“Jhonnayli José” zarpó desde Güiria, en el extremo nororiental de Venezuela, la noche del 23 de abril de 2019. La embarcación, un peñero de 10 metros de eslora, trasladaría clandestinamente a 38 personas hasta la vecina Trinidad y Tobago, un destino que se ha hecho frecuente para quienes huyen de la crisis venezolana buscando mejores condiciones de vida, gracias a su cercanía con nuestro país. Sólo cuatro horas de distancia, en peñero, separan a la población venezolana de Güiria de la capital trinitaria Puerto España.
El alto flujo migratorio condujo a la excolonia británica al endurecimiento de su política migratoria. Al menos 40.000 migrantes y solicitantes de refugio venezolanos, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), han ingresado al país, exponiéndose a arrestos y deportaciones. La legislación de la isla les impide trabajar o acceder al sistema escolar oficial, por ello, buena parte de los venezolanos que cruzan los 95,4 km de mar que separan a Puerto España de la costa de Güiria, en el estado Sucre, lo hacen de forma ilegal a través de precarios e improvisados medios de transporte que aumentan exponencialmente los riesgos.
Los 38 pasajeros del “Jhonnayli José” partieron desde el sector La Salina pasadas las 9:00 de la noche del 23 de abril, y recorrieron otras playas del municipio Valdez, antes de tomar rumbo a Trinidad y Tobago. “Esa noche salimos de Guiria a Macuro, más o menos como a las 8:30 de la noche y, al rato, enfilamos hacia Trinidad Y Tobago” dijo uno de los pasajeros de la lancha.
La mayoría de las personas que abordaron la embarcación eran mujeres y menores de 18 años. Una de ellas, la adolescente Luisannys José Betancourt Arias, pudo comunicarse con su mamá minutos antes del zarpe. «Mami me quiero ir, mami ellas me dicen que debo pagarles lo que ellas gastaron en mí», dijo entre llantos a su madre, la señora Ana Arias.
Tras cuatro horas de navegación, el peñero zozobró a la una de la madrugada cerca de la Isla de Patos en el sector Bocas del Dragón, una serie de estrechos que separan el Golfo de Paria del Mar Caribe y cuyas aguas, divididas entre Venezuela y Trinidad y Tobago, son conocidas por su fuerte oleaje y peligrosas corrientes.
La noticia del naufragio llegó a Güiria la noche del miércoles 24 de abril. Al enterarse de lo ocurrido, los pobladores se trasladaron a la sede de la Guardia Costera -un componente adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana-, para pedirles que iniciaran las labores de búsqueda y rescate de los sobrevivientes. “Nos indicaron que no tenían gasolina y la lancha que tenían estaba dañada”, contó a Provea un familiar de una de las víctimas del naufragio.
Ante la negativa, fueron los propios pescadores quienes iniciaron un operativo para dar con los náufragos. De las 38 personas que iban a bordo del peñero, encontraron sólo a 10. Nueve de ellas estaban con vida, mientras que la otra, una adolescente de 16 años había muerto ahogada en las agitadas aguas. Dos días después del hundimiento del “Jhonnayli José”, comenzó la búsqueda oficial. El operativo de la Guardia Costera no arrojó ningún resultado.
Testimonios de los sobrevivientes indican que, al momento de acercarse al lugar del naufragio, el capitán de la lancha cambió el chip de su teléfono y extrajo un tapón al bote. En ese momento, los pasajeros habrían escuchado, a lo lejos, el sonido de motos de agua acercándose al peñero. “Las personas que iban en las motos empezaron a agarrar a las muchachas y muchachos por la fuerza. Algunos nadaban para escapar. Los que querían atrapar a la gente hablaban en inglés y decían ´I am sorry for you´, contó al Ministerio Público uno de los afectados. “La información que manejamos es que fueron abordados por una banda delictiva dedicada a la trata de personas, sin que sepamos nada de ellos hasta los momentos”, relató a Provea el familiar de uno de los pasajeros desaparecidos.
Un año después de lo ocurrido, se desconoce el paradero de 28 pasajeros. Los familiares de los desaparecidos han insistido ante el Ministerio Público y las autoridades policiales para que se investiguen los hechos, pero hasta ahora no obtienen respuestas. “Hemos tenido conocimiento de allanamientos por parte de las autoridades judiciales de la isla de Trinidad y Tobago, para desmantelar las bandas de trata de blancas, y hay mujeres adolescentes y adultas que han sido identificadas y reconocidas por ellos, sin embargo, el Estado venezolano ha hecho caso omiso a estos avances en las investigaciones y sentimos más bien que acá continúan obstaculizando las investigaciones por la cantidad de funcionarios policiales y militares que estarían involucrados en estos graves crímenes”, dijo a Provea otro de los afectados.
Un denominador común
Al menos 85 personas desaparecieron tras abordar tres embarcaciones en 2019. Junto a los pasajeros del “Jhonnayli José”, el paradero de quienes viajaban en la embarcación “Ana María” desde Güiria a Trinidad y Tobago el 16 de mayo de 2019, y otra lancha sin nombre que partió el 7 de junio de 2019 de La Vela de Coro, en Falcón con destino a Aruba, es desconocido. Los tres casos tienen un denominador común: las extrañas circunstancias en las que se produjeron las desapariciones y la ausencia de respuesta estatal.
Los familiares de los desaparecidos se han organizado en el Comité Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada en Altamar, para promover acciones de exigibilidad y solidaridad entre los afectados. El pasado 20 de febrero realizaron una concentración en la sede del Ministerio Público en Caracas, para instar al organismo a que investigue los hechos y determine las responsabilidades.
En un documento dirigido al señor Tarek William Saab, titular de facto de la Fiscalía General de la República, solicitaron una investigación imparcial, independiente y transparente que involucre todos los hechos relacionados con los casos ocurridos. Hasta ahora siguen sin respuestas. Sin embargo, una comisión especial designada por la Asamblea Nacional (AN) para investigar el naufragio de “Jhonnalys José” y la desaparición del bote “Ana María” determinó que hay funcionarios públicos venezolanos involucrados en los hechos.
Las semejanzas entre los tres casos de desapariciones en altamar ocurridos durante 2019, cimientan las sospechas de los familiares sobre la existencia de una red vinculada a la trata de personas, que se aprovecha de cientos de personas que huyen del hambre y la pobreza en Venezuela.
Pero un nuevo caso de naufragio y desaparición de personas -presuntamente ocurrido el pasado 17 de marzo de este año-, elevaría la cifra de desaparecidos en altamar. De acuerdo a una denuncia recibida por Provea en días recientes, 18 personas se encontrarían desaparecidas luego que la embarcación en la que se trasladaban clandestinamente a Aruba, zozobró cerca de las costas de ese país. De acuerdo a la información aportada por los denunciantes, una de las cuatro personas que habrían sobrevivido al naufragio relató: “a eso de las 8 de la noche vino una ola inmensa que pudieron pasar y cuando vino otra más grande se apagaron los motores y empezó a entrar agua y a hundirse la embarcación”. Seis personas estarían detenidas en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Carirubana, en Falcón, pero hasta la fecha se desconoce el paradero de 18 de pasajeros. El Comité Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada en Altamar, ha acogido a estos nuevos denunciantes para brindarles apoyo y orientarlos en base a su propia experiencia
V de Venezuela
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, alertó en noviembre pasado que los riesgos para los migrantes de América Latina habían aumentado durante 2019, al punto de convertirlo en el año más mortal para quienes cruzan las rutas migratorias del continente.
Durante la presentación de su informe titulado Proyecto Migrantes Desaparecidos, Joel Millman, portavoz de la OIM advirtió sobre el aumento de muertes y riesgos para los migrantes que cruzan las rutas de El Caribe, atribuyendo el incremento al éxodo venezolano, “este aumento se explica con una sola palabra que empieza por V: Venezuela”, dijo Millman.
El portavoz indicó que hay más de cuatro millones de venezolanos recorriendo las rutas migratorias de América Latina y el Caribe, y ello se traduce en un repunte en el número de víctimas mortales y en los riesgos que atraviesan los migrantes, quienes están expuestos a toda clase de abusos por parte de las economías criminales que controlan los corredores migratorios.
Lamentablemente, la situación empeorará en tanto no se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades en situaciones como la ocurrida con los pasajeros del “Jhonnalys José”, y los Estados de la región no promuevan medidas efectivas que garanticen una migración transparente y regular, que arrebate el control de las rutas migratorias a los grupos criminales, y reconozca plenamente los derechos de quienes escapan del hambre y la violencia impuestas por la dictadura venezolana.
Prensa Provea
