Prensa Provea.- Ocho indígenas, pertenecientes a las etnias Pemon, Warao y Jivi, fueron asesinados por agentes de la fuerza pública venezolana en protestas realizadas en los estados Delta Amacuro, Apure y Bolívar, entre los meses de septiembre de 2017 y abril de 2019. Los presuntos responsables, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) Marina y Policía de Delta Amacuro, actuaron conforme al ya habitual patrón de uso excesivo de la fuerza para contener dichas manifestaciones, empleando armas de fuego y ocasionando estas lamentables muertes.
Represión y muerte para silenciar el hambre
El 23 de septiembre de 2017 los indígenas Warao José Gregorio Moraleda Zambrano (21) y Jomas José Alcántara (19) se convirtieron en las víctimas 140 y 141, de las 142 personas fallecidas en el contexto de protestas realizadas en 2017. Ambos fueron asesinados por impactos de balas presuntamente disparadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía de Delta Amacuro, mientras reprimían una manifestación en demanda de alimentos, que se desarrollaba en las adyacencias del centro de acopio de Mercal, situado en la parroquia José Antonio de Sucre del municipio Tucupita, capital de la entidad.
“Los waraos comenzaron a retroceder y a correr en busca de resguardo, sin embargo, los efectivos disparaban directo a la masa y cayeron los waraos”, declararon testigos de los hechos. Un habitante de la localidad declaró que “no fue ningún enfrentamiento, como lo quiere hacer ver el Gobierno. La policía del estado y la Guardia Nacional dispararon a mansalva a los indígenas que reclamaban comida. “Se escucharon varios disparos y en el acto cayó uno de los jóvenes, hubo cinco heridos, todos los cuales presentaron impactos de balas”. La protesta se originó debido que la comunidad warao ubicada en Janokoseve, tenía 45 días sin recibir alimentos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El Ministerio Público imputó a 10 funcionarios policiales y el Tribunal 3° de Control dictó medida de privativas de libertad a los efectivos policiales y militares involucrados en lo ocurrido. Los funcionarios investigados son Joel María González (22), Lesguar Alexander González Morillo (34), Ledymar del Valle Sánchez Martínez (23), Jonnattan de la Cruz Trinitario (37), José Gregorio Martínez Call (25), Carlos Rafael Azócar (22), Rigson Boanerge Martínez Rojas (25), Gleyvins José Flores Álvarez (28), Jesús Rafael Gascón Pereira (27) y Yoenner Figueroa (23).
DGCIM asesina en Canaima
El pasado 8 de diciembre de 2018, un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hirió con armas de fuego a cuatro indígenas pemones de la comunidad de Arekuna en Canaima, estado Bolívar. Uno de los indígenas, identificado como Carlos Peñazola, resultó asesinado en los hechos. “Los funcionarios ingresaron esta madrugada al sector del Campo Carrao. Cuatro indígenas presentaron heridas por armas de fuego en el pecho. Estos fueron Charly y Carlos Peñazola, ese último falleció”, indicó la periodista del Correo del Caroní Pableysa Ostos.
Los heridos fueron trasladados al Complejo Universitario Hospitalario Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, mientras que la Fiscalía 6° del Ministerio Público abrió las investigaciones sobre el hecho. En respuesta por lo ocurrido, la comunidad indígena retuvo y desarmó a dos funcionarios del DGCIM.
El 12 de diciembre el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón difundió un vídeo en respuesta a las afirmaciones hechas por el ex ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que la muerte del indígena pemón fue responsabilidad de las «mafias del oro que ocupan el Parque Nacional Canaima». En un comunicado dirigido a la opinión pública, los miembros del Consejo desmintieron a Padrino López y lo acusaron de “cobarde”, “ladrón”, “mentiroso”, “asesino” y “mafioso”, al tiempo que lo exhortaron a renunciar a su cargo.
Terror de Estado en Santa Elena de Uairén
Durante los días 22 y 23 de febrero del 2019 la Guardia Nacional Bolivariana y presuntos miembros de agrupaciones paramilitares, reprimieron con excesiva violencia las manifestaciones registradas en Santa Elena de Uairén, extremo sur del estado Bolívar, en apoyo al ingreso de ayuda humanitaria, en el marco de la convocatoria realizada por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
En los hechos 58 personas fueron detenidas (16 indígenas pemón y 4 adolescentes) y trasladados al Fuerte Escamoto. El Hospital General de la localidad de Boa Vista en Brasil reportó que había recibido 23 heridos de bala -13 de ellos de gravedad-, entre el 22 y el 24 de febrero. Siete personas murieron a consecuencia de los disparos efectuados por los funcionarios militares, cuatro de ellos indígenas pemón identificados como: Zoraida Rodríguez (46), José Esley Pérez Márquez (20), Kleyber Pérez (24) y Rolando García Martínez (51). Las muertes de estas siete personas se produjeron entre los días 23 de febrero y 03 de marzo, toda vez que muchos de los fallecidos se encontraban gravemente heridos en el hospital de Boa Vista.
Asesinatos, detenciones y allanamientos ilegales
Testigos afirmaron a Provea que en horas de la mañana del 23 de enero, pobladores de Santa Elena de Uairén, marcharon pacíficamente a la frontera con Brasil para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria en el marco de las actividades convocadas por el parlamento venezolano. Frente a la entrada del Fuerte Escamoto la GNB impedía el paso hacia la frontera. A medida que comenzaron a acercarse y concentrarse para tratar de pasar, fueron reprimidos en un primer momento con bombas lacrimógenas y perdigones, pero posteriormente los militares empezaron a dispararles con armas de fuego hiriendo a decenas de personas.
Al mismo tiempo, se desarrollaba una protesta pacífica en el casco central de Santa Elena de Uairén exigiendo la entrada de la ayuda humanitaria, allí la represión se desarrolló con igual patrón, pero los disparos provenían -según testigos-, de armas automáticas de gran calibre y con participación de civiles armados. Los disparos iban directo al cuerpo y la cabeza. La represión se prolongó toda la mañana hasta mediodía.
En la tarde, la GNB instaló varias alcabalas en diversos sectores acabando con las protestas. Apostados también en las entradas de los hoteles, realizaron requisas y allanamientos ilegales buscando al alcalde de Gran Sabana, Emilio González, y a diputados y líderes indígenas y no indígenas. El Hospital Rosario Vera Zurita reportaba al menos 30 heridos, los más graves transferidos al estado de Roraima en el vecino Brasil. Sumaban 25 detenidos entre el Fuerte Escamoto y la comandancia de la GNB. En total habrían sido detenidas al menos 58 personas entre el viernes 22 y el sábado 23 de febrero.
El 28 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 7/2019, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de indígenas de la etnia Pemón de la comunidad San Francisco de Yuruaní o “Kumaracapay” del Municipio Gran Sabana en el Estado Bolívar, y el defensor indígena baré Olnar Ortiz, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
En un comunicado de prensa difundido en su portal web la CIDH informó que al momento de tomar su decisión « valoró el contexto excepcional que atraviesa el Estado de Venezuela y tomó en cuenta que los eventos de riesgo alegados se habrían producido presuntamente como resultado de las acciones realizadas por la comunidad para recibir “ayuda humanitaria” en la frontera entre Venezuela y Brasil, y debido a un presunto uso excesivo de la fuerza y la participación de grupos que los solicitantes denominan “Colectivos”.
Marina invade territorios y asesina en Apure
Wilmer Antonio Mirabal (38) fue asesinado de un disparo el 10 de abril de 2019 a manos de efectivos del Comando Fluvial de Marina, situado en el sector La Macanilla, municipio Pedro Camejo del estado Apure. Mirabal, miembro de la etnia Jivi, participaba en una protesta junto a integrantes de su comunidad, exigiendo el retiro de la presencia militar en sus territorios ancestrales. Fueron reprimidos con armas de fuego por los militares que se encontraban en la zona. Por estos hechos, fueron privados de libertad los tenientes: Edwuar Antonio Ysambertt (36) y Oswaldo Enrique Carrasco (32), y los sargentos: Roniel Francisco Velásquez (26) y Kervin José Hernández (26).
Tensiones, abusos y asesinatos en el contexto de militarización y exclusión
Desde 2013 Provea ha insistido permanentemente en los graves riesgos que conlleva la militarización de territorios y comunidades indígenas, sin previa consulta, libre e informada como dicta la Constitución y los estándares internacionales, con los pueblos afectados. Desde el año 2010, fecha en la que se produjo la militarización de los territorios indígenas Wayúu en La Guajira venezolana, se han reportado cientos de abusos que incluyen más de 19 asesinatos de indígenas Wayúu y Añú; cientos de casos de torturas y tratos crueles contra indígenas; detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales a viviendas de las localidades de Paraguaipoa y La Raya en la frontera con Colombia.
El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro, en Consejo de Ministros, promulgó el Decreto nro. 2.248 mediante el cual se creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Especial Arco Minero del Orinoco, un proyecto de megaminería que se desarrolla en la franja sur del río Orinoco entre los estados Bolívar y Amazonas, en vastas regiones habitadas por comunidades indígenas. Dicho proyecto se impuso sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas afectados y sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental. La militarización de los territorios indígenas para salvaguardar los intereses económicos de las corporaciones nacionales y transnacionales que explotan los recursos naturales en esta zona, aumentó los abusos y las tensiones entre el Estado y los pueblos originarios.
En 2017, al cumplirse un año del asesinato de la activista indígena hondureña, Berta Cáceres, Provea y la ONG Laboratorio de Paz, advirtieron que las decisiones unilaterales e impositivas, así como la violación al derecho a la demarcación, a los estudios de impacto ambiental y cultural, el acceso a la información, la actuación de buena fe, la consulta previa libre e informada y el consentimiento previo de modelos extractivos, generaron las condiciones para el asesinato de Cáceres y lamentablemente se estaban repitiendo en Venezuela. A partir de la imposición del AMO, decenas de líderes, lideresas y miembros de comunidades indígenas del estado Bolívar comenzaron a ser hostigados y coaccionados para incorporarse a este proyecto.
El despojo de territorios y las condiciones de exclusión derivadas de una situación de Emergencia Humanitaria Compleja, pone en riesgo la existencia de poblaciones en condición de vulnerabilidad como los pueblos indígenas Pemón, Warao, Wayúu y Añu, entre otros. Esa situación de desplazamiento territorial, sometimiento al hambre y desconocimiento de derechos empujo a los Waraos de Delta Amacuro a protestar en 2017, a los Pemones de Canaima a plantar cara al DGCIM en 2018 y a los Pemones de Santa Elena a exigir el ingreso de la ayuda humanitaria en 2019. Para todos ellos la respuesta fue la misma: la represión y los abusos que revictimizan a los más excluidos.
