(Bogotá, 3 de abril de 2024) – Colombia y Panamá no están protegiendo ni asistiendo a cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo que transitan por el Tapón del Darién, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 120 páginas, titulado “Abandonados en la selva: Protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién”, es el segundo en una serie de informes de Human Rights Watch sobre migración a través del Tapón del Darién. Human Rights Watch identificó deficiencias específicas en los esfuerzos para proteger y asistir a estas personas—incluyendo a quienes corren mayores riesgos, como los niños, niñas y adolescentes no acompañados—así como para investigar abusos cometidos en su contra.
“Sea cual sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién tienen derecho a condiciones mínimas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Colombia y Panamá pueden y deben hacer más para proteger esos derechos, así como los de las comunidades locales que han sufrido años de abandono estatal”.
Human Rights Watch visitó el Tapón del Darién en cuatro ocasiones entre abril de 2022 y junio de 2023 y entrevistó a casi 300 personas, incluyendo a migrantes y solicitantes de asilo, víctimas de graves abusos, trabajadores humanitarios y autoridades colombianas y panameñas. Entre enero de 2022 y marzo de 2024, los investigadores también realizaron entrevistas telefónicas y virtuales. También analizaron datos e informes de los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos; agencias de la ONU; organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales, regionales y locales; y clínicas jurídicas. En repetidas ocasiones, enviaron solicitudes de información a las autoridades colombianas y panameñas, que en la mayoría de los casos respondieron.
Human Rights Watch identificó que, a ambos lados de la frontera, las autoridades no protegen eficazmente el derecho a la vida y a la integridad física de los migrantes y solicitantes de asilo en tránsito, ni investigan las violaciones a sus derechos de forma efectiva, rápida y exhaustiva. Los esfuerzos para garantizar el acceso a alimentación, agua y servicios básicos de salud han resultado insuficientes, lo que afecta los derechos tanto de la población migrante como los de las comunidades locales que han sido marginalizadas por años y han sufrido altos índices de pobreza y falta de oportunidades.
Los delitos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, incluyendo constantes casos de violencia sexual, normalmente no son investigados ni castigados. La rendición de cuentas por estos abusos es poco frecuente, debido a una combinación de recursos y personal limitados, la falta de una estrategia de investigación penal y la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas.
El 4 de marzo, el gobierno panameño suspendió el trabajo de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el país. El gobierno argumentó que su acuerdo con la organización humanitaria había expirado en diciembre. MSF, que desempeñó un papel crucial en la asistencia a migrantes y solicitantes de asilo en el Darién, incluyendo a cientos de víctimas de violencia sexual, señaló que ha intentado en reiteradas ocasiones renovar el acuerdo.
“Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario a lo que se necesita para abordar la situación en el Tapón del Darién”, afirmó Goebertus. “Las autoridades panameñas deben reconsiderar urgentemente esta decisión para garantizar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, incluyendo las víctimas de violencia sexual”.
Más de medio millón de personas cruzaron el Tapón del Darién en 2023, incluyendo 113.000 niños, niñas y adolescentes. En función del gran número de personas que cruzaron entre enero y febrero de 2024, las autoridades panameñas estiman que es probable que el número de personas que crucen durante el año sea aún mayor.
Durante la travesía por esta inhóspita selva, venezolanos, haitianos y ecuatorianos, pero también personas de continentes como Asia y África, han sufrido graves abusos, incluyendo violencia sexual. Entre abril de 2021 y enero de 2024, MSF dio asistencia médica a más de 1.300 personas por hechos de violencia sexual. Es probable que el número total de víctimas sea aún mayor. Sin embargo, entre enero de 2021 y diciembre de 2023, la Procuraduría General de Panamá informó que sólo había conocido sobre 285 víctimas de violencia sexual.
Decenas, si no cientos, de personas han perdido la vida o han desaparecido durante el cruce. Muchos no han sido encontrados. Aunque la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa que 245 personas desaparecieron entre 2021 y marzo de 2023, es posible que la cifra real sea mucho mayor.
En un caso documentado por Human Rights Watch en octubre de 2022, una pareja venezolana emprendió el viaje junto con sus tres hijos a través de la selva del Darién. En medio de la ardua caminata, un desconocido se ofreció a llevar a su hijo de 6 años para acelerar el viaje. Pronto, el grupo les adelantó, dijo la pareja a Human Rights Watch. Cuando los alcanzaron a la mañana siguiente, el hombre les dijo que su hijo se había ahogado al cruzar el río. Las autoridades tardaron ocho días en iniciar la búsqueda, e Interpol emitió una alerta por su desaparición más de un mes después. Hasta la fecha, el niño sigue desaparecido.
Los investigadores de Human Rights Watch identificaron que Colombia carece de una estrategia clara para garantizar los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién. La escasa presencia estatal en la región deja a estas personas en manos del Clan del Golfo, un grupo armado fuertemente involucrado en narcotráfico, que controla el flujo de migrantes y solicitantes de asilo y se beneficia de su desesperación y vulnerabilidad.
El gobierno panameño aplica una estrategia de “flujo controlado” (o “flujo humanitario”) que parece centrada en restringir el movimiento de estas personas dentro de Panamá y asegurar que lleguen rápidamente a Costa Rica, en lugar de atender sus necesidades o garantizar que puedan solicitar refugio.
Tanto Colombia como Panamá deberían nombrar a un alto funcionario o asesor encargado de coordinar la respuesta al aumento de la migración a través del Tapón del Darién. Igualmente, deberían reforzar la cooperación entre los dos gobiernos, así como con las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias que operan en la zona.
Ambos gobiernos deberían trabajar con las organizaciones humanitarias y las comunidades locales para establecer un mecanismo conjunto de rescate de personas desaparecidas en el Tapón del Darién y de identificación y recuperación de los cuerpos de personas fallecidas en la selva. También deberían redoblar sus esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar la violencia sexual contra migrantes y solicitantes de asilo, aumentando la capacidad forense en la región, dando prioridad a las investigaciones de estos casos y abordando los obstáculos que dificultan a las víctimas denunciar los delitos. En colaboración con las organizaciones humanitarias, los gobiernos deberían reforzar la asistencia médica, incluyendo psicológica, a las víctimas.
La situación en el Tapón del Darién exige un esfuerzo más amplio de toda la región. Los gobiernos latinoamericanos y de Estados Unidos deberían revertir las medidas que están impidiendo el acceso a refugio y que llevan a las personas a cruzar lugares peligrosos como el Darién. Estos gobiernos deberían honrar el 40° aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984, un histórico instrumento internacional sobre los derechos de las personas refugiadas en América Latina, al adoptar conjuntamente nuevas políticas migratorias que sean respetuosas de los derechos humanos.
“Estados Unidos y los gobiernos de la región no deberían dejar solos a Colombia y a Panamá frente a los desafíos del Tapón del Darién”, dijo Goebertus. “Por el contrario, deberían apoyar los esfuerzos dirigidos a asistir y proteger a los migrantes y solicitantes de asilo, y deberían ofrecer opciones para garantizar que nadie se vea obligado a arriesgar su vida en la selva”.
