En el tiempo en que parecía que la Asamblea Nacional empezaba a tender vías de consenso para la reestructuración de un Consejo Nacional Electoral imparcial, los hechos del 5 de enero de 2020 traban el juego político dificultando una solución electoral expedita a la crisis en Venezuela.
Difícil imaginar un peor comienzo del año en materia política. El Gobierno, recurriendo incluso a la violencia, trató de impedir la elección de la nueva directiva del Poder Legislativo, obstruyendo la participación de los sectores opositores. Se trata de un hecho político muy grave, que repercute negativamente en el país.
La junta directiva, nombrada a primeras horas de la tarde eludiendo las reglas, está integrada por diputados que fueron elegidos habiendo sido postulados por partidos opositores, cuyo cambio de postura oscurece aún más esa elección, pues sugiere posibles presiones, chantajes y otras malas prácticas.
La Asamblea Nacional es una institución fundamental de la democracia, pieza angular del Estado de Derecho y componente insustituible del equilibrio de poderes. De pasar a controlarla, el Ejecutivo pasaría a controlar todos los poderes públicos, sin el sano contrapeso democrático que disponen la Constitución y las leyes.
La acción del Gobierno ha sido duramente cuestionada en el ámbito internacional, provocando la protesta de países que habían sido más cautelosos en su posición. De la misma manera, han reaccionado diversos sectores nacionales.
Mientras tanto la crisis económica, la emergencia humanitaria y el fenómeno migratorio avanzan como denominadores comunes de la sociedad venezolana.
Lejos de atenuarla, la posición asumida por el Gobierno obstaculiza seriamente la resolución de la crisis. Es, sin duda, un golpe a la necesidad de un acuerdo político nacional que permita soluciones electorales, pacíficas, democráticas y constitucionales en este nuevo año 2020.
¿Cómo podría nombrarse un CNE realmente imparcial, reconocido por todos los actores nacionales, en las circunstancias planteadas a partir del 5 de enero? Urge, pues, rescatar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Una superación del conflicto mediante el diálogo, el consenso y la negociación política, en el marco de la Constitución y las leyes, bajo el signo de la paz, por el bien de todos.
Observatorio Electoral Venezolano
Caracas, 9 de enero de 2020
