Durante las protestas realizadas en Venezuela entre los meses de febrero y junio de 2014, las organizaciones de derechos humanos comenzamos a registrar un nuevo patrón de abusos que se sumaba al repertorio represivo de las autoridades para contener la conflictividad social: los sistemáticos y generalizados ataques contra zonas residenciales en las que se desarrollaban manifestaciones. Dichos ataques, que de acuerdo al registro de nueve ONG plasmado en el Informe: Protestas y Derechos Humanos superaron los 200 casos, tenían un denominador común: allanamientos ilegales; destrucción de propiedad privada; injerencias arbitrarias e ilegales en la vida del núcleo familiar; hurtos y robos generalizados; detenciones arbitrarias; amenazas, entre otros. En todos los casos el objetivo de los agentes de la fuerza pública era castigar e intimidar a los residentes para que estos dejaran de protestar. En ninguno de los casos las autoridades presentaron ordenes de allanamientos dictadas por un Juez y menos aún se contó con la participación de fiscales del Ministerio Público.
A pesar que el artículo 47 de la Constitución Nacional consagra el derecho a la inviolabilidad del hogar, los allanamientos ilegales siempre han sido una figura empleada por agentes de la fuerza pública, sobre todo en el marco de operativos de seguridad ciudadana, para intimidar y cometer abusos contra familias y habitantes especialmente de comunidades pobres. La justificación ha variado de acuerdo al discurso oficial imperante, en los 90` se allanaban viviendas de luchadores populares con la excusa de la lucha contra la insurgencia y la subversión, en la actualidad las justificaciones van desde la lucha contra la “delincuencia paramilitar” hasta el combate a la “derecha terrorista”. Entre 1997 y 2015 Provea contabilizó un total de 18.317 allanamientos ilegales en todo el país, el mayor número de casos se registró entre los meses de julio y diciembre de 2015 durante la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), con un total de 17.215 viviendas allanadas ilegalmente en comunidades populares, cuyos habitantes sufrieron abusos similares a los sufridos por los manifestantes de 2014, por esa razón no dudamos en advertir, desde el primer día del OLP, que con dicha medida se estaban repitiendo los patrones de abusos registrados en las protestas de 2014 y que se daba inicio a un proceso de represión generalizada contra todo el pueblo.
Lo ocurrido a inicios de esta semana en las residencias «El Paraíso» en Caracas, conocidas como “Los Verdes”, es una demostración de esta generalización de la represión y la “democratización” de los abusos de la OLP. Lo novedoso es que se emplean con más fuerza y sin pudor alguno estrategias propias de terrorismo de Estado, para infundir temor y angustia entre los residentes de las urbanizaciones y residencias afectadas, con el claro objetivo de que se inhiban de manifestar su rechazo al gobierno. Estás prácticas constituyen injerencias indebidas en la intimidad del núcleo familiar y adicionalmente al severo daño que generan en los bienes y propiedad de las familias, impactan dramáticamente en la vida de los afectados debido a las repercusiones psicológicas que dejan, sobre todo en niños, mujeres y adultos mayores.
El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por Venezuela, consagra el derecho de toda persona a ser protegida respecto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, así como de ataques ilegales a su honra y reputación. Por su parte en la Observación General Nro. 16 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha dicho que este derecho “debe estar garantizado respecto de todas esas injerencias y ataques, provengan de las autoridades estatales o de personas físicas o jurídicas”. En el actual ciclo de protestas, ha sido ampliamente documentada la participación de agentes de la fuerza pública en coordinación con agrupaciones paramilitares atacando zonas residenciales y practicando allanamientos ilegales a viviendas. Un vídeo grabado el pasado sábado en La Candelaria, en Caracas, muestra a civiles armados junto a efectivos de la GNB, disparando cohetones contra edificios residenciales.
En sus sentencias sobre el Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia del 01 de julio de 2006, y por el caso Familia Barrios vs. Venezuela del 24 de noviembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) estableció que la “protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio implica el reconocimiento de que existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las invasiones o injerencias abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada y familiar se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada y la vida familiar”.
Lo ocurrido en “Los Verdes” es una clara demostración de la institucionalización del terrorismo de Estado para atemorizar a toda la población. Provea invita a todas las personas afectadas por estas situaciones a documentar y difundir estos abusos, denunciarlos ante las autoridades del Ministerio Público y buscar apoyo en las distintas organizaciones de Derechos Humanos del país. Asimismo, convocamos a los afectados a organizar comités y agrupaciones de víctimas para, a través de la acción popular, hacer frente a las amenazas y exigir justicia y sanción para los responsables.
Prensa Provea
