(Washington, DC) – Las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas han usado las medidas para contrarrestar la propagación del Covid-19 como una excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población, señaló hoy Human Rights Watch.
Desde que se declaró el estado de excepción para combatir el Covid-19 a mediados de marzo de 2020, las autoridades venezolanas han detenido en forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican al gobierno de Nicolás Maduro. A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en una “ley contra el odio” absurda y excesivamente amplia, y son procesados por un poder judicial sin la más mínima independencia. A los abogados de los acusados se les concede un acceso muy limitado a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al cierre de tribunales por el Covid-19. Algunos detenidos han sufrido abusos físicos que podrían constituir torturas.
El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal”.
El 13 de marzo, Nicolás Maduro decretó un estado de “excepción y alarma” en todo el país y dispuso medidas para limitar la propagación del Covid-19, incluyendo restricciones a la circulación, la suspensión de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas. Maduro prorrogó el estado de excepción cinco veces, superando el límite constitucional de 60 días. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no aprobó las medidas, aunque la ley exige tal aprobación.
El decreto autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar “inspecciones” cuando las “estimen necesarias” si existe una “fundada sospecha” de que se están violando las disposiciones del decreto. En la práctica, quienes se encargan de que la población cumpla con las medidas de cuarentena son las Fuerzas Armadas; la policía, incluida la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que han estado implicadas en ejecuciones extrajudiciales; y grupos armados partidarios del gobierno conocidos como “colectivos”, que colaboraron con las fuerzas de seguridad en las arremetidas contra opositores en 2014 y 2017.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó en julio que hubo una “aplicación discrecional” del estado de emergencia por parte de militares, fuerzas del orden y autoridades locales. La Oficina de la ACNUDH ha documentado, asimismo, que los colectivos han intimidado y atacado a opositores políticos, manifestantes y periodistas antes y durante la pandemia, y han controlado el cumplimiento de las medidas de confinamiento en zonas populares. Igualmente, organizaciones locales han documentado que agentes de las fuerzas de seguridad detuvieron en forma arbitraria a quienes no usaban mascarillas o estaban reunidos en grupos en la calle, y que los colectivos han golpeado y torturado a civiles presuntamente por haber incumplido medidas de cuarentena.
A partir de un análisis de casos reportados por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación venezolanos, Human Rights Watch identificó casos en los cuales 162 personas habrían sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre marzo y junio. La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que hubo 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio. Entre mayo y agosto, Human Rights Watch entrevistó a través de WhatsApp a víctimas y sus familiares y/o abogados en ocho casos. Sus testimonios y las pruebas que los corroboran coinciden con lo señalado por otras organizaciones.
Las investigaciones de Human Rights Watch revelaron que las autoridades han hostigado, detenido y procesado a opositores políticos, incluyendo varios legisladores, periodistas que publican información crítica, trabajadores de la salud que cuestionan el manejo de la pandemia por las autoridades y abogados de derechos humanos que brindan apoyo legal a manifestantes que protestan contra la falta de agua, combustible o medicamentos. Agentes de las fuerzas de seguridad también han confiscado teléfonos celulares y computadoras portátiles de periodistas, a quienes han obligado a borrar fotografías o grabaciones de video.
En algunos de los casos reportados los detenidos sufrieron abusos, incluyendo agresiones verbales y físicas, golpizas y haber sido esposados por períodos prolongados. En un caso que documentó Human Rights Watch, ocurrido en marzo, un defensor de derechos humanos que había sido detenido mientras asistía a manifestantes fue esposado a una columna dentro de un destacamento militar durante cinco horas. No le proporcionaron comida ni agua; tampoco le permitieron usar un baño ni llamar a sus familiares. Un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana lo golpeó en la cabeza y en la mano con una botella de agua congelada y le dijo que no merecía vivir.
En otro caso, del mes de abril, policías mantuvieron a un abogado esposado a una tubería metálica por dos horas, bajo el sol, en el patio de un centro de detención. El abogado había sido detenido por expresar críticas contra autoridades locales en sus redes sociales. Luego de esto, le negaron el acceso a un baño por 26 horas.
En numerosos casos reportados desde el inicio del estado de excepción, las personas que compartieron o publicaron información en redes sociales cuestionando a funcionarios públicos o criticando políticas públicas fueron acusadas de incitación al odio o a delinquir. Una ley contra el odio de 2017, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, contiene disposiciones imprecisas que prohíben los “mensajes de intolerancia y odio” publicados en medios de comunicación o redes sociales. Los delitos acarrean una pena de hasta 20 años de prisión. En varios casos, se les han imputado delitos de posesión de armas o “agavillamiento” (asociación ilícita) a opositores políticos, a partir de pruebas que habrían sido plantadas para incriminarlos.
Debido a la pandemia, los tribunales funcionan con un cronograma limitado. Esto ha generado demoras en la tramitación de liberaciones y en el acceso a expedientes por parte de los abogados defensores. Las medidas para contrarrestar la pandemia también han sido utilizadas para justificar detenciones sin órdenes judiciales. La justicia prohibió a varios detenidos bajo arresto domiciliario que usaran redes sociales o se refirieran a “asuntos del Estado”, una medida que viola su derecho de libertad de expresión.
Las detenciones, los procesos penales arbitrarios y los abusos contra detenidos que han ocurrido desde la declaración del estado de excepción siguen el mismo patrón que los abusos sistemáticos perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad que Human Rights Watch ha documentado en las brutales arremetidas contra opositores desde 2014.
El derecho internacional prohíbe limitar ciertos derechos fundamentales incluso durante períodos de emergencia. Estos incluyen el derecho a la vida, la prohibición a la tortura y los maltratos, el derecho a un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria y el derecho a la revisión judicial de las detenciones. Toda restricción de otros derechos debe estar prevista en la ley y debe resultar necesaria y proporcional a la amenaza que supone la pandemia.
Diversos expertos en derechos humanos de la ONU han destacado que los gobiernos no deben emplear el estado de excepción por el Covid-19 para actuar contra determinados grupos o encubrir acciones represivas. “Las restricciones impuestas para responder al virus deben responder a objetivos legítimos de salud pública y no deben usarse solamente para acallar el disenso”, manifestaron los expertos de la ONU.
A continuación, se presenta una selección de casos analizados por Human Rights Watch.
Henderson Maldonado, 30 años, abogado de derechos humanos
El 31 de marzo, cerca de 200 pacientes con enfermedades renales y cáncer formaban fila frente al Destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Barquisimeto, estado Lara. Estaban intentando obtener tickets que les permitirían conseguir combustible, un bien escaso en Venezuela.
Alertado por un amigo que algunos pacientes no estaban recibiendo tickets y que la policía había herido a uno de ellos, el abogado Henderson Maldonado, de 30 años, miembro de la organización no gubernamental Movimiento Vinotinto, llegó al lugar aproximadamente a las 2:30 p.m., según contó a Human Rights Watch. Maldonado quería dar seguimiento a la situación y brindar asesoramiento legal, de ser necesario. Habló con una mujer que estaba llorando porque su hijo, un paciente de cáncer, no había podido conseguir el combustible necesario para viajar y recibir tratamiento. Maldonado grabó el testimonio de la mujer en video, con la intención de difundirlo en redes sociales.
Una hora más tarde, un agente de la Guardia Nacional Bolivariana se acercó a Maldonado y exigió que le entregara su teléfono y su identificación. Maldonado alcanzó a llamar al Movimiento Vinotinto antes de que los agentes se lo llevaran a la sede central de la Guardia Nacional, donde lo rodearon cerca de 10 agentes. Cuando Maldonado explicó que era un defensor de derechos humanos que trabajaba para una organización no gubernamental, el coronel Franklin Meléndez empezó a golpearlo en el rostro, lo acusó a gritos de maldito, desgraciado y persona apátrida, y ordenó a los agentes que lo esposaran a una columna. El Movimiento Vinotinto ha presentado una denuncia penal contra el coronel Meléndez.
Maldonado dijo que no le dieron comida ni agua y que no le permitieron usar un baño ni llamar a sus familiares durante las cinco horas que estuvo esposado. Un agente lo golpeó en la cabeza y en la mano con una botella de agua congelada y le dijo que no merecía vivir. Otros agentes amenazaron con incriminarlo en la comisión de delitos sembrándole cobre. La posesión de cobre constituye un delito en Venezuela, puesto que el gobierno ha declarado el metal un material “estratégico” para la industria nacional.
El director del Movimiento Vinotinto y un representante de la Defensoría del Pueblo pudieron visitarlo después de las 5 p.m. Maldonado contó que pasó la noche en una celda en condiciones insalubres, y que estaba repleta de envases de gasolina. Los guardias lo alumbraban y golpeaban la puerta para mantenerlo despierto.
Al día siguiente, funcionarios lo trasladaron dos veces al Juzgado Primero del Municipio Iribarren antes de una audiencia programada para las 4 p.m. Tras imputarle los delitos de resistencia a la autoridad e instigación pública a la violencia, fue liberado con la condición de que se presentara cada 30 días ante el tribunal.
La investigación en contra de Maldonado se ha suspendido, pero podría reabrirse.
Iván Virgüez, 65 años, abogado de derechos humanos
El 18 de abril, dos policías locales en Chivacoa, estado Yaracuy, interceptaron en la calle al abogado venezolano Iván Virgüez, de 65 años, y le dijeron que los siguiera hasta la comandancia de la policía. Virgüez es presidente de la organización local de derechos humanos DantaKultura. En sus redes sociales, Virgüez había criticado a los gobiernos nacional y local por su manejo de la pandemia y por la escasez de combustible.
Luego de mostrarle una de sus propias publicaciones en Facebook en un teléfono celular, un comandante en la jefatura de policía le informó a Virgüez que estaba detenido. En la publicación, Virgüez había expresado preocupación por la decisión de las autoridades de alojar a retornados venezolanos procedentes de Colombia en un centro de cuarentena en la localidad de Bruzual. Había instado a la alcaldesa de Bruzual, Carmen Victoria Suárez, y al gobernador de Yaracuy, Julio León, ambos pertenecientes al partido de Maduro, a abordar con seriedad el riesgo de propagación del Covid-19. Previamente, Virgüez había manifestado preocupación respecto a la escasez de combustible.
La policía lo esposó a una tubería metálica suspendida a 60 centímetros del suelo en el patio del centro de detención, bajo el sol, durante dos horas. El abogado de Virgüez visitó al jefe de policía de Yaracuy, pero las autoridades no le permitieron reunirse con Virgüez.
Los agentes no permitieron que Virgüez usara un baño. Pasó la noche esposado sobre un colchón sucio.
La sobrina de Virgüez pudo visitarlo al día siguiente, pero para entonces ya había estado 26 horas esposado sin poder usar un baño. Lo halló sufriendo un fuerte dolor de vejiga. El jefe de policía dispuso su traslado a un hospital, donde profesionales de la salud pudieron atenderlo poco antes de que sufriera un daño permanente en la vejiga.
Virgüez fue trasladado a la comandancia de patrulleros urbanos luego del tratamiento, y esa noche la policía lo retuvo en una celda de menos de 16 metros cuadrados con otras siete personas.
Después de dos días de detención, presentaron a Virgüez ante la justicia y le imputaron los delitos de desorden público, desacato, difamación de autoridades e instigación a la rebelión. Sigue bajo arresto domiciliario y sólo se le permite salir por motivos médicos, con autorización policial.
Invocando restricciones vinculadas con la pandemia, las autoridades han negado a los abogados de Virgüez acceso a su expediente penal y al fiscal asignado al caso.
Darvinson Rojas, 25 años, periodista
Darvinson Rojas, de 25 años, es un periodista independiente y miembro de Monitor de Víctimas, una organización que reúne información sobre ejecuciones extrajudiciales y otros abusos cometidos por las fuerzas policiales en zonas de bajos recursos de Caracas. Cuando las autoridades declararon la cuarentena y el estado de excepción en todo el país a mediados de marzo, Rojas empezó a investigar y publicar en internet información relacionada con el Covid-19.
El 20 de marzo, Rojas informó a través de Twitter que había 47 casos confirmados de Covid-19 en el estado Miranda, que limita con el Distrito Capital. Se basó en información proporcionada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez; el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez; el alcalde de Los Salias, uno de los 21 municipios de Miranda; y notas periodísticas.
La noche siguiente, cerca de cinco agentes de FAES se presentaron en la vivienda de Rojas sin mostrar una orden de allanamiento ni otro tipo de orden judicial. Uno de los agentes le dijo a Rojas que habían recibido una llamada anónima denunciando un caso de Covid-19 en su domicilio. Rojas relató los acontecimientos a medida que ocurrían, a través de redes sociales y mensajes a varias personas, a quienes envió notas de voz.
Los agentes golpearon en la cabeza al padre de Rojas, empujaron a su tía al piso y amenazaron con confiscar los teléfonos celulares de los vecinos que grabaran lo que sucedía. Se llevaron computadoras y teléfonos celulares, que todavía no han sido devueltos.
Llevaron a Rojas y a sus padres hasta una dependencia de FAES en el vecindario de Caricuao y liberaron a sus padres al llegar allí. A Rojas le preguntaron cuáles eran las fuentes de los datos que difundía a través de tuits. Aunque habían dicho que había una supuesta denuncia de un caso de Covid-19 en su domicilio, nunca le realizaron una prueba de detección.
Tras horas de búsqueda en distintas dependencias policiales en las cuales les negaban información, los familiares de Rojas finalmente lo encontraron en la sede de Caricuao al día siguiente, cerca del mediodía. Pero cuando regresaron el día siguiente ya no estaba allí, y las autoridades no les informaron que se encontraba en una audiencia judicial.
A Rojas le imputaron el delito de incitación al odio, acusándolo de publicar información falsa con la intención de desestabilizar al gobierno. Un juez autorizó su libertad condicional, pero el procedimiento de liberación avanzó lentamente porque las oficinas judiciales sólo están abriendo cada 10 días durante la pandemia. Rojas fue liberado el 2 de abril. Un equipo de defensores de la organización por la libertad de prensa Espacio Público asumió su caso el 22 de abril, pero todavía no han podido consultar el expediente penal ni las pruebas.
Rojas está a la espera de una imputación formal. Con la pandemia, este proceso puede tardar más de los ocho meses que prevé la ley.
Andrea Sayago, bioanalista
El 3 de abril, la bioanalista Andrea Sayago realizó pruebas de rutina en el primer paciente diagnosticado con Covid-19 que llegó al Hospital Pedro Emilio Carrillo en la ciudad de Valera, estado Trujillo. A fin de alertar a colegas y al hospital para que adoptaran todas las medidas correspondientes para evitar la propagación del virus, Sayago envió un mensaje de WhatsApp a varios compañeros y una fotografía de los resultados de las pruebas, en los que identificaba al paciente por su nombre. Su mensaje, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, circuló ampliamente a través de redes sociales.
Al día siguiente, los directores del hospital presionaron a Sayago para que renunciara, no por haber vulnerado el derecho a la privacidad del paciente afectado, sino porque consideraban que sus mensajes constituían actos de terrorismo. En vez de observar el procedimiento administrativo establecido para sancionarla, los directores la obligaron a renunciar y le indicaron que, de no hacerlo, sería detenida y procesada.
Luego de que renunciara, aparentemente en un intento de intimidarla, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) la llevaron a su dependencia, donde la interrogaron durante varias horas antes de liberarla.
Sin embargo, Sayago fue detenida sólo después de que la esposa del gobernador del estado Trujillo, Jacqueline Peñaloza de Range, perteneciente al partido de Maduro, pidiera que fuera castigada. Peñaloza también preside Fundasalud, una alianza público-privada que administra varios sistemas de servicios de salud. Agentes de inteligencia llevaron a Sayago hasta la sede de su institución, donde la retuvieron durante dos días.
En una audiencia judicial que tuvo lugar el 6 de abril, se acusó a Sayago de uso indebido de información privilegiada a cargo de un funcionario público y se le otorgó el arresto domiciliario.
Sayago y sus abogados no han tenido acceso al expediente debido a las restricciones adoptadas por la pandemia, según les manifestaron las autoridades.
Junior Pantoja, 58 años, ex concejal municipal de la oposición
Junior Pantoja, de 58 años, miembro del partido opositor Primero Justicia y ex concejal municipal de Petare, una zona de bajos recursos en el estado Miranda, fue detenido el 8 de mayo. Pantoja administra cuatro comedores populares de la organización no gubernamental Alimenta la Solidaridad, donde comen 200 niños y niñas cada día. La visibilidad pública de Pantoja creció luego de que el dirigente opositor Juan Guaidó visitara uno de los comedores que Pantoja gestionaba en abril de 2019.
Durante un operativo policial presuntamente realizado para encontrar a líderes de pandillas que se disputaban el control del barrio José Félix Ribas en Petare, agentes de FAES, la Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron a Pantoja en su vivienda, según indicaron testigos. No presentaron una orden judicial.
Pantoja fue imputado en una audiencia que tuvo lugar al día siguiente. Los agentes supuestamente encontraron cinco municiones en el bolsillo izquierdo de su camisa. Los abogados de Pantoja y un testigo afirman que los agentes plantaron las municiones durante la detención para incriminarlo.
Pantoja es diabético y perdió el brazo izquierdo en un accidente. Durante los 46 días que estuvo en prisión preventiva en la sede del CICPC en el El Llanito, sufrió anemia, ansiedad e hinchazón en las piernas debido a un problema renal, según lo indicó una fuente que vio los informes médicos. Las autoridades lo llevaron al hospital en varias oportunidades, pero le negaron su solicitud de arresto domiciliario, según informan sus abogados y familiares.
El 24 de junio, tras analizar pruebas y testimonios presentados por la defensa, un juzgado penal de Caracas sobreseyó a Pantoja y determinó que no había evidencia que justificara continuar con el proceso.
Pantoja falleció el 23 de agosto, tras complicaciones respiratorias que agravaron su delicado estado de salud.
Marco Antoima, periodista
El 20 de junio, las autoridades venezolanas arrestaron al periodista de televisión Marco Antoima, que había sido director de prensa de la red Venevisión hasta ser obligado a renunciar a ese puesto en 2017 por, según sospecha, haberse opuesto a la censura.
En la mañana de su detención en el vecindario Los Palos Grandes de Caracas, Antoima recibió una llamada telefónica de su ex esposa, quien le dijo que agentes del CICPC se habían presentado en la vivienda de ella buscándolo.
Antoima habló con un fiscal y acordó reunirse con los agentes del CICPC en un centro comercial para hablar del caso. Los agentes se presentaron acompañados de su ex esposa, lo detuvieron y lo condujeron hasta su vivienda, donde confiscaron algunos de sus artículos personales, incluida una computadora portátil y un teléfono celular.
Luego de ser retenido dos días en la sede del CICPC, Antoima fue acusado de incitación al odio, según lo previsto en la ley contra el odio de 2017, supuestamente por haber manejado perfiles en redes sociales con la intención de extorsionar y difamar a partidarios del gobierno.
Otros tres periodistas están siendo investigados por los mismos cargos. El CICPC detuvo a Mimi Arriaga el 18 de junio. Los otros periodistas, Rita Di Martino y Rafael Garrido, que no viven en Venezuela, no han sido detenidos.
Es posible que los cargos se vinculen con una investigación anterior. Hace diez años, un agente del CICPC interrogó en dos oportunidades a Antoima en relación con perfiles de Twitter que supuestamente manejaba, incluyendo VVperiodistas, que desde entonces se ha suspendido, y VVsincensura. Inicialmente, los perfiles mostraron la censura dentro de Venevisión, un canal donde no se manifestaban críticas al gobierno venezolano, y luego comenzaron a expresar críticas al gobierno. En ese momento, Antoima fue acosado y amenazado a través de redes sociales y por periodistas oficialistas. En los últimos años, no ha sido interrogado en relación con esas cuentas. Sin embargo, el 1° de junio, el periodista partidario del gobierno Esteban Trapiello sostuvo en Twitter que había nexos entre los cuatro periodistas investigados y VVperiodistas.
Antoima cumple detención domiciliaria a la espera de un juicio y se le ha prohibido salir del país o hablar sobre el caso. Sus abogados han tenido acceso limitado al expediente.
Otros casos consistentes
Las fuerzas de seguridad cometían graves abusos en Venezuela incluso antes del estado de excepción. En su informe de julio, que analizó la situación de los derechos humanos en Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020, la Oficina de la ACNUDH indicó haber documentado 16 presuntos casos de tortura y maltratos, y señaló que el número real de casos podría ser “significativamente más elevado”. Los casos documentados incluyen golpizas violentas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas en párpados y genitales, exposición a frío extremo o luz blanca constante, estar esposado por períodos prolongados y amenazas de muerte. La Oficina de la ACNUDH recibió señalamientos de que, en algunos casos, se emitieron certificados médicos falsos o imprecisos que no hacían constar los signos de tortura.
Organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos y medios de comunicación han informado sobre detenciones y procesamientos similares a los que ha documentado Human Rights Watch durante la pandemia. Algunos ejemplos son los siguientes:
El 30 de marzo, agentes de FAES detuvieron durante varias horas a Andrea Bianchi, pareja de Rafael Rico, miembro de Voluntad Popular, según el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ). Los familiares indicaron que fue golpeada, obligada a desnudarse y amenazada con ser víctima de abuso sexual. Eventualmente fue liberada al lado de una autopista. Agentes de esta fuerza habían golpeado a familiares suyos previamente esa mañana, al presentarse en la vivienda de Bianchi preguntando por ella.
En los medios de comunicación se informó que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al médico Julio Molino, de 72 años, por expresar que el Hospital Núñez Tovar, en el estado Monagas, no estaba preparado para tratar a pacientes de Covid-19. Permaneció detenido tres días en una dependencia del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS). El 19 de marzo se lo acusó de incitación al odio, agavillamiento y generar zozobra en la comunidad.
El Foro Penal informó que, en la madrugada del 2 de abril, al menos 15 agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ingresaron por la fuerza en la vivienda de la contadora Maury Carolina Carrero y la detuvieron por supuestos vínculos con la presidencia interina de Juan Guidó. Los agentes interrogaron a Carrero sobre Luis Somaza, exconcejal de un municipio del estado Miranda, para quien había trabajado. Su familia no pudo dar con su paradero por casi dos días. Se la acusó de asociación para delinquir y ocultamiento de arma de fuego.
El medio peruano 360 Grados Internacional informó la detención, ocurrida el 25 de marzo, de su corresponsal en Caracas, Yarnaldo Tovar, quien fue agredido verbal y físicamente por policías nacionales frente al Hospital Periférico de Coche en Caracas, por dar cobertura periodística a casos de Covid-19 y al estado del sistema de salud.
El 13 de julio, el medio Crónica Uno informó que agentes del CICPC y la DGCIM detuvieron a Nicmer Evans, quien dirige el medio Punto de Corte, que tiene una postura crítica contra el gobierno. Los agentes también detuvieron a su abogado, Álvaro Herrera. El tribunal dispuso la prisión preventiva de Evans y lo acusó de incitación al odio, en relación con comentarios que había hecho criticando a Maduro y al canal de televisión oficialista Globovisión.
Espacio Público informó que el 19 de marzo agentes de SEBIN detuvieron a la enfermera Ligia Margarita Gamboa luego de que revelara, en un video de WhatsApp, que el Hospital Periférico de Coche, en Caracas, se había negado a tratarla aunque presentaba síntomas de Covid-19. Gamboa fue imputada por terrorismo.
Policías de Caracas detuvieron por un breve período a Ariadna García y Tairy Gamboa, periodistas de Crónica Uno,mientras cubrían que personas estaban comprando en el mercado de Catia, en el estado Sucre, durante la cuarentena dispuesta por el gobierno, informó Espacio Público. La policía las obligó a borrar el video que habían grabado.
Agentes de la Guardia Nacional Bolivariana arrestaron a Arnaldo Sumoza, director de un canal de televisión local,mientras cubría la falta de agua en el estado Guárico el 14 de abril, según Efecto Cocuyo. Sumoza fue procesado por “alteración del orden público”.
El 23 de julio, varios medios de comunicación y Espacio Público informaron que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana arrestaron al periodista Carlos Julio Rojas mientras cubría una manifestación frente al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) en Caracas. Rojas afirmó que fue retenido durante ocho horas y que agentes de las fuerzas de seguridad le robaron su teléfono celular, que contenía fotografías y videos de la protesta.
Gabriel Arangueren, director del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef) estuvo detenido varias horas el 23 de abril por haber entregado mascarillas en nombre de este centro, indicó la organización no gubernamental Front Line Defenders.
