2016 fue otro año en el que se hicieron más profundos los graves retrocesos del derecho a la salud en Venezuela, pasando a configurar una situación de emergencia humanitaria debido a los impactos de las severas deficiencias del sistema de salud en un ascenso exponencial de muertes sanitariamente evitables, enfermedades sin posibilidad de ser tratadas, epidemias en continua propagación y daños irreparables a las condiciones físicas y mentales de las personas afectadas, como consecuencia de la sistemática y prolongada desestructuración de las instituciones y de la infraestructura pública de salud, documentado ampliamente en los informes de Provea durante los últimos años.
En 2016 aumentaron aún más los niveles extremos de carencia de medicinas, insumos y equipamiento. Mientras los sectores de la industria, las farmacias, el personal de salud, los trabajadores del sistema sanitario, las organizaciones de derechos humanos y las personas denunciaban un 90% de escasez y desabastecimiento a nivel nacional, el gobierno y las autoridades sanitarias reconocieron apenas fallas de 15%, sobre la base de listas de disponibilidad “priorizadas” según criterios de racionamiento arbitrarios e inadecuados desde el punto de vista epidemiológico, científico y médico, y continuaba la reducción drástica de las asignaciones de divisas para importaciones que abastecían a la industria farmacéutica y al sistema sanitario tanto público como privado.
Estas medidas de severo ajuste en el financiamiento al sector salud, se adoptaron sin planes de contingencia y negando permanentemente la existencia de una crisis interna con la excusa de una “guerra económica” y de “planes de desestabilización” coordinados por “enemigos externos e internos”, que impidió la entrada de asistencia internacional ofrecida por organismos internacionales y exigida por la Asamblea Nacional y miles de personas afectadas, para protegerse de la privación de tratamientos y de atención médica.
Durante 2016 el gobierno nacional dictó tres decretos de emergencia económica y estado de excepción con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que permitieron al Ejecutivo disponer de poderes discrecionales para tomar medidas administrativas, financieras y de orden público sin controles constitucionales y con intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). A través de estas medidas el Presidente de la República impulsó alianzas nacionales e internacionales en el marco de una nueva Agenda Económica para estimular la producción de medicinas y racionalizar las importaciones en el “Motor Farmacéutico”. De acuerdo con estos lineamientos, la Ministra de Salud prometió en varias oportunidades que en pocos meses los problemas de escasez se resolverían totalmente, aseverando ante la población y los organismos internacionales que todos los tratamientos y servicios de salud estaban garantizados.
En la práctica, los decretos sirvieron al gobierno nacional en el sector salud para implementar un monopolio estatal de las importaciones y un sistema centralizado de racionamiento, discriminación política, militarización y control de las empresas y de los centros de salud con los cuales eximirse de responsabilidades y enfrentar un creciente descontento a las medidas implementadas, en un contexto de deterioro generalizado de los derechos sociales y económicos, caracterizado por mayor pobreza, hambre, violencia, escasez de agua y problemas ambientales. A la par, a través de una intensa propaganda oficial se reeditaron políticas que durante los últimos años no surtieron efecto y por el contrario aumentaron la desestructuración de las instituciones y la infraestructura del sistema público de salud.
Como una muestra de los problemas que afectaron severamente el derecho a la salud en 2016, Provea registró en su base de datos 4.885 denuncias sobre violaciones del Estado, que representan un aumento de 31% en comparación con el 2015. El 62% se relacionó con violaciones a la disponibilidad suficiente de medicinas esenciales y de insumos básicos y médico-quirúrgicos, equipos médicos y personal de salud capacitado en los servicios de salud; 30% se refirió a violaciones de acceso a una atención adecuada y oportuna. La ausencia de medicinas e insumos generó la necesidad de comprarlos a elevados costos, incluso por solicitud de los centros de salud públicos, privando a la mayoría de los sectores de escasos recursos y a más de 63% de la población que no cuenta con seguro médico.
La precarización del sistema público de salud, desprovisto de las más mínimas condiciones para garantizar una atención adecuada y la drástica reducción de divisas para cubrir las importaciones de medicinas e insumos médicos, aunado a la negativa oficial de no permitir asistencia internacional en materia de salud, convirtieron la aguda crisis de escasez y desabastecimiento acumulada hasta el 2015 en una emergencia humanitaria por sus severas repercusiones en un 66% más de muertes maternas y 30% de niños menores de 1 año fallecidos, bebés en su mayoría; el ascenso de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el VIH y los trastornos mentales; la recaída o muerte de personas con cáncer, linfoma y hemofilia por falta de medicamentos, más de 240.000 casos de malaria y 50.000 de Zika, siendo Venezuela el país con el segundo mayor número de casos reportados en la región de América Latina, y un brote de Difteria en varios estados del país, enfermedad infecciosa erradicada, de alta propagación que sólo es controlable a través de vacunas.
Frente a estas circunstancias, se introdujeron recursos judiciales para la protección de niños, niñas y adolescentes y de la población en general que el (TSJ) desestimó o no respondió. Se realizaron denuncias, trámites, comunicaciones, manifestaciones pacíficas, asambleas de calle, acuerdos y leyes por iniciativa parlamentaria para exigir al gobierno que aceptara o permitiera la ayuda humanitaria internacional, que fueron ignoradas o rechazadas. Tampoco valieron los exhortos, recomendaciones y ofrecimientos que hicieran organismos internacionales, países y órganos internacionales de protección en correspondencia con el deber del Estado de cumplir obligaciones internacionales con el derecho a la salud y la vida de los venezolanos.
Prensa Provea
