Desde las 9 de la maña del día de hoy hasta las 11 am se estarán realizando dos audiencias públicas en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. En la primera se estará debatiendo sobre la persecución política en Venezuela. Y en la segunda que inicia a las 10:15 sobre Defensa, Doctrina de Seguridad Nacional y violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos y defensores de derechos humanos en el país. Dos temas inter relacionados si consideramos que en nombre de la Seguridad Nacional se desarrolla desde hace varios años una intensa persecución contra la disidencia política y lideres sociales.
Detención de parlamentarios de la Asamblea Nacional, de dirigentes políticos de diversos partidos, ex militantes del PSUV o ex funcionarios de gobierno de Hugo Chávez que han asumido una opinión crítica, dirigentes sindicales y estudiantiles, han sido detenidos y encarcelados. Un número importante se vio forzado a salir al exilio como consecuencia de la represión.
Maduro que asumió ser un dictador desde que consideró no tenía ninguna opción de volver a ganar elecciones, se ha empeñado en debilitar a la oposición política desatando una intensa represión con detenciones arbitrarias sistemáticas. Esa represión se ha extendido a líderes sindicales como es el caso del sindicalista Rubén González hoy preso en la cárcel de la Pica, estado Monagas procesado en la justicia militar.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas Michelle Bachelet en su Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela presentando ante el Consejo de Derechos Humanos el pasado 04 de julio expresó:
«30. Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional . Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno. Esta tendencia se ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático.»
Esa preocupación también ha sido expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Institucionalidad democrática,
Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela, Informe País 2017 indicó:
«En Venezuela, quienes disienten con el Gobierno sufren serias represalias, como se constata en las frecuentes detenciones y destituciones a alcaldes,
gobernadores, diputados y opositores en general»
Igualmente expresó:
«Es inaceptable para la CIDH el número de personas muertas y detenciones producidas en el marco de operativos para reprimirlas arbitrariamente.
Miles de personas fueron detenidas por manifestarse públicamente. La mayoría de estas detenciones se realizaron sin orden judicial ni flagrancia,
de camino, durante o luego de una manifestación, o incluso sin participar en ellas, por el simple hecho de ser consideradas como partidarias de la oposición»
Un sector particularmente reprimido y que su situación es necesario resaltar cada día más, es la de las personas identificadas como chavistas críticos.
El gobierno que de facto que usurpa el poder en Venezuela ha perseguido, detenido y encarcelado también a personas que política e ideológicamente se identifican como chavistas. Ese chavismo crítico (como se autoidentificaron inicialmente quienes cuestionaron al gobierno desde su propio movimiento de apoyo) es víctima de las estrategias que el gobierno implementa contra sus opositores: Objetos de campañas de criminalización y desprestigio; víctimas de reformas jurídicas que limitaron su derecho a la libre asociación y reunión y, finalmente, acoso, persecución, violaciones a su integridad física y detenciones arbitrarias.
Algunos de ellos han ocupado altos cargos, como es el caso del ex ministro del interior Miguel Rodríguez Torres detenido desde el 13 de marzo de 2018 cuando dictaba una conferencia y actualmente encarcelado en condiciones de aislamiento de una cárcel especial nueva en el Complejo Militar de Fuerte Tiuna. A otros se les ha obligado a salir al exilio como es el caso de Rafael Ramírez ex ministro de Energía y Minas y ex presidente de Petróleos de Venezuela la principal industria del país o el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela Germán Ferrer.
Activistas comunitarios, dirigentes sindicales, dirigentes indígenas que se identifican dentro de esa corriente del chavismo crítico también sufren de la persecución. Varios dirigentes sindicales que han expresado públicamente su inconformidad con la política económica y social del gobierno, han sido despedidos de sus centros de trabajo. Es el caso del economista y profesor de la Universidad Bolivariana de Venezolana Manuel Sutherland despedido por sus escritos críticos a las políticas económicas que implementaba el gobierno. El trabajador Pablo Jiménez quien denunció hechos de corrupción en el organismo público donde trabajaba, fue despedido y su vivienda allanada de manera ilegal.
Los medios públicos del Estado se utilizan con frecuencia para desacreditar y en algunos casos amenazar a quienes desde las filas de los partidos que apoyan a Nicolás Mauro se atreven a expresar de manera pública su inconformidad frente a toda su política o medidas parciales. Ser crítico desde las filas de quienes se definen chavistas es un riesgo en Venezuela. Esa persecución parece afianzarse en la medida que el descontento social se incrementa.
En 2018 Provea advirtió que debido a la polarización política existente en el país el abuso de poder cometido contra el “chavismo disidente” no tiene suficiente exposición pública. Por eso adelantó una investigación que aún no ha culminado sobre las víctimas y patrones de represión contra este sector político. Este avance de la investigación es el siguiente:
Prensa Provea
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