«No vamos a dejar de reclamar, no nos van a callar. No vamos a dejar de defender nuestros derechos y vamos a continuar convocando acciones hasta que liberen a todos los presos políticos y haya justicia, paz y dignidad en Venezuela».
Así, determinado, aseguró Diego Casanova, uno de los principales voceros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) al ofrecer un balance de la exitosa Ruta por la Justicia y la Libertad auspiciada por ese colectivo de activistas y que, entre el lunes 24 y el viernes 28 de febrero, movilizó a decenas de familiares y defensores de Derechos Humanos para exigir la libertad de las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela.
«Nuestro norte es la libertad plena de todos los presos políticos. Mientras existan presos políticos vamos a seguir convocando actividades», afirmó el activista.
Y es que después de cinco exitosas jornadas de protesta, la Ruta por la Justicia y la Libertad, organizada por familiares y activistas agrupados en el CLIPPVE, congregó a decenas de manifestantes pacíficos y ONG quienes se movilizaron para exigir respeto al debido proceso y libertad plena para todas los presos políticos.
Luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio se registró un ascenso vertiginoso de la represión y de graves crímenes contra los derechos humanos cometidos por las autoridades venezolanas. De acuerdo a la información divulgada por el gobierno de Nicolás Maduro y autoridades del Ministerio Público, unas 2.400 personas fueron arrestadas entre el 29 de julio y el 13 de agosto, por su participación en las protestas o acusadas de formar parte de actos de conspiración o terrorismo.
Esa dramática y masiva escalada de abusos empujó la consolidación del Comité por la Libertad de los Presos Políticos que, habiendo sido fundado en 2022 tras la detención de seis sindicalistas, hoy día se ha convertido en un ariete ciudadano de resistencia ante los abusos.
«No se pueden seguir violando los derechos humanos de la población venezolana y sobre todo de las víctimas que ya han sufrido con el injusto encarcelamiento de sus seres queridos», dice Diego Casanova.
Tras el relanzamiento de la “Furia Bolivariana” en enero de 2024, escalaron las amenazas y la persecución contra las voces críticas. Junto a ello, el marco jurídico restrictivo para el ejercicio de los derechos a la asociación pacífica y a la libre expresión, entre otros, propiciaron una intensa ola represiva que alcanzó su punto máximo tras las masivas protestas realizadas en su mayoría en zonas populares del país luego de la divulgación de los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral el 28 de julio pasado.
«La gente es objeto de revictimización, amedrentamiento y amenazas permanentes por exigir y hacer valer sus derechos«, dice Diego Casanova.
El lunes 29 de julio los habitantes de las comunidades pobres de Venezuela se arrojaron a las calles de las principales ciudades del país para exigir respeto a la voluntad popular, en medio de unos comicios catalogados como fraudulentos. La jornada estuvo marcada por la represión y los abusos cometidos por agentes de la fuerza pública y la violencia ejercida por agrupaciones paramilitares conocidas como «colectivos».
El hermano de Casanova fue uno de los miles de detenidos en medio de la escalada, pero el activista, al igual que sus pares del Comité por la Libertad de los Presos Políticos mantiene una postura firme. «Como familiares de presos políticos, como amigos, como activistas, como defensores de derechos humanos vamos a continuar elevando este reclamo«.
Ruta por la dignidad
En su extenso recorrido, la Ruta por la Justicia y la Libertad recorrió varias instituciones públicas.
En la primera jornada, realizada el lunes 24 de febrero, familiares y activistas se concentraron en la sede del Palacio de Justicia de Caracas para entregar una comunicación a la Presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Katherine Harrington, exigiendo la libertad de todos los presos políticos, el fin de la judicialización de la protesta, la recepción y tramitación de los recursos de Habeas Corpus en todos los tribunales del país, el respeto al derecho de designar un abogado de confianza y garantizar un debido proceso justo e imparcial, el respeto al artículo 44 de la Constitución Nacional, que establece la inviolabilidad de la libertad personal y garantías de cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente la desaparición forzada.
«Las cárceles venezolanas están llenas de inocentes, no de terroristas«, denunciaron los manifestantes frente a la sede de los inconstitucionales tribunales contra el terrorismo.
La segunda parada de la Ruta por la Justicia y la Libertad se realizó el martes 25 de febrero en la sede de la Defensa Pública en Caracas, un organismo que ha contribuido con la sistemática violación al derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva de las personas detenidas por razones políticas.
El miércoles 26 de febrero los manifestantes se concentraron en la sede de la Defensoría del Pueblo para denunciar las penosas condiciones de reclusión de los presos políticos y para exigir la intervención urgente del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, para proteger la integridad física y psicológica de los privados de libertad.
El jueves 27 de febrero acudieron a la sede del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario para demandar mejoras en las condiciones carcelarias y el cumplimiento de normativas internacionales sobre trato digno hacia los detenidos.
Finalmente, el viernes 28 de febrero se concentraron en la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, para exigir investigaciones imparciales sobre casos de torturas, muerte bajo custodia y persecución política, así como la libertad plena y la garantía de los derechos humanos.
Premsa Provea
