En 2016 Provea registró un total de 7.048 presuntas violaciones al derecho a la libertad personal, lo que representa una disminución de 59% respecto a la cifra del año 2015; y de 38% respecto al promedio anual general de los últimos 19 años sistematizados en nuestros informes anuales. No obstante, la tendencia general es al aumento de estos casos. Es de destacar que al menos unas 3.963 (56%) de estas detenciones están vinculadas con colas en los supermercados o situaciones relacionadas con la escasez de alimentos y su adquisición, estos últimos procedimientos son llevados a cabo por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El decrecimiento de las cifras totales señaladas se debió a la significativa merma en el número de personas detenidas de manera masiva durante 2016. Provea registró un total aproximado de 6.752 personas detenidas masivamente, lo que constituye –al igual que el año pasado– 96% del total de las presuntas violaciones a la libertad personal en 2016. Además, estas cifras representan una disminución de 60% respecto al número de personas detenidas masivamente durante 2015; y de 45% sobre el promedio general de detenciones masivas registradas desde el año 1999.
Sin embargo, los otros tipos de detenciones arbitrarias o ilegales se incrementaron respecto al año anterior. Así, por ejemplo: las detenciones colectivas, se incrementaron 9,4% respecto al año anterior y 94,4% sobre el promedio general de los últimos 7 años. Las detenciones individuales también aumentaron 31%.
Asimismo se aprecia un aumento de 324% en las detenciones ocurridas en el contexto de manifestaciones respecto al año anterior, y de 62% sobre el promedio general de los últimos 26 años.
Estos cambios parecen reafirmar la hipótesis de la actuación pendular del sistema penal venezolano, en especial de los cuerpos de seguridad del Estado. Así como en 2015 pudo apreciarse un desplazamiento de la arbitrariedad policial de manifestaciones de calle, en 2016 este desplazamiento parece moverse nuevamente hacia las manifestaciones callejeras, lo que no significa que la violencia institucional en los barrios haya disminuido en intensidad. Esta última se ha hecho más selectiva y letal; si bien las detenciones arbitrarias masivas han disminuido, éstas han sido sustituidas por un incremento alarmante de muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado, que según las informaciones provenientes del Ministerio Público tuvieron un incremento de 163% durante 2016. Puede afirmarse que éste es el legado de políticas policiales, militarizadas, como las OLP.
Durante 2016, las detenciones ilegales o arbitrarias ocurridas en el contexto de operativos policiales militarizados constituyeron 81% de las detenciones masivas, así como 78% del total de las detenciones ilegales o arbitrarias registradas durante todo el año.
El preocupante incremento de la intensidad y selectividad de la violencia institucional también puede observarse en las desapariciones forzadas, las cuales aumentaron 533%. Pasaron de 3 casos en 2015 a 19 en 2016, lo que a su vez constituye un aumento del 173% respecto al promedio general de estos casos de los últimos 16 años registrados por Provea. Es el tercer año con más casos, solo superados por el año 2013 (23 casos) y 2010 (39 casos). Casos como los de Tumeremo, Barlovento y Cariaco, que serán comentados en el capítulo sobre el Derecho a la Vida, serán emblemáticos de este tipo de prácticas para el año 2016.
De las 7.048 víctimas registradas, solo 51 (0,7%) corresponden al patrón de detenciones individuales, lo que representa un incremento de estas detenciones de 31% respecto al período anterior. Sin embargo, cuando se contrasta esta cifra con el promedio general de estos casos durante los últimos 19 años se aprecia una disminución de los mismos de 57%.
Los estados que presentaron la mayor cantidad de detenciones ilegales o arbitrarias fueron los siguientes: Lara (55%), Zulia (13%), Carabobo (11%), Aragua (7%), Bolívar y Miranda (2% c/u). Estos seis estados acumulan 90% de los casos registrados.
Finalmente, la cantidad de violaciones registradas en calabozos y retenes policiales alcanzó la cifra de 1.783 personas afectadas, lo que significa una disminución de 8% frente a las 1.933 del año 2015; así como un aumento de 83% respecto a los últimos 6 años en los que Provea ha realizado este seguimiento. Es de destacar que las violaciones al derecho a la vida en estos recintos aumentaron respecto al año anterior pasando de 1 caso a 14 (1.300%).
Debe advertirse que la fuente principal del presente análisis son los medios de comunicación, tanto impresos (nacionales y regionales) como digitales, los cuales constituyen el insumo de información más estable sobre estos fenómenos, ya que las fuentes oficiales detalladas son escasas y en ocasiones inexistentes. No obstante, en los casos en los que existía la información oficial ésta era priorizada antes que cualquier otra fuente. Entre las informaciones oficiales destacan las declaraciones públicas de autoridades, comunicados, mensajes en redes sociales e informes anuales de gestión.
En todos los casos se incluyeron las víctimas plenamente identificadas, especialmente para los casos de desapariciones forzadas y detenciones individuales. Subsidiariamente también se consideraron las que no estaban identificadas, pero sobre las cuales existen denuncias públicas o información oficial que dan cuenta de la presunta violación al derecho a la libertad personal, en especial en los casos de detenciones masivas y colectivas, que por sus características se hace difícil lograr una información detallada e individualizada de las mismas.
Prensa Provea
