En nuestro Informe Anual 2016 observamos que -a pesar de la condena por parte del gobierno y de sectores opositores-, continúa el asesinato de dirigentes agrarios y campesinos. El 18.07.2016 es asesinado Cristóbal Romero Romero (43), cacique yukpa de la comunidad Tinacoa, en el sector El Carmen de la Villa de El Rosario en la Sierra de Perijá, estado Zulia, presuntamente por su participación en la recuperación de tierras.
Aunque el Ministerio Público comisionó a la Fiscalía 41 del referido estado para realizar las investigaciones pertinentes, hasta la fecha las investigaciones no han dado con los responsables. Otro hecho de asesinato de campesinos ocurrió 15.10.16, en el marco de un Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) realizado en el sector La Peica de Aragüita, municipio Acevedo del estado Miranda, al ser detenidos 11 agricultores y un ayudante de albañilería, quienes fueron desaparecidos, ejecutados y desmembrados por 11 funcionarios de las FANB, quienes fueron detenidos y llevados a juicio. Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales son Eliézer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorfran Mejías, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena.
A los hechos de asesinato de campesinos se suma la denuncia de desaparición forzada de agricultores como ocurrió el 26.03.16 con el agricultor Edgar Manuel Ramírez Peña (33) en el fundo La Ceibita, sector Mata de Sánchez, parroquia Rincón Hondo, municipio Muñoz del estado Apure. Esta desaparición fue denunciada por el diputado Orlando Zambrano, vocero nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar Zamora (CRBZ) quien se- ñaló que el 02.02.16 este campesino introdujo una denuncia ante la Fiscalía General de la República y fue atendido en la Dirección de Protección de los Derechos Fundamentales, donde se registró un memorándum identificado con el número DSE-UR-M-0145-2016:
“En ese documento, él dejó por sentada la denuncia contra el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Jorge González, responsable en Mantecal, de quien recibió varias amenazas de muerte y giró orden de allanar su finca sin algún tipo de orden judicial. También denunció al ciudadano Miguel Alberto Silva y los responsabilizó a ambos de cualquier situación que le pasara a su vida”.
Para la fecha del cierre de nuestro Informe Anual 2016, Edgar Manuel Ramírez Peña sigue sin aparecer. Aunque Provea reconoce una disminución de los hechos de sicariato, la mayoría de los casos de asesinatos de líderes campesinos ocurridos a partir de 2001, cuando se implementó la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, continúan impunes. Los familiares de las víctimas se mantienen organizados para exigir justicia a las autoridades, sin que sus casos sean investigados ni los responsables materiales e intelectuales sancionados.
Al respecto el diputado y vocero de la CRBZ, con alusión a la desaparición forzada afirmó que: “Nosotros hemos venido denunciando la desaparición de dirigentes campesinos y no han avanzado las investigaciones. Van más de 350 campesinos desaparecidos y asesinados, por lo que exhortamos a las autoridades regionales y nacionales a que investiguen estos casos. No queremos que Edgar Manuel Ramírez Peña venga a engrosar la lista de los dirigentes campesinos desaparecidos, torturados y asesinados en manos del sicariato, desde la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario».
Prensa Provea
