El 2016 fue el año para consolidar el control del sistema alimentario nacional como estrategia y política de Estado, y para la profundización del daño a la nación que eso trajo como consecuencia. Un año signado por la militarización de todas las funciones alimentarias del país, por la reducción a mínimos de la capacidad de producción nacional de alimentos, por la pérdida casi absoluta de la autonomía alimentaria para favorecer importaciones masivas de alimentos. Un año signado por la escasez, por la inflación y la pulverización del poder adquisitivo, por la pérdida de calidad de la alimentación hasta en su contenido simbólico, por el hambre que empujó a muchas personas a los basureros y por el daño ya evidente sobre el estado nutricional de niños y adultos, sobre la educación y sobre la violencia que el hambre y la escasez detonaron.
La cifra del BCV sobre la inflación en alimentos para 2015 estaba en 315% y de 102% para 2014. Con respecto a 2016, el ente oficial no suministró datos, sin embargo, estudios independientes y proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicaron la inflación general entre 550% y 770%, y entre 1.080% y 1.200% la referida a alimentos El aumento de los precios justos decretado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDEE) para la mayoría de los alimentos básicos oscila entre 900% y 1.000%.
La situación en alimentación y nutrición avanzó además en paralelo y de forma directamente integrada con el deterioro de la situación de salud, no solo viéndose la situación nutricional de la nación comprometida por el déficit de salud, sino a su vez agravándola.
El Ejecutivo creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) para coordinar todo el sistema alimentario bajo el mando del Ministro de la Defensa y la regulación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Se estima que las importaciones agroalimentarias tuvieron una reducción interanual en 2016 con respecto a 2015 de -24,5%, y una disminución de 44,2% entre 2012 y 2016.
En 2016 se mantuvo la vigencia de marcos regulatorios regresivos para la seguridad alimentaria y nutricional, como son la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2007), la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001, 2005 y 2010), el decreto de Ley Orgánica de Costos y Precios Justos (2015) y el Decreto Ley Orgánica del Trabajo. A estos marcos se añade la aplicación en 2016 de otras medidas. La primera fue el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que otorgó al Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias y asignó el control de lo alimentario a estructuras que se fueron consolidando como unidades de organización política permanentes conocidas como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
En medio de una gran tensión social por el desabastecimiento que continuó en este período, el Ejecutivo creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) para coordinar todo el sistema alimentario. Se argumentó para su instalación la persistencia de factores económicos y políticos externos –entre ellos, la llamada “guerra económica”– que ocasionaron distorsión en el abastecimiento nacional. Los 7 “vértices” de la GMAS integraron a mitad de año los objetivos esbozados en el “Motor Agroalimentario”, como se llamó al subconjunto de objetivos relativos a la alimentación dentro de la “agenda económica bolivariana”, con la cual se abrió el año y se pretendió organizar el manejo del Estado de Excepción y Emergencia Económica decretado. La debilidad de las acciones contenidas en todos estos objetivos era fácil de detectar en la estructura del presupuesto de la nación presentado para 2016. El análisis que hizo Transparencia Venezuela (TV) de este presupuesto mostró una contracción importante. En el presupuesto nacional para 2016 el monto destinado a alimentación aumentó nominalmente en 116%, pero, si se toma en cuenta la inflación de 2015, esto se traducía en una disminución real de 25%.
De todas las acciones emprendidas por el Estado en materia alimentaria durante 2016, la consolidación de un sistema organizativo comunal para la administración de los alimentos básicos –controlado por el Estado, operado por el Estado y canalizado a través de los consejos comunales– es quizás la de mayor connotación por las implicaciones que se desprenden de ella.
De acuerdo con el artículo 2 del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, los CLAP serían responsables de “la garantía, incluso mediante la intervención de la FANB y los órganos de seguridad ciudadana, de la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad”.
Además de esto, acorde con lo expresado en el Artículo 9 del decreto, a los CLAP se les podrían atribuir si fuera necesario funciones de “vigilancia y organización para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país”. En su conformación toman parte representantes de Unamujer, de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, del Frente Francisco de Miranda y de los consejos comunales.
Las denuncias de discriminación para la venta de las raciones de alimentos por razones políticas y las irregularidades en las que incurren las organizaciones paraestatales que manejan los CLAP, vulneran la Observación General n° 12 del CDESC de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación que establece que “no se debe negar el acceso a los alimentos a determinados individuos o grupos, y que establece como falta del Estado no controlar las actividades de individuos o grupos para evitar que violen el derecho a la alimentación de otras personas”.
Con los CLAP la población perdió la frecuencia y estabilidad de la oferta alimentaria, la capacidad de elegir qué comprar, la dignidad, participación y capacidad de comprar donde quieran. Éstos eran todos derechos que llegaron a respetarse, incluso, con los operativos de Mercal a cielo abierto.
La evolución de los CLAP a lo largo de 2016 devela –además de mucha ineficiencia y manejo violatorio del derecho a la alimentación– un gran fraude: comenzaron vendiendo alimentos con precios “justos” y terminaron vendiendo alimentos importados, al margen de nuestra cultura y nuestros patrones de consumo, y dolarizados; comenzaron facilitando el acceso a los alimentos y terminaron vendiéndolos con pagos adelantados y cargando a los usuarios los gastos de distribución; fueron promocionados como una medida temporal debido a la emergencia alimentaria, cuando en realidad buscaban dar forma de organización e instalar las bases de defensa de la revolución. Este esquema de distribución significa privar a 70% de la población de los alimentos básicos y al restante 30% de venezolanos (beneficiarios de los CLAP) privarlos de 80% de los alimentos que necesitan conseguir en cualquier mercado mientras no vienen los CLAP.
A la escasez de alimentos, que siguió ascendiendo vertiginosamente en 2016, se sumó el funcionamiento de un mercado paralelo de alimentos que llenó en forma especulativa el vacío que dejó el debilitamiento de la red habitual de distribuidores. Este mercado se instaló en las calles, entre redes de vecinos y hasta por internet, con precios que se fueron normalizando entre 1.000 y 2.000% por encima con respecto a los cálculos de productores sobre el precio real, y mucho más con respecto a los precios regulados. El contrabando hacia fuera y dentro del país formó parte instrumental de este mecanismo paralelo no regulado.
Ante el vacío de datos oficiales, grupos privados reportan estimaciones de la escasez. El Centro de Documentación y Análisis Social (CENDAS-FVM) reportó 43% de escasez de la canasta básica en abril; a mitad de año Econométrica calculaba el desabastecimiento en 85% en productos. Las cifras oficiales más recientes corresponden a las de la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando (agosto 2015), que reportó un desabastecimiento entre 50 y 80% para rubros alimentarios vitales. La última cifra de escasez publicada por el Banco Central de Venezuela es de 2014 y alcanzó 29%.
El desabastecimiento no es solo de productos básicos, sino también de alimentos especiales: el Diagnóstico Nacional de Hospitales 2016 reveló que en 97% el servicio de alimentación era insuficiente, inexistente o intermitente y que en 67% de ellos había un desabastecimiento total de fórmulas especiales. Este desabastecimiento comenzó a denunciarse también en escuelas, comedores universitarios, hospitales y hospitales psiquiátricos, geriátricos, casas de abrigo, cárceles y comedores universitarios.
La criminalización de ciudadanos consumidores y de cogarantes del sistema alimentario se fue intensificando a lo largo del año. Se imputaron delitos hasta por registrar imágenes de las colas en un contexto de alta militarización y represión contra la población civil, llegándose a procesar personas incluso a través de la justicia militar.
Prensa Provea
