Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado rechazamos el aumento y perfeccionamiento del sistema represivo del Estado venezolano en el actual contexto pre-electoral. El patrón de persecución se ha materializado a través del socavamiento del ejercicio de derechos fundamentales, como lo son la participación política, la libertad de expresión y el derecho de asociación, lo que mantiene las restricciones, ya de larga data, sobre el espacio cívico y democrático en el país.
Solo durante el mes de agosto de 2023, 6 sindicalistas fueron condenados a 16 años de prisión tras haber sido juzgados por un tribunal con competencia en materia de terrorismo por delitos de conspiración y asociación para delinquir. Asimismo, el 15 de agosto la Sra. Yosida Vanegas, madre del Sargento Juan Carlos Monasterios quien fue juzgado y condenado por intento de magnicidio, fue detenida sin orden judicial en una alcabala y desaparecida en el estado Táchira. Según la información difundida por sus familiares en el momento, la señora Monasterios habría sido detenida en la alcabala para ser trasladada a Caracas por una Comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Por otra parte, el día 21 de agosto fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana el enfermero y dirigente José Cádiz frente a su casa, y el día 23 del mismo mes, el ancla de Globovisión Seir Contreras fue despedido tras haberse expresado y cuestionado al diputado Ramón Magallanes durante una entrevista. Delsa Solorzano, María Corina Machado y otros candidatos han recibido amenazas a su integridad física en el contexto de los recorridos en diferentes estados del país a propósito de sus precandidaturas para los próximos procesos
electorales.
El Estado venezolano continúa avanzando en represalias hacia sectores de la ciudadanía y la sociedad civil, a través de la agresión y la criminalización como forma de retaliación por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la participación en asuntos públicos. Vemos con preocupación el aumento de hechos de violencia e intimidación en la fase preelectoral que suponemos pretenden generar un efecto inhibitorio en procesos electorales venideros.
Lo anterior se suma a inhabilitaciones políticas sin sentencia definitiva, a los actos de intimidación y hostigamiento a sectores de la sociedad que procuran incentivar la participación política a través de elecciones primarias, junto con la intervención judicial de asociaciones civiles como la Cruz Roja Venezolana y partidos políticos como el Partido Comunista de Venezuela. Es esta una forma de disuadir y condicionar al electorado en Venezuela, lo que junto a los obstáculos institucionales y fácticos que se han impuesto desde el Estado, limitan un proceso electoral auténtico, ajustado a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y restringen aún más el espacio cívico en el país.
La persecución del Estado venezolano a través de la criminalización de las voces disidentes debe cesar. Es obligación del Estado, dirigir sus acciones en garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral, garantizar y respetar, sin discriminación, el ejercicio a los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y a la participación política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos.
Organizaciones que suscriben:
A.C. Mujeres de Frente
Acceso a la Justicia
AlertaVenezuela
Aquí Cabemos Todos
Asociación civil Los Naguaritos
Aula Abierta
Azul Positivo, A.C. Acción Zuliana por la Vida
Caleidoscopio Humano
CAMPO
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Centro De Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
Centro de Derechos Humanos de la UCAB
Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB
Centro de Ingenieros y Arquitectos del Estado Lara
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
Civilis Derechos Humanos
Clima21
COFAVIC
Colegio Bioanalistas del Estado Barinas
Colegio de Enfermería Acarigua Portuguesa
Colegio de Profesores de Venezuela Seccional Táchira
Comisión de la Universidad de Los Andes contra la violencia de género (ULA Mujer)
Comisión Nacional DDHH del Estado Monagas de la Federación de Colegios de
Abogados de Venezuela
Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y
Personas con Discapacidad
Coordinación Ciudadana Local Terrazas Santo Domingo. Municipio Bolívar. Edo Barinas
Creemos Alianza Ciudadana Carabobo
Creemos Alianza Ciudadana Lara
Creemos Alianza Ciudadana Libertador – Caracas
Creemos Alianza Ciudadana Nacional
Creemos Alianza Ciudadana Región Barinas
Creemos Alianza Ciudadana Táchira
Creemos Alianza Ciudadana Zulia
Creemos Alianza Ciudadana, Coordinación Regional de Mérida
Defiende Venezuela
Epikeia Derechos Humanos
Espacio Público
Expresión Libre
FRENACOZUL
Fundación Aguaclara
Fundación Iribarren Lucha
Fundación Juan German Roscio, capítulo Trujillo
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
FundaRedes
Generación Independiente (GENTE)
Humano Derecho Radio Estación
INDESA
Médicos Unidos de Venezuela
Monitor Social AC
Movimiento DECODE
Movimiento Primero Justicia
Movimiento SOMOS
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Animación Juvenil
Observatorio Venezolano de Prisiones
Odevida, Capítulo Venezuela
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
ONG Voz Ciudadana
Organización StopVIH
Padres Organizados de Venezuela
Paraíso Organizado
PROMEDEHUM
Provea
Proyecto Roscio
Radio Fe y Alegría
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)
Red de Mujeres Portuguesa
Revista Comunicación de la Fundación Centro Gumilla
Site Barinas Fetrasined
SOS Pacientes Renales
Una Ventana a la Libertad
Zona Táchira en Construcción
