Sindicatos y gremios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se concentraron la mañana de este lunes en el Arco Tamanaco de esa casa de estudios, para realizar una asamblea intergremial, con el propósito de acordar acciones en rechazo a lo que califican de «imposición salarial (por parte del Ejecutivo venezolano), que viola la Constitución y desconoce las conquistas sociales del sector».
La actividad, convocada por la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV (Sinatra-UCV) y la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la UCV (APUFAT), entre otros, contó con una nutrida participación de trabajadores, docentes y activistas sociales, quienes -a lo largo del desarrollo de la movilización-, insistieron en la necesidad de construir y consolidar un plan de luchas unitario en defensa del salario y las conquistas de los trabajadores.
«A partir de hoy, no hay otra alternativa que la unidad. La unidad para acabar con la esclavitud moderna que pretenden imponernos», aseguró Fidel Jaramillo, Secretario de Organización de la APUFAT, quien además denunció que el gobierno de Maduro aprobó un «nuevo e insuficiente salario para los universitarios, de espaldas a los legítimos representantes del sector«.
Un «aumento» regresivo
El pasado 16 de marzo, se publicó en Gaceta Oficial el aumento del salario mínimo nacional por un monto de 130 bolívares (30,23 USD a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela), y del bono de alimentación por un monto de 45 bolívares, para un total de 175 bolívares (equivalentes a 40,7 USD), es decir 1,3 dólares diarios.
El sector universitario fue notificado el 22 de marzo de la aprobación de un nuevo instructivo denominado “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Publica, Convenciones Colectiva, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”, mediante el cual se violan las interescalas del tabulador salarial provocando su aplanamiento y el desconocimiento de los beneficios socioeconómicos contemplados en la aún vigente Convención Colectiva Única del Sector Universitario.
Como ejemplo de ello, un profesor universitario con la categoría Titular (el escalafón más alto de la escala docente) debería percibir un ingreso mensual -ajustado al nuevo aumento del salario mínimo y a la Convención Colectiva del sector- de 854,78 bolívares.
Pero, bajo el mandato del instructivo impuesto por el Ejecutivo, su salario mensual será apenas de 522,16 bolívares, un 39% menos.
«Se menoscabó en casi 50% lo que nos correspondía por aumento en cada una de nuestras tablas y se violentaron todos los acuerdos laborales preexistentes. Todas las primas acordadas en nuestro contrato colectivo fueron reducidas y algunas desaparecidas», dijo a Provea el profesor Gregorio Afonso, Secretario de Asuntos Académicos de la APUCV.
Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra-UCV, calificó como un «robo» la imposición del nuevo esquema de tablas salariales impuestas por el gobierno nacional al sector universitario. «¿No entendemos cuál es el empeño que tiene el gobierno en tratar de unificar los salarios de todo el mundo?, ¿por qué Maduro y los ministros no tratan de vivir con el salario mínimo nacional que tenemos los trabajadores?, ¿por qué irrespetan los contratos colectivos y quieren llevarnos a convertir el país en una maquila donde se trabaje sin derechos, sin sindicatos y sin contratos colectivos?» .
Del verbo a la acción
Avanzada la jornada, los asistentes a la asamblea intergremial decidieron tomar el puente Salvador Allende -que comunica la UCV con Plaza Venezuela- y ante la escasa presencia policial-, la actividad se desarrolló de forma pacífica.
Los insistentes llamados a la unidad, fueron reforzados por las intervenciones que apuntaron a la necesidad de trazar una ruta de acción y movilización.
Víctor Márquez, presidente de la APUCV insistió en que hay que pasar del «verbo a la acción». En su opinión, «están dados los requisitos establecidos en la Constitución, para convocar a la huelga de todo el sector universitario».
Pero, por ahora -en un nuevo capítulo de la acostumbrada lucha contra los abusos del gobierno- los universitarios tienen una hoja de ruta clara que los conducirá a tomar las calles en los próximos días.
El miércoles 30 la intergremial universitaria tomará la sede de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) en el centro de Caracas, para entregar un documento rechazando las desmejoras salariales y exigiendo el establecimiento de mecanismos de diálogo entre el Ejecutivo y los legítimos representantes de los docentes y trabajadores universitarios.
Luego, el miércoles 06 de abril, realizarán una movilización junto a trabajadores de diversos sectores de la administración pública, hacía las sedes de las inspectorías del trabajo a nivel nacional.
Un preámbulo -de lo que anuncian-, será un primero de mayo para pasar del verbo a la acción.
Prensa Provea
