La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció el día de ayer desde la sede del Ministerio Público (MP), invitando a hacer un llamado a la reflexión a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), como instrumento jurídico y considerándola como un pacto social, donde se encuentran todas las normas que se deben aplicar a los venezolanos.
«Es obligatorio el sometimiento a la Constitución, en ella se establece como debernos regirnos como sociedad, sin embargo lo que vivimos en el país es una violación constante a la Constitución de la República. Lo quiero decir en alta, clara e inteligible voz, y ha traído el caos, la anarquía y el irrespeto de los venezolanos.» declaró la fiscal.
Díaz advirtió sobre la cantidad de venezolanos que se están yendo del país en una especie de «destierro voluntario», tras las condiciones de zozobra ante la violación del pacto social en la Constitución. Señaló la existencia de graves injusticias contra las personas detenidas, destaca la detención de disidentes políticos a partir de un «capricho del poder», sin ninguna fórmula procesal tal como sucedió con el Doctor Ángel Zerpa, en donde se desconocen las condiciones en que se encuentra recluido.
«Esta Constitución dice que el Estado debe garantizar el debido proceso. Ha sido imposible que sus familiares, sus abogados y el propio Ministerio Público tengan acceso a él, violándole toda la Constitución.» Leyó el artículo 44, respecto a los derechos de las personas detenidas y el debido proceso que debe aplicarse a los mismas.
Detenciones arbitrarias van en contra el debido proceso
También criticó las recientes acciones del TSJ, categorizándolo como el «principal usurpador de funciones de Venezuela», denunciando que la institución ha asumido funciones de la Asamblea Nacional y del Ministerio Público. «Ustedes magistrados son los principales precursores del funcionamiento de instituciones paralelas con una vicefiscalía ilegal, un apéndice del poder judicial. Ustedes son los que han provocado esta situación.»
Destacó que el caso del doctor Zerpa no es el único caso de un ciudadano detenido que se le niegan sus derechos, mencionó entre otros a Wilmer Azuaje y a miles de ciudadanos que se les niegan sus derechos, tratados como «despojos humanos».
«El poder no se puede sumir para perseguir al pueblo o para asumir la disidencia, eso está muy lejos de lo que algún momento de nuestra historia reciente marcó el rumbo de nuestras luchas populares, advierto al mundo, a Venezuela también, que se están violando los derechos humanos, se está jugando con la dignidad de las personas, se les somete a las más crueles condiciones de reclusión.», denunció Díaz.
Citó el art.285 recordándole al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien es el competente para la investigación penal y en el sistema acusatorio tiene que ser un organismo solamente el tiular de la acción penal, para tener la seguridad jurídica, denunció que el Tribunal Supremo de Justicia ha repartido la competencia del Ministerio Público a diferentes ciudadanos en varias oportunidades.
«No se puede seguir administrando el país como si se tratara de un objeto personal, como si fuera una herencia. Venezuela se encuentra en un peligroso y oscuro momento, de ruptura de las normas básicas. En nuestras calles no hay paz, hay miedo, zozobra, represión, escasez de medicinas, hambre. Se pretende imponer la violencia política extrema como forma de resolver los problemas.» dijo la fiscal
Constituyente amenaza garantias democráticas
Díaz expuso grosso modo que la Constituyente dejaría sin efecto a la Constitución vigente, citando el art.347 respecto al debido proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, «Si hay una Constituyente, es que se va a redactar una nueva Constitución. Esto es una advertencia, una forma de justificar los atropellos, los allanamientos sin orden judicial, cárcel para todo el mundo, aquí se amenaza a las personas para que vayan a votar por la Constituyente».
Mmencionó la existencia de 96 casos donde ciudadanos han denunciado ser objeto de coerción laboral, obligando a asistir a votar el próximo domingo.
«Hacen firmar a las personas un compromiso, le tapan la parte de arriba y los amenazan con perder sus CLAP, carnet de la patria, sus casas y sus trabajos si no votan. Aquí tenemos 96 denuncias, de personas, funcionarios públicos que han sido amenazados que tienen a votar por la Constituyente.» señaló Díaz
Anunció que el Ministerio Público recibirá denuncias de este tipo de amenazas y las contabilizará debidamente, tal como han venido haciendo desde el pasado viernes.
«Ante las irregularidades que se impulsan desde el poder político, quiero que sepan que estoy resteada con ustedes pueblo de Venezuela», llamó a la conciencia ciudadana y pidió que la acompañen a exigir justicia a la Constitución y que se repete el máximo legado.
Cruzada institucional comenzó en Marzo
En una entrevista publicada por El Nacional, la Fiscal General aseguró que la ruptura institucional comenzó en marzo de este año, en la misma comenta sobre las intenciones de Nicolás Maduro tras insistir sobre la Constituyente y lo fraudulento del proceso.
Prensa Provea
