un efecto amedrentador entre otros candidatos, y a veces también entre los votantes”.
Advierten que “para constituir una desaparición forzada, la privación de libertad debe ser seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, cualquiera sea la duración de dicha privación de libertad u ocultamiento”.
Indican que habría un “uso excesivo e inadecuado” de la detención preventiva: “La aplicación de la prisión preventiva debe tener en cuenta el derecho a la presunción de inocencia, la naturaleza excepcional de esta medida, y debería aplicarse únicamente en conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En el caso de que la detención preventiva de una persona se prolongara innecesariamente, esta resultaría en una privación de libertad arbitraria”.
Señalan que hay una “falta de datos actualizados y desagregados sobre las personas privadas de libertad en Venezuela y sus condiciones de detención, en centros penitenciarios y preventivos. Dicha falta impide evaluar tanto las mejoras como los empeoramientos en las condiciones de detención en los centros de detención”.
En los 21 casos, los relatores y los grupos de trabajo subrayaron “serias preocupaciones sobre los derechos a un juicio justo de las personas”.
Los mecanismos de la ONU hicieron diez preguntas sobre la situación de los 21 casos expuestos en la comunicación, y en tres de ellos no fue incluida la identidad de las víctimas. Los casos y las preguntas pueden ser consultados en la comunicación anexa.
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