Para Una Ventana a la Libertad, organización no gubernamental, que desde hace 21 años se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad en las cárceles venezolanas, la masacre ocurrida en el centro de coordinación de la Policía Municipal José Antonio Páez, ubicada en Campo Lindo estado Portuguesa, donde fallecieron 29 reclusos y 26 heridos, siete reos y 19 funcionarios es consecuencia de haber convertido a los calabozos policiales o centros de detención preventiva en cárceles permanentes donde los reos deberían estar por lapsos no mayores de 48 horas, pero sin embargo están allí de manera permanente, en casos hasta 5 años.
Según el Coordinador General de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, tienen varios años denunciando esta situación, sin que, hasta los momentos, ninguna de las autoridades competentes haya hecho nada por solucionar este problema que cada día tiende a agravarse más. Tenemos un aproximado 1100 mil presos en Venezuela de los cuales 55 mil están en alrededor de 500 centros de detención preventiva, viviendo en condiciones infrahumanas, por lo que esta situación trágica vivida en Acarigua, estado Portuguesa puede repetirse en cualquier comento, asevero el experto.
No hay que olvidar que el 28 de marzo del año pasado (2018) ocurrió un hecho similar en la sede de la Policía del estado Carabobo, con un saldo trágico de 69 reclusos fallecidos, sin que hasta la fecha se tengan responsables.
Para Nieto Palma, el gran responsable de estos graves hechos es el Ministerio para el Servicio Penitenciario a través de sus funcionarios, dirigidos por la Ministra Iris Varela que se niegan a cumplir con lo que establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este Ministerio que les da la responsabilidad de velar por los derechos humanos y condiciones de vida de los privados de libertad en Venezuela, independientemente del lugar en que estén recluidos y su condición procesal. Los privados de libertad en Venezuela están bajo la custodia del Estado y este debe garantizar su vida, como claramente lo establece el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional.
Finalmente el Coordinador General de “Una Ventana a la Libertad” solicito al Fiscal General de la Republica realice las investigaciones pertinentes del caso y determinar las razones que produjo esta lamentable masacre, entre ellas el quien ingreso las armas que estaban en poder de los reclusos, así como al Defensor del Pueblo para que se una a esta solicitud de investigación de lo ocurrido como es su función y por ultimo al Ministerio para el Servicio Penitenciario a través de la jefe de esa cartera ministerial Ciudadana María Iris Varela le responda al país porque no está cumpliendo con su función de vigilar la situación de los privados de libertad en Venezuela, independientemente donde estén y su condición procesal como lo establece el ordenamiento jurídico venezolano.
Prensa “Una Ventana a la Libertad”
Información adicional: +00-58-412-9762955
