Conatel ha cerrado 50 emisoras y canales de televisión en 2017. Cinco canales extranjeros han salido del espectro venezolano por decisión del gobierno nacional
- El espectro radioeléctrico en Venezuela se encuentra en una situación de inseguridad jurídica, pues a las emisoras y los canales de TV se les niega la renovación de la concesión, aun cuando cumplen con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ente regulador en el país. El gobierno de Nicolás Maduro utiliza esta situación para chantajear a los medios y torcer su línea editorial para alinearla con la oficial.
- Durante 86 días de protestas ciudadanas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cerró 23 medios radioeléctricos y una televisora en cuatro estados del país. La actuación de los funcionarios fiscalizadores ocurrió sin transparencia ni respeto al debido proceso. A lo largo del 2017, Conatel ha cerrado un total de 41 emisoras comerciales y comunitarias, y una televisora pública. Las sanciones administrativas han afectado el derecho de los ciudadanos a saber y a estar informados en siete estados del país: Falcón (11), Monagas (9), Yaracuy (7), Barinas (6), Cojedes (6), Nueva Esparta (2), Mérida (1).
- Con el cierre de 11 emisoras en el estado Falcón, al menos la mitad de las emisoras apagaron sus transmisores. La Cartografía de medios de IPYS Venezuela registraba 22 emisoras antes de la actuación de Conatel, por lo que el estado se queda sin la mitad de su ecosistema radial. En Barinas, tras el cierre, quedarían 12 emisoras. Monagas descendió de 33 emisoras a 18. Yaracuy pasó de tener 16 diales a quedarse con 11, Cojedes de 16 se quedó con 10, y Nueva Esparta pasa de 33 a 31. El cierre de 41 emisoras y una televisora es inédito, sólo comparable con el cierre de 32 emisoras durante el 2009, cuando Diosdado Cabello presidía la institución.
- El 14 de junio de 2017 Conatel cerró, luego de una inspección de más de 12 horas, el canal universitario ULATV, medio institucional con cobertura regional de la universidad pública de Los Andes. Conatel alegó que el medio, con más de 20 años al aire, violó la ley de telecomunicaciones al no presentar la documentación requerida. La directiva de ULATV sostiene que los documentos demandados por Conatel han sido solicitados en reiteradas ocasiones al ente público sin recibir respuesta alguna. La actuación administrativa y burocrática castigó con el cierre a ULATV, canal que se mantenía cubriendo las manifestaciones en la entidad, transmitiendo avances y discutiendo en espacios de opinión la situación sociopolítica del país.
- En Mérida quedó en funcionamiento únicamente la Televisora Andina de Mérida, tras la salida de ULATV.
- La política de regulación en materia de radiodifusión de Conatel desconoció la sugerencia hecha por la CIDH, orientada a “remover todas las restricciones desproporcionadas o discriminatorias que impiden que los operadores de radio y televisión, en todas las modalidades, puedan cumplir cabalmente con la misión comercial, social o pública que tienen asignada”. Por el contrario, la actuación restrictiva se ha superado en los últimos meses.
- Durante 2017 Conatel sacó de las parrillas de televisión por suscripción los canales de noticias CNN en Español (EEUU), El Tiempo de Colombia, Todo Noticias (Argentina), RCN (Colombia) y Caracol (Colombia.
- Con las dos emisoras cerradas en Caracas (92.9 FM y 99.1 FM) el número de emisoras y canales de TV cerrados en 2017 asciende a 50.
- En 2016, tres estaciones de radio y televisión cerraron de manera forzada por orden de Conatel. También aplicó tres sanciones y tres incautaciones de equipos; emitió una orden de censura de contenidos en TV, y mandó a suspender un programa de televisión de manera arbitraria. Con ello se vieron afectados 10 medios radioeléctricos, la mayoría de ellos de alcance regional y local.
- Esto se debe al hecho de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones suma haberes sancionatorios por las acciones discrecionales, que ha tomado para condicionar las libertades informativas y de opinión.
- Entre enero de 2005 y septiembre de 2016, Conatel acumuló 56 casos de violaciones a la libertad de expresión, que desencadenaron 129 acciones de investigaciones, multas, cierres, incautaciones de equipos y medidas de censura en los medios tradicionales, y en las plataformas digitales.
- En 12 años, desde la entrada en vigencia del 2005 de la Ley Resorte-me, las medidas administrativas y las sanciones de Conatel suman 92 cierres de estaciones televisivas y radiales en el país, en medio de un contexto de desinversión en el sector y de restricciones políticas, técnicas y de seguridad que afectan el desarrollo de medios y contenidos para el entorno radioeléctricos.
- Más de 90% de estas 92 decisiones han sido tomadas por directores que han tenido una militancia activa en el Partido Socialista Unido de Venezuela y han forzado un giro en el ecosistema de medios radioeléctricos en el país. Las ventanas para la denuncia y la crítica fueron desapareciendo por las órdenes estatales hasta lograr establecer un sistema atemorizado y cauteloso, que esquiva las coberturas noticiosas y de interés público, para evitar sanciones de Conatel.
- En paralelo se construye un sistema que privilegia el secretismo como política de Estado. Las órdenes para impedir de hecho el acceso a la información pública a periodistas, la no publicación de estadísticas oficiales y la negativa de las autoridades a rendir cuentas o declarar sobre asuntos de interés público dificultan la recolección de datos e información a periodistas y ciudadanos, viola principios de la gestión pública y la democracia, y promueve la existencia de rumores e incertidumbre informativa.
- En 2015, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había hecho su llamado de alerta ante el seguimiento excesivo que hace Conatel a los medios de comunicación. De igual forma, en el EPU Venezuela, el Alto Comisionado para los DDHH reflejó preocupaciones sobre el control restrictivo de los medios de comunicación y la discrecionalidad del marco normativo y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, exigiendo al Estado adaptar sus leyes internas sobre la materia a los estándares internacionales, para la existencia de medios radioeléctricos independientes, plurales y diversos.
- Ante el panorama restrictivo que impulsa el Estado en clara oposición a las recomendaciones y compromisos adoptados en el ámbito internacional, IPYS Venezuela recomienda:
- Establecer un mecanismo de control y seguimiento a los compromisos adoptados por el Estado en los foros internacionales en materia de libertad de expresión, que permita medir las condiciones y garantías al ejercicio de la libertad en el país.
- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones debe realizar un trabajo técnico y profesional independiente, apegado a los principios y estándares internacionales sobre libertad de expresión y la progresividad de derechos humanos.
- Conatel debe abstenerse de continuar emitiendo sanciones discriminatorias y regresivas del derecho humano a la libertad de expresión y acceso a la información.
- Exhortar a las autoridades competentes a garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de las emisoras de radio.
- Reivindicar el derecho que tienen los radiodifusores privados afiliados a la Cámara de Radio a solicitar y obtener la renovación de sus concesiones con apego a las leyes.
Relatores Edison Lanza y David Kaye advierten sobre la obligación del Estado de renovar las concesiones
“Asimismo, estamos preocupados por el alto número de estaciones de radio que estarían operando bajo concesiones caducadas debido a que sus solicitudes de renovación de concesión permanecen ignoradas por períodos excesivos”, expresó Kaye.
“Las normas internacionales son claras en este asunto: precisamente para evitar abusos, los procesos para la concesión de licencias de radiodifusión deben ser razonables, objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios”.
Los relatores expresaron gran preocupación acerca del cierre de la emisora La Barinesa el 10 de junio, presuntamente debido a que su licencia habría caducado. “La adopción de medidas extremas, como el cierre de una estación de radio, debe estar basada en fundamentos sólidos y únicamente utilizados como último recurso,” señaló Edison Lanza.
Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
