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El pasado 19 de abril Nicolás Maduro arribó a su quinto año al frente de la primera magistratura nacional. Maduro llegó a la presidencia afirmando que sería el primer presidente “obrero” de la historia venezolana. Al igual que Hugo Chávez criticó el modelo económico neoliberal y condenó el papel que las transnacionales y las corporaciones financieras, han tenido en el sojuzgamiento de los países y los pueblos pobres y en vías de desarrollo.

Maduro, hoy devenido en dictador, prometió la construcción de un modelo económico basado en la justicia y la igualdad. Una mentira tras otra, Nicolás Maduro se convirtió en lo que Provea advirtió desde el primer día, un verdadero presidente antiobrero. Su dictadura no sólo viola abiertamente los derechos a la libertad personal; a la vida y a la integridad personal, cometiendo asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias mediante operativos de seguridad ciudadana como el OLP o en el contexto de manifestaciones, sino que además impone un modelo económico que genera más exclusión y empobrecimiento, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población.

En 5 años de gestión, Maduro extinguió, debido al irresponsable manejo de las finanzas públicas y la represión generalizada, la posibilidad de consolidar un entorno favorable para luchar contra la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia.

Sin democracia, no hay derechos humanos, y en tanto los ciudadanos estén sometidos a severas restricciones para el ejercicio de sus derechos a la información, expresión, asociación, sindicación, manifestación, entre otros; los derechos económicos, sociales y culturales estarán en riesgo y su garantía será una incertidumbre.

Maduro, una fábrica de pobreza

En enero de este año, durante la presentación anual de su Memoria y Cuenta ante la inconstitucional asamblea nacional constituyente, el presidente de la República Nicolás Maduro, afirmó que la pobreza en Venezuela se ubica actualmente en 18.1%, mientras que la pobreza extrema se situó en 4,4% para el cierre de 2017 según el primer mandatario.

El presidente Nicolás Maduro volvió a mentirle al país en temas referidos a pobreza. En enero de 2014 Maduro también había mentido al país en este aspecto, cuando afirmó en cadena nacional que la pobreza extrema había bajado a 5.5% cuando en realidad había aumentado a 8,8% lo cual significaba que 189.086 hogares pasaron a vivir en situación de pobreza extrema en el período enero diciembre de 2013. 

En julio de 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó su último balance público oficial sobre hogares en situación de pobreza por Línea de Ingreso (LI) correspondiente al primer semestre de 2015, en el que admitió un nuevo incremento de la pobreza en Venezuela que, según el dato oficial situaba en 33,1% el porcentaje de hogares pobres para el primer semestre de 2015.

Para entonces 2.434.035 hogares venezolanos se encontraban en situación de pobreza según la información suministrada por el INE, cuyo reporte se publicó con año y medio de retraso. De acuerdo a la data oficial, entre enero de 2013 y junio de 2015, 950.771 hogares ingresaron a la línea de pobreza por ingreso. Aunque el INE suprimió de su portal web la información referida al número de personas en situación de pobreza, esta cifra indicaba que en promedio 12.170.175 venezolanos se encontraban en condición de pobreza hasta el primer semestre del 2015, esto abarcaría al 39,7% de la población. En promedio, 4.791.917 venezolanos pasaron a ser pobres en los primeros 2 años y medio de gestión de Nicolás Maduro. Una verdadera fábrica de pobreza.

En los primeros dos años y medio de gestión de Nicolás Maduro el porcentaje de hogares en condición de pobreza ascendió de 21,2% en enero de 2013 a 33,1% en junio de 2015, un incremento de 11,9%. Mientras en el número de personas pobres el repunte se situó en 64,94% al pasar de 7.378.258 personas en situación de pobreza para diciembre de 2012 a un promedio de 12.170.175 personas pobres en junio de 2015.

Para febrero de 2018, el 87% de los hogares venezolanos se encontraban en situación de pobreza según los resultados divulgados por la Encuesta Sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) 2017, un proyecto desarrollado desde el año 2014 por un equipo multidisciplinario de alto nivel perteneciente a tres de las universidades más importantes del país: la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Según la investigación el contexto hiperinflacionario ha generado que la pobreza por línea de ingreso haya alcanzado al 87% de los hogares, “todos los hogares venezolanos están por debajo de una línea de pobreza inalcanzable”. El reporte indicó que al no estar indizados los salarios “la escalada inflacionaria nos empobrece a todos, con lo cual este método de medición ya no segmenta a la población. No da cuenta del fenómeno”.

En la encuesta se destaca que el 61,7% de los hogares se encuentran en condición de pobreza, un indicador que para 2014 se situaba en 23,6%, pasando a 49,9% en 2015 y a 51,5% en 2016, un crecimiento acelerado en apenas 4 años debido principalmente a la caída del ingreso producto de la crisis económica. La primera ENCOVI, realizada en 2014, había registrado para ese período un índice de pobreza general por línea de ingreso de 48,4% frente a un 51,6% de hogares declarados como no pobres en ese entonces. Cuatro años después el estudio conjunto refleja que estos indicadores se han invertido, toda vez que la pobreza general se sitúa en 87% y la cifra de hogares no pobres es de apenas 13%.

La dictadura de Nicolás Maduro destruyó las capacidades productivas del país, generando una mayor dependencia de las importaciones y favoreciendo una enorme red de corrupción asociada al hecho alimentario. En 2016 y 2017 se consolidó el control del sistema alimentario nacional como estrategia y política de Estado. Todas las funciones alimentarias del país están bajo control militar. En 2017, la inflación anual que cerró en 2.616% según la Asamblea Nacional, pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores y acabó con la independencia alimentaria de las familias más pobres, hasta el punto que más del 80% de la población es incapaz de satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación, el hambre empujó a muchas personas a los basureros, mientras que el daño sobre el estado nutricional de niños y adultos es evidente.

 

Frente a esta situación, la dictadura ha negado reiteradamente la existencia de una emergencia humanitaria compleja y la profunda crisis en alimentación y salud, cerrando con ello las posibilidades para que se activen los mecanismos de cooperación internacional que coadyuven a solucionar la grave crisis y el severo daño nutricional a la población en mayor situación de vulnerabilidad. Por el contrario, las escasas medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia alimentaria, han estado dirigidas a consolidar los mecanismos de control social de la población como los excluyentes e inconstitucionales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y el Carnet de la Patria, que condicionan el acceso a los alimentos, viviendas, medicinas, entre otros derechos, a la identificación con el partido oficial o las estructuras vinculadas al proyecto político bolivariano.

La dictadura somete a los más pobres a una permanente situación de angustia e incertidumbre. Venezuela ha entrado en un período de hiperinflación y acelerada caída de la economía que aumentará aún más los niveles de pobreza, escasez de alimentos y medicinas, y deterioro generalizado de los servicios públicos. Las acciones y omisiones del gobierno de Nicolás Maduro ante la crisis han puesto al país al borde de un abismo en materia social.

La erosión de los derechos sociales de los venezolanos y la desesperación de millones de familias atizan un estallido social cuyas consecuencias para los derechos humanos serían impredecibles, debido al claro y abierto aliento a la comisión de abusos brindado por los voceros gubernamentales a los agentes de la fuerza pública, y al patrón sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos contra la población ejercido por las fuerzas de seguridad del Estado en el más reciente ciclo de protestas.


Prensa Provea