***Siguen las denuncias de persecución, procedimientos amañados y cobro de vacuna para quedar en libertad Mérida.-
Un mes después de instalarse la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sobre la cual se cuenta más de un centenar de muertos en protestas contra la elección de sus integrantes, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) contabilizó 49 personas detenidas en Mérida entre el 4 de agosto y el 13 de septiembre.
Los detenidos forman parte del patrón de represión de los organismos de seguridad del Estado contra quienes abiertamente participaron en protestas antigubernamentales.
Según las investigaciones realizadas por el ODH-ULA, los detenidos fueron golpeados durante el traslado, se les imputaron cargos falsos sin flagrancia y no hubo procedimiento legales pero si ensañamiento en todos los casos, acciones que demuestran una violación a los derechos humanos, la cual es sistemática tras la tormenta represiva que significaron los días previos a la ilegal elección de la ANC.
La razón de las detenciones, en su mayoría, no fue otra que participar en las protestas y en otros caso no hubo razón alguna, pues los detenidos aseguraron no haber manifestado.
Funcionarios cobran vacunas
Otras irregularidades detectadas por el ODH-ULA en las detenciones post ANC es el cobro de vacunas por funcionarios policiales o de los organismos de seguridad a los detenidos.
En la ciudad de Tovar, municipio Tovar del estado Mérida, se conoció a través de una denuncia del caso de nueve personas desaparecidas temporalmente y que presuntamente eran manifestantes, a quienes funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) les obligaron a cancelar altas sumas de dinero y entregar cauchos nuevos para las camionetas de la institución.
Una de las víctimas informó que fueron detenidos y extorsionados y nunca fueron llevados a la sede del Cicpc. Horas después de la detención ilegal los detenidos, tras cancelar entre 600 mil y un millón de bolívares fueron liberados.
Esta práctica fue común entre el 28 de julio y el 16 agosto en la ciudad de Tovar, donde aún son perseguidos quienes participaron en las protestas antigubernamentales.
Cuatro imputados
Durante este mes de septiembre en Mérida han sido imputadas 3 personas por los presuntos homicidios del Polimérida Douglas Acevedo y el estudiante Eduardo José Márquez, ambos asesinatos ocurridos en el mes de junio en el sector Pie del Llano de la ciudad de Mérida.
Asimismo, un estudiante de la ULA fue detenido al imputarle el asesinato del trabajador de la Universidad, Luis Alberto Márquez, el pasado 24 de abril en las inmediaciones del viaducto Campo Elías con la calle 26. El ODH-ULA sigue recibiendo denuncias de violación a los procedimientos legales para emitir boletas de citación y llevarse a las personas a declarar, así como para realizar allanamientos.
Ante la persecución de la que son objeto los estudiantes de la ULA, el observatorio expresó su preocupación por la cantidad de jóvenes desplazados y refugiados que huyen de la represión y persecución. Tal situación ha creado una crisis migratoria que se traduce en ser victimas de la discriminación y vulnerables a la prostitución para poder tener refugio.
En ese sentido, el ODH-ULA llamó a las autoridades policiales de Mérida a cesar la persecución y el ensañamiento contra jóvenes que en el uso correcto del derecho constitucional a la protesta, manifestaron contra un régimen que los tiene oprimidos y sin oportunidades de desarrollo
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
