Provea lamenta que en apenas poco más de quince días de protestas en el país se hayan producido al menos 3 muertes confirmadas en el contexto de las manifestaciones y más de 200 personas heridas según el registro levantado por ONG y organizaciones políticas. Se trata de los ciudadanos Jairo Johan Ortíz; Daniel Queliz y Miguel Ángel Colmenares, esté último asesinado en circunstancias aún no aclaradas la noche de este martes, en el contexto de una manifestación en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.
En dos de las muertes ocurridas, esta comprobada la actuación de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del estado Carabobo. El pasado 6 de abril resultó asesinado el estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO), Jairo Johan Ortíz (19) en el marco de una manifestación realizada en el municipio Carrizal del estado Miranda. Ortíz recibió un disparo en el tórax que le ocasionó la muerte. A solicitud del Ministerio Público, el oficial de la Policía Nacional Bolivariana Rohenluis Leonel Mata Rojas, fue privado de libertad por su presunta responsabilidad en la muerte del estudiante.
Este miércoles 12 de abril el gobernador del estado Carabobo Francisco Ameliach, admitió a través de su cuenta twitter que el arma que produjo la muerte del joven Daniel Queliz (19), quien recibió un impacto de bala en el cuello mientras participaba en una manifestación realizada en la urbanización Los Parques de Valencia, el pasado 10 de abril, pertenece a un oficial de la Policía de Carabobo. “Queliz falleció por impacto de bala de un arma asignada a un policía de Carabobo, quien será puesto a la orden del Ministerio Público”, informó el mandatario regional.
Este, martes 11 de abril el Ministerio Público informó en su portal web que había comisionado a los fiscales 34° Nacional, 35º y 28º del estado Carabobo, para investigar la muerte de Queliz. El Ministerio Público detalló que los fiscales coordinan las actuaciones que realizan funcionarios de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, así como del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes.
En opinión de Provea ambas muertes son consecuencia del recurrente patrón de uso excesivo de la fuerza para la gestión de manifestaciones públicas por parte de policías y militares; de la ausencia de controles efectivos para regular la actuación de los agentes de la fuerza pública en labores de control del orden público; ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas por parte de los mandos de policías y militares durante la gestión de manifestaciones; y un abierto aliento a la represión por parte de altos funcionarios del Estado venezolano, al calificar anticipadamente como violentas todas las manifestaciones convocadas por el retorno a la democracia en el país, insistir en la territorialización de los conflictos mediante la proliferación de zonas de exclusión y obstáculos indebidos a la manifestación pacífica y el reforzamiento de la lógica del enemigo interno mediante la estigmatización y criminalización de manifestantes pacíficos y activistas sociales y políticos.
Las “Normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones” dictada mediante la Gaceta Oficial Nro. 40.859 de abril de 2011 regulan la actuación de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el control de manifestaciones públicas, estableciendo que en todo momento estos deben actuar apegados a los principios de uso proporcional y diferenciado de la fuerza. En su artículo 21.9 prohíbe expresamente el porte de armas de fuego por parte de los funcionarios policiales en el marco de actuación durante el desarrollo de una reunión pública o manifestación pacífica. Asimismo la resolución establece que previo al desarrollo de la manifestación los funcionarios responsables de dirigir las operaciones deben enfatizar a los agentes que participarán en el control de la misma, sobre las disposiciones relativas al uso progresivo y diferenciado de la fuerza, basada en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y mediante la utilización de la escala progresiva en función de la resistencia y oposición de las personas y no como producto de la predisposición del funcionario o funcionaria policial. En este último aspecto, los funcionarios policiales no pueden alegar que fueron atacados con piedras para intentar justificar o atenuar su responsabilidad en la acción que produjo la muerte de Jairo Johan Ortíz y Daniel Queliz.
Desde abril de 2013 hasta el presente ha sido reiterado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. La respuesta del Estado venezolano a la conflictividad social es una demostración constante de autoritarismo, que ahora se ve atizada por la inconstitucional declaratoria de Estado de Excepción en mayo de 2016 y la ruptura del orden constitucional mediante la suspensión del derecho al sufragio, la proscripción del derecho a la manifestación y reunión pacíficas y el arrebato a la institucionalidad democrática ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia. No se han desarrollado políticas integrales orientadas a formar a los funcionarios para que estos actúen de acuerdo a los principios sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza y por el contrarío se han revertido avances en la materia mediante el aliento brindado a la represión y la permanente criminalización y descalificación de quienes ejercen su derecho a la manifestación pacífica.
El Ministerio Público debe sancionar oportunamente a todos los responsables de estas y otras violaciones de derechos humanos. Insistimos en que no sólo los autores materiales de abusos contra los derechos humanos deben ser investigados y sancionados, los mandos policiales y militares involucrados en estos abusos deben ser destituidos y puestos a la orden de una investigación oportuna y transparente conducida por el Ministerio Público. La impunidad no puede seguir siendo el principal cómplice de los atropellos contra los derechos de los venezolanos.
Prensa Provea
