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16 enero, 2026 por

GINEBRA – Personas expertas de la ONU afirmaron hoy que la única vía para recuperar la democracia en Venezuela, siguiendo la reciente violación a su soberanía y años de régimen autoritario, es respetar la voluntad del pueblo venezolano, garantizar la rendición de cuentas y la autodeterminación, y asegurar el uso soberano y sostenible de sus recursos naturales, en consonancia con el derecho internacional.

Las personas expertas subrayaron que se requieren investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas y prontas, así como el enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los últimos veinte años para garantizar justicia, verdad, rendición de cuentas y reparación para todas las víctimas, incluidas aquellas que se encuentran en el extranjero. “Una prioridad absoluta debe ser determinar la suerte y el paradero de las personas desaparecidas forzosamente, la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente y una protección robusta contra la represión de la sociedad civil, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y personas percibidas como opositoras”, dijeron.

Venezuela enfrenta una grave crisis humanitaria y se requiere una acción urgente para establecer medios de vida seguros y dignos para toda su población, afirmaron.

“El futuro debe ser decidido únicamente por los y las venezolanas, con la participación plena, significativa e igualitaria de las mujeres, así como con inclusión de los pueblos indígenas, las personas afrovenezolanas y los millones de personas obligadas a migrar o a buscar asilo o el estatus de refugiado debido a la crisis humanitaria, las violaciones de los derechos humanos y la persecución política”, manifestaron.

Las personas expertas condenaron inequívocamente la intervención militar de Estados Unidos como una violación deliberada de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. “Es gravemente preocupante que, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, esta sea la segunda vez en cuatro años que un miembro permanente del Consejo de Seguridad que lleva a cabo un ataque armado en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas”, afirmaron.

“La prohibición de violar la soberanía nacional mediante ataques armados no provocados se aplica incluso en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones a las libertades como las documentadas en Venezuela”, expresaron.

Las personas expertas señalaron que cualquier decisión unilateral de Estados Unidos de poner a Venezuela temporalmente bajo su control violaría el derecho internacional y los derechos humanos, incluido el derecho a la libre determinación, consagrado en el Artículo 1 tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

“El uso de los recursos naturales por el pueblo venezolano debe tener en cuenta los derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas, el medio ambiente y el impacto climático, al tiempo que se da prioridad a las necesidades de las y los venezolanos para revertir la compleja emergencia humanitaria”, afirmaron los expertos.

Recordaron que la Corte Internacional de Justicia ha reafirmado la obligación de los Estados de proteger el sistema climático, advirtiendo que la extracción y uso de combustibles fósiles puede violar el derecho internacional, e instaron a todas las partes con un interés legítimo a promover una transición justa, al tiempo que llamó a las empresas a evitar contribuir a la emergencia climática y ser cómplices de violaciones de derechos humanos.

Las personas expertas de la ONU expresaron su preocupación por los efectos sobre los derechos humanos del decreto de “estado de conmoción exterior” de Venezuela activado el 3 de enero de 2026. Durante este crítico período posterior al ataque, debe garantizarse que el estado de emergencia se aplique conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, que respete los derechos no derogables en virtud del derecho internacional, y que no sea utilizado para profundizar la persecución y/o criminalización de personas percibidas como opositoras.

“La democracia y el estado de derecho no puede restablecerse de manera sostenible sin libertades fundamentales, separación de poderes, independencia judicial, autonomía del ministerio público y desmilitarización del gobierno civil”.

«Una democracia duradera requiere la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos, reparaciones para las víctimas, su participación en procesos de justicia transicional creíbles y la implementación de reformas necesarias para un futuro seguro y para la garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, afirmaron. América Latina es una zona de paz. La obligación de resolver los conflictos de manera pacífica debe ser respetada. Expresamos nuestra disponibilidad para brindar apoyo técnico y para entablar un diálogo constructivo con todos los actores relevantes».

*Las personas expertas:

Los relatores especiales/expertos independientes/grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH.

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