El año 2022 está signado por la activación simultánea de diversos mecanismos internacionales de control para Venezuela.
Entre ellos, la apertura de la investigación sobre la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), el Sistema Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus mecanismos como la Misión de Determinación de los Hechos (MDH) y su opción de renovación; la Alta Comisionada de Naciones Unidad para los Derechos Humanos (ACNUDH), el tercer ciclo evaluativo del Examen Periódico Universal (EPU), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Mecanismo de Seguimiento para Venezuela del Sistema Interamericano (MESEVE).
En este contexto tan amplio para la incidencia internacional, las organizaciones de derechos humanos han soslayado el espacio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ente de las Naciones Unidas que por su naturaleza tripartita se suele encasillar como espacio de acción único de sindicatos y empleadores.
No obstante, es justamente aquí donde se ha activado uno de los mecanismos históricos para el país y para el seno de la propia organización: la Comisión de Encuesta (CE) para la República Bolivariana de Venezuela.
En 2019, la CE emitió un duro informe sobre Venezuela, en el cual denunció que no estaban siendo respetados los derechos de los trabajadores a asociarse en sindicatos y el de los empresarios a promover sus iniciativas.
Asimismo, instó al gobierno a impulsar “un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social”.
En 2020, PROVEA publicó un Informe de seguimiento a las recomendaciones de la CE, en el cual demostraba su incumplimiento.
}El propio gobierno ratificó su desacato cuando en marzo de 2021 las autoridades venezolanas anunciaron que no acatarían las recomendaciones.
Declaró el entonces ministro del Trabajo, Eduardo Piñate:
“El Gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión”.
La OIT no se limitó a condenar el desacato venezolano, sino que decidió elevar la presión sobre las autoridades nacionales para conseguir que rectifiquen; y, para ello, el Consejo de Administración le encomendó a su director general saliente, Guy Ryder (quien será sustituido por Gilbert Houngbo a partir de octubre de 2022), examinar todas las medidas posibles para que el gobierno de Venezuela cumpla todas las recomendaciones de la CE.
Entre las alternativas para alcanzar ese objetivo estaría la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 33 y 34 de la Constitución de la OIT.
El presente informe busca compilar y analizar las acciones emprendidas y por emprender por parte de la OIT, así como la incidencia de los interlocutores sociales en dicho espacio, en vista del desacato del Gobierno al incumplir con las recomendaciones de la CE.
El foco estará en las sesiones del Consejo de Administración de marzo, junio y noviembre de 2021 y marzo de 2022; reuniones que evalúan los progresos realizados por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de la CE, y en función de ello se examinan todas las posibles medidas, incluidas las previstas en la Constitución de la OIT, para alcanzar ese objetivo.
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Informe-OIT
