Habitantes de las comunidades agrícolas y caseríos de Paria, Boca de Paria, Casupo y El Jobito, ubicados en la parroquia Ribas del municipio Acevedo, en Caucagua, estado Miranda, denunciaron que fueron víctimas de graves ataques por parte de funcionarios militares y policiales que ejecutan la Operación Zaraza 2024, desplegada entre los estados Miranda y Guárico desde el pasado 6 de agosto.
Vecinos de estas comunidades rurales denunciaron que los pobladores y algunas viviendas del sector fueron atacadas con bombas presuntamente arrojadas desde aeronaves por miembros de la Fuerza Armada venezolana.
Según los testimonios ofrecidos al equipo de Provea y al portal web El Pitazo, los afectados señalaron que el ataque se habría producido el pasado martes 13 de agosto a las 7:00 AM. durante una incursión de policías y militares en la zona, en medio de un operativo para cercar a la agrupación delictiva «Tren del Llano» en el que se han movilizado cerca de 6 mil efectivos policiales y militares según fuentes oficiales.
«Lanzaron granadas y dispararon sin medir las consecuencias, pero esos delincuentes no están aquí. Las personas que viven en estos caseríos son sanas y trabajadoras. A una familia le derribaron su rancho, ahora no tiene dónde vivir. También acabaron con los sembradíos que representaban el sustento de estas familias«, declaró uno de los testigos al portal El Pitazo.
«Fueron dos o tres aviones que pasaban cerca de las viviendas y como cuatro helicópteros», dijo uno de los testigos al equipo de Provea.
«7 personas resultaron heridas durante el operativo. 3 de ellos fueron trasladados al Hospital Militar de Caracas. Los habitantes de estas comunidades fueron desplazados. Tuvieron que salirse de ahí porque la amenaza era que los iban a bombardear de nuevo. Sea lo que sea, amedrentamiento psicológico o lo que sea, ellos tuvieron que salirse de allí. Esa pequeña comunidad quedó despoblada por varios días«, relató otro de los afectados en comunicación con miembros de nuestro personal.
Provea tuvo acceso a material audiovisual en el que se muestran daños causados a viviendas y las heridas sufridas por algunos habitantes del sector. Estas denuncias deben ser investigadas de manera expedita por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Durante la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) en el año 2015, Provea registró una afectación sin precedentes del derecho a la vivienda en el marco de la realización de un operativo de seguridad ciudadana. Durante la implementación de los primeros 6 meses del OLP más de 980 viviendas fueron demolidas e incendiadas por agentes de seguridad que participaron en la razzia.
De corroborarse las actuales denuncias, sería la primera vez que se tiene registro de ataques, a esta escala y con uso desproporcionado de material de guerra contra población civil, en el marco de la supuesta lucha contra grupos delictivos.
La falta de investigación y de información genera condiciones favorables para que los pobladores de estas zonas continúen sometidas a abusos y mayores riesgos.
Recordamos que, en octubre de 2016, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cometieron, en la zona rural de los municipios Acevedo y Brion del estado Miranda, la «Masacre de Barlovento», en un hecho que significó el secuestro, torturas y asesinato de 12 jóvenes habitantes de estas comunidades rurales y empobrecidas.
Prensa Provea
