El Ministerio Público informó que inició las investigaciones para determinar las responsabilidades por las muertes de Anderson Dugarte (32) y Miguel Castillo (27), ocurridas este 10 de mayo en las ciudades de Mérida y Caracas, respectivamente.
Anderson Enrique Dugarte, quien había resultado herido en el cabeza debido al impacto de un proyectil disparado por un arma de fuego el pasado lunes 8 de mayo, mientras se registraba una manifestación en la calle 26, entre las avenidas 2 y 3 del municipio Libertador del estado Mérida, falleció la mañana de este 10 de mayo tras encontrarse recluido en el Hospital Universitario de Los Andes (HULA). En dicha protesta también resultaron lesionados Fredylan Álvarez Jáuregui (21), estudiante de la Universidad de los Andes; y Hugo Guillén (27), funcionario de la policía estadal.
El Ministerio Público comisionó al coordinador de Delitos contra las Personas, y a las fiscales auxiliares 38ª nacional y 4ª del estado Mérida, Favio Faoro, Karla Camero y Maureen Rojas,para averiguar la causa de muerte de Dugarte, quien trabajaba como mototaxista.
Por la muerte del joven Miguel Castillo (27), el Ministerio Público informó que comisionó a los Fiscales 34° nacional y 126° del Área Metropolitana de Caracas, para iniciar la investigaciones de los hechos. Castillo, resultó herido durante una manifestación que se realizaba a la altura de la urbanización Las Mercedes en Caracas este martes 10 de mayo. Testigos y periodistas indicaron que el joven habría recibido un impacto de proyectil en el tórax, por lo que debió ser trasladado a la Policlínica Las Mercedes, donde -según reportes- ingresó sin signos vitales.
Provea condena estas dos nuevas muertes en el contexto de manifestaciones, que elevan a 39 la cifra oficial de personas fallecidas en el contexto de protestas desde el pasado 6 de abril, y alienta al Ministerio Público a conducir las investigaciones de manera transparente para determinar las responsabilidades por estos hechos, y brindar justicia a las víctimas y sus familiares.
Asimismo insistimos en que es urgente que el Ejecutivo Nacional detenga la escalada represiva y actúe de forma oportuna para evitar que continúe la actuación de civiles armados y agrupaciones paramilitares para reprimir a manifestantes, ambas situaciones alentadas por la inconstitucional aplicación del «Plan Zamora».
Prensa Provea