Venezuela es el noveno país con las mayores reservas de agua dulce del mundo, solo superado por Brasil, Rusia, Canadá, China, Indonesia, Estados Unidos, Bangladesh y la India. Por los 916.445 km² de territorio nacional corren cerca de un millar de ríos y yacen importantes reservas de aguas subterráneas que generan una cantidad de recursos hídricos aprovechables, estimada en 93 millones de metros cúbicos al año.
Pese a ello, la mayoría de los venezolanos tiene sed. El agua no llega a sus casas y la calidad de la misma es más que cuestionable.
Disponer de agua, suficiente y limpia, es un derecho humano. Ello significa que deberíamos contar con un abastecimiento continuo para el uso personal y doméstico que permita la garantía de otros derechos como la salud y la alimentación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que se necesitan cerca de 50 litros de agua por persona al día para garantizar la satisfacción de las necesidades más básicas, y mantener así en un nivel bajo los riesgos de salud pública.
En una encuesta realizada por Comités populares de Derechos Humanos y Provea durante los meses de agosto y septiembre, en varias parroquias de los municipios Libertador y Sucre de la Gran Caracas, el 68,13% de las personas consultadas en la medición, dijeron no contar con el servicio de agua potable por tuberías de forma constante y, al momento de la consulta, afirmaron no contar con el servicio en sus viviendas.
El 24,22% de quienes afirmaron no contar de manera frecuente con el suministro, aseguró que los cortes se prolongan por entre 3 y 4 días, afectando con ello otros derechos como la alimentación y el derecho a la salud. En el municipio Libertador, las parroquias que reportaron más afectación fueron San Pedro y Santa Rosalia, mientras que en Sucre la más perjudicada fue La Dolorita donde los cortes se prolongan incluso por hasta 6 meses.
Para Naciones Unidas los derechos humanos al agua y el saneamiento no están separados de otros derechos humanos. La garantía del derecho al agua y el manejo eficiente de los recursos hídricos por parte de los gobiernos, tienen un impacto fundamental en la realización de los derechos a la vida, la salud, la alimentación, a la vivienda adecuada, a un ambiente sano y al derecho al trabajo, entre otros.
En cuanto a la calidad del agua recibida, el 87,26% de las personas entrevistadas dijo que la misma era de color amarillento o marrón turbio, lo que refleja los escasos esfuerzos del Estado por garantizar el saneamiento y potabilización de las aguas que llegan, también escasamente a los hogares.
Consultada recientemente por Provea, María Eugenia Gil, directora de la Fundación Aguaclara advirtió que la “mayoría de las plantas potabilizadoras estatales en Venezuela, están enviando agua ‘cruda’ sin potabilizar de donde provenga, porque la administración de Maduro no cuenta con el gas, cloro y el sulfato de aluminio necesarios para potabilizar y limpiar el líquido”, añadiendo que la calidad del agua está severamente afectada por la contaminación de los embalses nacionales. “El agua llega de un embalse como Pao Cachinche (Carabobo-Cojedes) de donde se surte Hidrocentro. Ese embalse está contaminado con aguas servidas domésticas e industriales que van directo al mismo embalse. Se recicla el agua servida y se vuelve a distribuir, afectando tuberías, tanques, toda la red de distribución”, afirmó.
La garantía del derecho al agua y el manejo eficiente de los recursos hídricos por parte de los gobiernos, tienen un impacto fundamental en la realización de otros derechos
El 47,52% de los entrevistados por los Comités Populares de Derechos Humanos en Sucre y Libertador, afirmó que algún familiar había sufrido enfermedades asociadas a la calidad del agua que reciben. En la mayoría de los casos los consultados dijeron haber padecido afecciones cutáneas (34,78%) y diarrea (32,92%). Asimismo, el constante acarreo de agua debido a su irregular suministro por tuberías, generó que 9,63% de los entrevistados padeciera afecciones cervicales.
La calidad del agua en Venezuela ha caído a niveles sórdidos. Cientos de usuarios han denunciado el hedor y el color del agua que reciben en sus casas. Según la Organización Mundial de la Salud, en Venezuela la tasa de mortalidad infantil por diarrea es seis veces mayor que hace 15 años, y de acuerdo a investigadores de la Universidad Central de Venezuela, cerca de un millón de residentes en la ciudad de Caracas están expuestos a suministros contaminados.
La escasa disponibilidad de agua y la deficiente gobernanza de la gestión de los recursos hídricos, acentúan las desigualdades y tienen un impacto significativo en las poblaciones más vulnerables y en condición de pobreza. En Venezuela la población urbana y rural está seriamente afectada por las constantes interrupciones en la prestación del servicio de agua potable por parte del Estado y, aunque las interrupciones afectan a todos los estratos socioeconómicos, el impacto de la falta de agua es más pronunciado en los más pobres, quienes carecen de medios para acceder a servicios privados de suministro de agua, instalar alternativas para la recolección en las viviendas y recurrir a mecanismos de saneamiento de la escasa cantidad de agua que reciben.
De acuerdo al Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2019, realizado por UNESCO y otras organizaciones, Venezuela se situó en el cuarto lugar entre las naciones de América Latina y El Caribe, con la mayor tasa de desigualdad en el acceso al agua entre el sector más rico y el sector más pobre de la población. Nuestro país es uno de los que menos invierte en infraestructura para el saneamiento de aguas, por debajo del 50% de los recursos necesarios para cumplir con las metas nacionales, según UNESCO.
El colapso generalizado de los servicios públicos ha creado –junto al deterioro de la economía y el ascenso de la represión- las condiciones propicias para un aumento exponencial y generalizado de la pobreza en Venezuela.
El 72,36% de las personas consultadas entre agosto y septiembre de 2020, afirmó haber realizado acciones de exigibilidad para demandar la garantía del derecho al agua, que van desde denuncias ante organismos públicos y movilizaciones de calle en diversos sectores de la ciudad. Estas demandas no han sido atendidas oportunamente por las autoridades, a pesar de que en junio de 2019 la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios del régimen de Nicolás Maduro, creo el Observatorio Nacional de los Servicios Públicos para “optimizar la atención del pueblo venezolano”, un organismo que el 98.76% de los entrevistados dijo no conocer.
Hacer frente al COVID-19… sin agua
“Dado que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital en la lucha contra el COVID-19, los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar un acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables”. La advertencia, hecha en marzo de 2020 por un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas -entre ellos el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento- fue un llamamiento a los gobiernos del mundo a garantizar el suministro de agua potable para mitigar el impacto del COVID-19.
“La lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de los 2.200 millones de personas que no tienen acceso a servicios de agua potable”, dijeron los expertos de ONU. Sus advertencias, y las recomendaciones de la OMS para frenar la curva de contagios mediante una adecuada higiene personal, lucen como una quimera en la Venezuela actual. La carencia de agua es incompatible con la dignidad humana. Si el derecho humano al agua permite la realización de otros derechos en contextos de normalidad, en medio de la pandemia del Coronavirus contar con suministros de agua continuos, suficientes y de calidad, es contar con mayores garantías para el derecho a la vida, a la salud, y a la integridad personal.
Para el grupo de expertos de Naciones Unidas, las personas en situación de pobreza estarían más propensas a infectarse con COVID-19 debido a las interrupciones en los servicios de agua potable, por lo que estarían sometidas a condiciones más severas de aislamiento que disminuirían sus capacidades para obtener alimentos y recursos para la subsistencia familiar.
Prensa Provea
