:: Esta es una versión actualizada del reporte original publicado por Provea el 04/08/2024 y de una actualización previa publicada el día 06/08/2024 ::
El lunes 29 de julio los habitantes de las comunidades pobres de Venezuela se arrojaron a las calles de las principales ciudades del país para exigir respeto a la voluntad popular, en medio de unos comicios que han sido catalogados como fraudulentos tras la divulgación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro, sin permitir la presencia de testigos de la oposición en el proceso de totalización de los votos y sin proporcionar acceso pleno a las actas de escrutinio que respalden los resultados emitidos.
Miles de manifestantes tomaron ese día las principales avenidas de Caracas en una jornada que estuvo marcada por la represión y los abusos cometidos por agentes de la fuerza pública y la violencia ejercida por agrupaciones paramilitares conocidas como «colectivos». El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 915 protestas realizadas a nivel nacional entre el 29 y 30 de julio.
Un ascenso vertiginoso de graves abusos contra los derechos humanos, cometidos por las autoridades venezolanas, ha seguido al proceso electoral del pasado 28 de julio.
El precipitado y poco confiable anuncio del CNE, emitido la madrugada del lunes 29 de julio, proclamando ganador a Nicolás Maduro, se produjo en medio de serias denuncias de impedimentos para la verificación del proceso de conteo y totalización de votos por parte de testigos vinculados al equipo de Edmundo González Urrutia, sin acceso pleno a las actas emitidas en cada uno de los centros de votación y en medio de una oleada de ataques armados encabezados por miembros de agrupaciones paramilitares pro-oficialismo y agentes de seguridad, contra ciudadanos que aguardaban a las afueras de los centros electorales por la publicación del escrutinio.
Estas y otras irregularidades atizaron un escenario de conflictividad en las calles del país que tuvo como epicentro las comunidades populares, cuyos habitantes reclamaron la existencia de un fraude.
Las protestas en Venezuela, que se extendieron por 4 días, fueron duramente castigadas por agentes de seguridad, quienes hicieron uso desproporcionado e indiferenciado de la fuerza, emplearon munición letal o posiblemente letal para controlar a los manifestantes, y no brindaron ninguna garantía para que los ciudadanos pudieran expresarse en entornos libres de amenazas y violencia por parte de terceros.
Está ampliamente documentado el aliento que altas autoridades de los poderes públicos venezolanos dieron a policías y militares -mediante la estigmatización de manifestantes pacíficos–, para que los funcionarios aplacaran las manifestaciones con el uso máximo de la fuerza.
También ha sido registrada la actuación coordinada de miembros de fuerzas policiales y militares con agrupaciones de civiles armados para atacar a los manifestantes.
El equipo de monitoreo de Provea fue testigo directo de al menos siete ataques cometidos contra testigos de la oposición y ataques a centros electorales ubicados en Caracas, durante el cierre de los comicios del 28 de julio. También ha documentado cientos de abusos cometidos por fuerzas de seguridad y agentes no estatales contra manifestantes y dirigentes sociales y políticos.
El equipo de monitoreo de Provea, presenció a decenas de personas con los rostros cubiertos, portando armas de fuego, a bordo de motocicletas y en compañía de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), recorriendo varios centros electorales de Caracas, hostigando y agrediendo a personas que aguardaban a las afueras de los recintos de votación por la publicación de los escrutinios.
En el Liceo Andrés Bello, uno de los centros de votación más grandes de Caracas, al menos 600 motorizados pro-oficialistas, intentaron ingresar a la fuerza para impedir el conteo de votos. Ataques similares se registraron en otras entidades del país al cierre de los comicios del 28 de julio, registrándose al menos dos personas fallecidas el mismo día de las elecciones.
Miembros del equipo de Provea pudieron comprobar que funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), acudían a las manifestaciones realizadas los días lunes 29 y martes 30 de julio, empleando armas de fuego de alto calibre, incluyendo munición letal o potencialmente letal, y ejerciendo funciones de control y supervisión sobre otros funcionarios adscritos a la Dirección de Orden Público de la PNB.
Estas atribuciones no son competencia de la DAET debido a su naturaleza como cuerpo policial de élite sin formación ni equipamiento adecuados para la gestión de manifestaciones, conforme a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, a las normas aprobadas por el Consejo General de Policía y a la prohibición expresa de la Constitución Nacional de emplear armas de fuego o sustancias tóxicas en el control de manifestaciones.
Personal de Provea corroboró las presiones que funcionarios de la DAET ejercían sobre otros agentes policiales -de menor jerarquía en la escala policial-, compeliéndolos a reprimir a manifestantes pacíficos bajo la amenaza de ser sancionados.
En la parroquia de Caricuao, al sur-oeste de Caracas, el equipo de Provea constató cómo, tras los piquetes de seguridad conformados por agentes de la Dirección de Orden Público de la PNB, se desplegaban decenas de funcionarios de la DAET, vestidos de civil o uniformados y portando armas de alto calibre, impartiendo órdenes para reprimir a los manifestantes.
Al notar la presencia de nuestro equipo realizando labores de documentación, varios funcionarios de la DAET desalojaron a dos miembros de nuestro personal de la zona señalando que contribuían a la “desestabilización y eran una amenaza para la seguridad”
Todas estas situaciones, se producen en medio de la creciente amenaza y achicamiento del espacio cívico que ha sido denunciada por la sociedad civil venezolana y por los órganos internacionales de protección de los Derechos Humanos.
Contexto pre-electoral
El relanzamiento del Plan Furia Bolivariana en enero de 2023, dejó claro el patrón gubernamental para sofocar la crítica, agravando la situación de erosión democrática y la vulneración de los derechos humanos.
Tras el anunció del plan, más de 140 dirigentes y activistas políticos vinculados al equipo electoral del candidato opositor Edmundo González Urrutia, fueron detenidos por agentes de seguridad y, otros cientos de trabajadores y simpatizantes de su campaña fueron hostigados.
Las denuncias por actos de represalias contra personas que brindaron algún tipo de apoyo a la líder opositora María Corina Machado en la gira que realizó por diversos estados del país, también tuvieron un marcado ascenso.
Pese a que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, enfatizó en su Actualización Oral sobre la situación de derechos humanos y la cooperación técnica del Estado venezolano, presentada en marzo, la necesidad de garantizar “Un espacio libre y vibrante para que las personas expresen sus opiniones”, el relanzamiento del Plan Furia Bolivariana condujo a un ascenso de los abusos, la persecución y el cierre del espacio cívico en el escenario pre-electoral, que trajo consecuencias posteriores al 28 de julio.
El proceso electoral que, como afirmamos, debía servir para abrir el camino hacía el rescate de la democracia y la reinstitucionalización del país, fue empañado por una escalada de graves abusos por parte de las autoridades venezolanas, cuyo propósito ha quedado claro: torcer la voluntad popular y aplastar el descontento de las grandes mayorías.
En marzo pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó la fecha para la celebración de las elecciones presidenciales, el Ejecutivo -apoyado en el Poder Judicial y el Ministerio Público- aceleró la persecución y aumentó considerablemente los actos de hostigamiento contra personas identificadas con la oposición venezolana, como la ratificación de la inconstitucional inhabilitación de varios dirigentes políticos incluyendo a María Corina Machado, quien resultó ganadora en las primarias opositoras de octubre pasado.
Desde entonces aumentaron dramáticamente las detenciones arbitrarias, las amenazas y los mecanismos de coacción y retaliación contra partidarios y simpatizantes de la campaña opositora.
Al mismo tiempo, las autoridades intentaron minar la ruta electoral, imponiendo todo tipo de obstáculos para la participación ciudadana y el derecho a elegir de la población.
El constante incumplimiento de los Acuerdos de Barbados sobre garantías electorales, suscrito por el oficialismo y la oposición, y la negativa a adoptar las recomendaciones formuladas en el informe de la Unión Europea para garantizar elecciones transparentes y competitivas, erosionaron la posibilidad de contar con un proceso electoral ajustado a los estándares internacionales y la legislación nacional que garantizan los derechos a la participación y asociación pacíficas.
Violencia estatal post-electoral
La respuesta gubernamental se ha centrado en la represión a las manifestaciones de descontento mediante el uso desproporcionado de la fuerza, la abierta actuación coordinada entre fuerzas de seguridad y agrupaciones de civiles armados proclives a Nicolás Maduro para aplacar las protestas y las expresiones de descontento, y en el aumento exponencial de las detenciones arbitrarias, registrándose niveles históricos de abusos.
Letalidad en ascenso
Desde el año 2019 la cifra de personas asesinadas en un ciclo de protestas tan breve como el actual, no había sido tan elevada.
En 2024 el número de asesinados, en apenas cuatro días de protestas, se elevó a 24 personas, mientras que en cinco meses de protestas reportadas durante el año 2019, Provea registró 61 muertes de manifestantes en distintas circunstancias vinculadas a la realización de reuniones públicas anti-gubernamentales.
La tasa de letalidad contra las protestas en Venezuela ha aumentado dramáticamente. En este breve, pero intenso período de conflictividad, se registró casi la mitad de las muertes registradas en más de 150 días de protestas del año 2019.
La mayoría de las personas fueron asesinadas en el Distrito Capital (8) durante protestas en rechazo a los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral, realizadas el 29 de julio en las parroquias El Valle, San Juan, Macarao, Antímano y Sucre en zonas populares situadas al oeste y sur de Caracas.
En el estado Aragua se registraron 6 asesinatos. Todas las víctimas registradas en esa entidad recibieron impactos de bala mientras se desarrollaba una manifestación contra los resultados del CNE en la Redoma de San Jacinto en la ciudad de Maracay, en las adyacencias de la 42° Brigada de Infantería de Paracaidistas del Ejército Bolivariano.
Testigos afirman que los manifestantes fueron atacados a tiros por presuntos miembros de este componente militar. En los hachos perdieron la vida Rances Izarra (30), Anthony José Moya Mantía (20), Jesús Gregorio Tovar Perdomo (21), Jesús Ramón Medina Perdomo (56), Gabriel Ramos (33) y el Sargento Primero de la Guardia Nacional Bolivariana José Antonio Torrents Blanca (26).
Mientras que en las protestas de 2019 la mayoría de los asesinatos fueron atribuidos -por las alegaciones de testigos y víctimas-, a las temidas y cuestionadas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, en el breve ciclo de protestas de 2024 las agrupaciones paramilitares o «colectivos», son señaladas por diversos testigos como presuntos responsables de asesinar a 10 manifestantes, y el Ejército Bolivariano es señalado, también por testigos, en al menos 6 muertes.
Esto contradice las afirmaciones difundidas el miércoles 21 de agosto por el Fiscal General Tarek William Saab, quien dijo durante una rueda de prensa que el 70% de las personas fallecidas durante las protestas, habían sido asesinadas por «los grupos delincuenciales«, descartando la responsabilidad de funcionarios «civiles o militares o policiales vinculados al Estado«, y sin brindar detalles sobre la investigación o las diligencias hechas por el Ministerio Público para determinar la responsabilidad de los hechos.
Días atrás, el Sr. Tarek William Saab, desestimó las denuncias sobre las muertes de manifestantes, alegando que se trataba de “simulaciones de hechos punibles”, comprometiendo seriamente su imparcialidad y la voluntad para emprender una investigación sobre estos hechos.
Todas las personas asesinadas en el reciente ciclo de protestas eran hombres, con edades comprendidas entre los 15 y 56 años de edad. La mayoría de las víctimas eran obreros, estudiantes y pequeños comerciantes independientes. El 69,57% de las víctimas recibieron impactos de bala en el pecho, cuello y cráneo.
La letalidad e intensidad de la violencia estatal también pueden medirse a la luz del desvanecimiento de la territorialización política e ideológica que caracterizó al país desde el ascenso del proyecto bolivariano al poder.
La mayoría de las protestas registradas luego de la jornada electoral del 28 de julio se produjeron en barrios y zonas populares de Caracas y otras ciudades del país. Los antiguos bastiones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del proyecto político bolivariano, se han convertido en el epicentro de la protestas y también de la violencia estatal para aplastarlas.
En 2019, el 65,57% de los asesinatos registrados en protestas ocurrieron en barrios pobres de distintas ciudades del país. En 2024, la cifra ascendió levemente a un 66,6%, pero confirma, lamentablemente, lo que afirmamos en 2019: las próximas revueltas serán protagonizadas por los más pobres, quienes están enfrentando una grosera exclusión y están sometidos, como nunca antes, a los abusos descontrolados de quienes tienen el poder. También dijimos que los habitantes de estas comunidades serían las principales víctimas de la represión.
Provea expresa honda preocupación debido a la posibilidad que en los próximos días se produzcan nuevos operativos policiales y militares en comunidades pobres, como forma de castigo, que aumentarían los casos de persecución, allanamientos y posibles ejecuciones extrajudiciales.
Estos actos de retaliación, que ya se han registrado en el pasado, pudieran estar motivados por dos factores: por el significado histórico que tiene, para quienes gobiernan, la pérdida total del apoyo popular en estas zonas que eran garantía de victoria electoral; y por el cataclismo que representa cualquier revuelta para la estabilidad de las economías criminales que sostienen -desde hace mucho tiempo- policías y militares, junto a agrupaciones delictivas que ejercen gobernanzas híbridas en zonas empobrecidas del país.
Históricamente, el castigo de las corporaciones policiales y militares, ha sido particularmente duro contra las personas que protestan en los barrios pobres.
Baleados por reclamar
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) -una iniciativa independiente conformada por médicos pertenecientes a la red de hospitales públicos del país- hasta el 01 de agosto de 2024 se registraron 93 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad, que habían ingresado a hospitales públicos de los estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara y Miranda.
Un aspecto que arroja luces sobre el exceso de fuerza empleado contra las recientes protestas, es que durante el ciclo de protestas de 2014 de las 854 personas registradas como heridas en manifestaciones, el 12,6% recibió heridas de balas, mientras que en 2024 el número de afectados aumentó a 40,8% del total de heridos.
La mayoría de las personas heridas fueron del género masculino (62 víctimas identificadas). 26,3% de las personas heridas por balas recibieron impactos en el tórax y, en el caso de Caracas, el 75% de las personas fueron heridas por balas.
Otro elemento que sirve para entender el ascenso de la letalidad que ensombrece a las protestas en Venezuela es que, en 2014 del total de personas heridas (1.094) ese año, 138 fueron víctimas de impactos de bala (12,6%). En 2019, cuando se registraron 984 heridos, 271 de ellos fueron heridos de bala (27,5%), mientras que en 2024, de los 93 heridos registrados por la ENH, el 40,8% corresponden a heridos de bala.
Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas luego de las elecciones del 28-J
De acuerdo a información divulgada por el gobierno de Nicolás Maduro y autoridades del Ministerio Público, unas 2.400 personas fueron arrestadas entre el 29 de julio y el 13 de agosto, por su participación en las protestas o acusadas de formar parte de actos de conspiración o terrorismo.
La cifra, que representa el 94% del total de detenidos registrados durante los cuatro meses del ciclo de protestas de los meses de abril y agosto de 2017 , da cuenta de que en solo 16 días un promedio de 150 personas fueron detenidas –diariamente- por agentes de seguridad venezolanos.
El 13 de agosto el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dijo: “Según declaraciones oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. Esta cifra incluye la detención arbitraria de manifestantes, personas defensoras de derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o a quienes se considera relacionados con ellos, así como de personas que actuaron como observadores electorales acreditados por los partidos de oposición en los centros de votación«.
La cifra de arrestos arbitrarios sigue en ascenso ya que continúan las detenciones y los allanamientos a residencias de activistas sociales, dirigentes políticos de oposición y personas que participaron en las protestas realizadas los días 29, 30 y 31 de julio .
Según datos de la ONG Foro Penal Venezolano, más del 95% de las personas detenidas son habitantes de comunidades pobres de distintas ciudades del país .
A la fecha, el Foro Penal Venezolano ha logrado individualizar y verificar de manera independiente a 1.505 personas detenidas de manera arbitraria en el contexto post-electoral, con un sub-registro cercano al 33% de la cifra suministrada por las autoridades, quienes insisten en su política de opacidad negando certezas a las víctimas, sus familiares y abogados defensores.
Un claro ejemplo del ascenso de la represión es que en el ciclo de protestas registrado en Venezuela durante al año 2014, entre los meses de febrero y mayo, fueron detenidas un promedio 28,8% diariamente. En las protestas de 2017, entre abril y agosto, un promedio cercano a 17 personas, fueron detenidas cada día por los agentes de seguridad. En 2019, durante las protestas realizadas entre enero y mayo de ese año, cerca de 16 personas fueron detenidas cada día por las autoridades. En Nicaragua, el ciclo de protestas de 47 días registrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2019, dejó un saldo de casi 11 personas detenidas diariamente.
En el ciclo de conflictividad post-electoral Venezuela de 2024 la cifra promedio de detenidos, día tras día, durante 16 días, se elevó a 150 personas. El doble de detenidos diariamente entre todos los ciclos de conflictos descritos y el doble de detenidos-desaparecidos diariamente en Chile durante los meses de septiembre y diciembre de 1973, tras el golpe de estado de Augusto Pinochet.
Provea ha recibido reportes que indican que a nivel nacional las autoridades no están permitiendo la asistencia de abogados privados o de ONG a los detenidos. Se les impide participar en audiencias o defender a las personas detenidas en las recientes protestas.
También se han recibido numerosos alegatos de impedimentos para que los familiares vean a los aprehendidos o puedan entregarles comida u otros enseres.
Se realizaron y continúan realizando audiencias de presentación ante Tribunales irregularmente constituidos en los propios centros de reclusión, cuyas características principales es que son colectivas, no se individualizan los delitos y se emplea el mismo criterio de imputación para todos los detenidos. violando el derecho a la defensa y el debido proceso, consagrados en la Constitución venezolana en su artículo 49 .
Asimismo, se ratifica lo que varias Relatorías de Naciones Unidas han calificado como “abuso crónico” de la legislación anti-terrorista venezolana, ya que la totalidad de los detenidos están siendo acusados por delitos contenidos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT) vigente en Venezuela desde el año 2012.
Entre estos casos, destacan la acusación por delitos de terrorismo contra los periodistas y trabajadores de la prensa Yousner Alvarado, Deisy Peña, Paúl León y José Gregorio Carnero quienes fueron detenidos por autoridades policiales mientras cubrían las protestas que se realizaron entre los días 29 y 30 de julio, en las ciudades de Barinas, Valera, Ocumare del Tuy y Valle de La Pascua .
Entre el 29 de julio y el 01 de agosto, Provea registró al menos 50 casos de desapariciones forzadas.
Las víctimas, en su mayoría del género masculino, fueron personas detenidas ilegalmente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (DAET-PNB) y agrupaciones de civiles armados (colectivos).
Estas desapariciones se han prolongado por lo general en lapsos de entre 4 y hasta 72 horas, sin que los familiares y/o abogados de las víctimas, tengan información sobre el paradero de los detenidos o sobre las condiciones de reclusión en las que se encuentran.
Alegatos de familiares de víctimas y otras organizaciones defensoras de Derechos Humanos, indican que los abusos basados en la desaparición forzada pudieran alcanzar -en distintos grados de intensidad-, al total de las personas arrestadas ilegalmente, ya que estas fueron expuestas a diferentes períodos de incomunicación en los que no contaron con asistencia de abogados, o sus familiares no recibieron información oportuna de parte de las autoridades acerca de su paradero, condiciones de reclusión o traslados entre distintos sitios de detención.
Represión total
Provea ha afirmado de forma reiterada que cada ciclo importante de protestas en Venezuela ha tenido como correlato el ascenso de la represión mediante el reforzamiento de los mecanismos de control y judicialización de las mismas.
En esta ocasión, además del uso desproporcionado de la fuerza pública, se suma la masificación de la persecución política contra toda la ciudadanía, y el uso extendido de la legislación anti-terrorista y la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para procesar e imputar a cientos de detenidos.
Hemos pasado de un período de persecución selectiva a uno de persecución masiva y del uso de mecanismos blandos de represión como describió la Misión de Determinación de los Hechos de ONU, al empleo de los más duros mecanismos para castigar a las personas.
Los mecanismos represivos han puesto en marcha prácticas que se inscriben dentro de lo que el gobierno ha llamado “Operación Tun-Tun”, que consiste en una especie de cacería de personas identificadas con la oposición, dirigentes sociales, gremiales y sindicales, o simplemente de quienes participaron en alguna manifestación o expresaron su descontento en las redes sociales y han sido puestas en la mira de la represión por parte del entramado de delatores y control social que el gobierno llama “unión cívico-militar-policial”, es decir, las estructuras político-organizativas del partido oficial en los barrios y otras comunidades trabajando de la mano con policías y militares para delatar a sus propios vecinos.
En estos operativos se producen allanamientos de viviendas sin orden judicial, se detiene a las personas que se encuentran en el listado de cuerpos de seguridad o a sus familiares si estos no se encuentran en las viviendas al momento del allanamiento, se cometen hurtos y destrozos a la propiedad privada, y lo que es peor se afecta la integridad psíquica y física del núcleo familiar mediante estas injerencias arbitrarias, que tienen el firme propósito de generar temor y una parálisis general de la sociedad para responder a los abusos.
La estructura de delatores que el gobierno ha construido en este estado policial-militar, se ha servido del uso masivo de las redes sociales para identificar, estigmatizar y posteriormente perseguir a cualquier persona que exprese libremente sus opiniones en esos espacios.
Prensa Provea
