El activista por los DDHH y miembro de Provea asegura que no todos los colectivos son paramilitares, pero que todas estas organizaciones sociales son presionadas para ejercer labores de «sapeo»
Desde 2013 se viene conformando un entramado jurídico, organizacional e institucional para la represión de los denominados enemigos internos, el cual ha amparado la actuación de colectivos paramilitares, que son expresión de un gobierno de facto que se ha empeñado en mantenerse en el poder a toda costa.
Así lo afirmó el activista por los DDHH Marino Alvarado, integrante de Provea, quien asegura que la paz de la que habla Nicolás Maduro consiste en ejercer violencia contra el pueblo.
En el documento Andamiaje jurídico del paramilitarismo en Venezuela, Alvarado sostiene que, a través de un conjunto de decretos e instrumentos legales, el Gobierno ha propiciado que sectores de la Fuerza Armada y de la población puedan actuar contra opositores, disidentes y cualquiera que proteste o reclame derechos, contraviniendo las disposiciones a favor de los DDHH de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por la nación.
Se trata de “un accionar desde el Estado forzando o motivando a sectores de la población para que actúen contra otro sector de la población, sustentado en la doctrina de la seguridad nacional y la filosofía de la existencia de un enemigo interno al cual hay que vigilar, neutralizar y aniquilar”, expresó Alvarado, quien argumenta que todo esto es una expresión de un gobierno de facto que se ha empeñado en mantenerse en el poder a toda costa, produciendo día tras día, más persecución, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas y asesinatos.
Entre los instrumentos legales que cita Alvarado figuran la más reciente reforma a la Ley de Seguridad de la Nación, “que tuvo como propósito fundamental dar base jurídica a lo que ya por la vía de los hechos realizaba el gobierno desde la época de Hugo Chávez: usar las organizaciones sociales para labores de inteligencia y fortalecer los colectivos paramilitares para que ayudaran a la represión contra las protestas y para enfrentar la disidencia”.
Destaca de esa reforma el artículo 59, que otorga al “pueblo organizado” labores de seguridad que por la Constitución le corresponden a las policías y labores de preservación de la soberanía que le corresponden esencialmente a la Fuerza Armada.
Añadió que en enero 2017 “Nicolás Maduro fue más explícito en el propósito de esas labores de vigilancia. Al exponer el denominado Plan Patria Segura indicó: ‘Esta batalla se gana con la inteligencia popular, he designado al mayor general (Gustavo) González López como jefe coordinador general del SP3, que es el sistema de inteligencia popular (…), el SP3, como sistema de inteligencia del pueblo, contará con la participación de Patriotas Cooperantes (…) tiene ya por miles, a nivel de todo el país, Patriotas Cooperantes para adelantarse con información a las amenazas, para identificar las bandas criminales paramilitarizadas y las bandas de homicidas y sicarios’”
Asegura Alvarado que, con sustento en ese andamiaje jurídico inconstitucional, “Maduro y su cúpula han promovido, organizado, financiado y armado a colectivos paramilitares. De la misma manera han capacitado a confidentes conocidos como ‘sapos’ por la población para que informen sobre las actividades de vecinos o compañeros de trabajo que sean opositores de manera abierta o sospechen que puedan apoyar la disidencia. Esos ‘sapos’ llamados patriotas cooperantes han sido usados como testigos anónimos en procesos judiciales.
Agrega que los colectivos paramilitares, por su parte, han actuado de manera coordinada con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Contrainteligencia en la represión a protestas de sectores variados de la sociedad o usados para agredir a dirigentes opositores. “Su actuación violenta es alentada por Maduro y otros altos funcionarios del Estado”, acotó.
Aclaró que no todos los colectivos son grupos paramilitares como tampoco lo son otras organizaciones del llamado Poder Popular, pero señaló que todas son presionadas y muchas de ellas entrenadas para realizar labores de inteligencia, de “sapeo” contra sus vecinos o contra compañeros de trabajo o estudio. “El gobierno se ha propuesto crear una red de inteligencia que pase información a los cuerpos represivos para que realicen allanamientos y detenciones”.
Alvarado insiste en que los colectivos paramilitares actúan como grupos de choque: “Algunos de ellos exhibiendo y disparando armas largas contra los manifestantes. Son responsables de un número importante de personas asesinadas en el contexto de manifestaciones”.
Destacó finalmente que Maduro y otros funcionarios, entre ellos Diosdado Cabello, Freddy Bernal, Néstor Reverol alientan la actuación de los grupos paramilitares, lo que los hace responsables como integrantes de la cadena de mando junto con los dirigentes de tales grupos.
El documento «Andamiaje jurídico para promover y fortalecer el paramilitarismo en Venezuela» puede ser consultado en: https://provea.org/informes-especiales/el-andamiaje-juridico-con-el-que-se-promueve-y-consolida-el-paramilitarismo-en-venezuela-un-sistema-para-ejercer-violencia-contra-el-pueblo
