Ocho instancias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron una comunicación a Nicolás Maduro en la que denuncian las precarias condiciones de detención en el país.
Entre los firmantes se encuentran el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, la Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.
El documento detalla múltiples violaciones de derechos humanos en los centros de detención venezolanos, incluyendo hacinamiento extremo, tratos crueles e inhumanos, y la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, alimentos y atención médica especializada. Los expertos señalan que estas condiciones empeoraron desde las elecciones presidenciales del 28 julio 2024.
Sistema penitenciario desbordado
En su comunicación, los relatores advierten que solo en 2023 había más de 29.500 personas privadas de libertad en Venezuela, mientras que la capacidad real de los centros penitenciarios era de apenas 17.000 lugares, lo que dio como resultado una tasa de hacinamiento del 173 %: “Los centros de detención en Venezuela, tanto preventivos como penitenciarios, presentarían condiciones de detención inadecuadas, de manera sistemática, lo cual sería un obstáculo para garantizar una atención médica adecuada, condiciones sanitarias adecuadas y la seguridad alimentaria de las personas privadas de libertad”, destaca el texto.
Además, los centros de detención preventiva, concebidos para retenciones de no más de 48 horas, han sido utilizados como espacios de encarcelamiento de largo plazo. Algunas personas han permanecido en ellos por más de 10 años. Lugares careciendo de ventilación, luz natural y acceso regular al agua potable, lo que ha generado brotes de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, además de malnutrición por falta de una aliemtación balanceada.
Rodeo I
La cárcel de máxima seguridad, Rodeo I, es citada en el documento como una de las instalaciones más preocupantes. Desde su reapertura en 2024, se reportan condiciones inhumanas para los reclusos, quienes enfrentan aislamiento prolongado, restricciones arbitrarias para recibir visitas y acceso limitado al patio. “Las comidas serían suministradas dentro de las celdas de detención, donde las personas privadas de libertad también deben hacer sus necesidades fisiológicas en una letrina”, señala la comunicación.
Estas condiciones han ocasionado infecciones cutáneas, diarrea aguda y deshidratación. Además, a muchos reclusos se les niega el traslado a audiencias judiciales, limitando su participación a sesiones virtuales realizadas desde el propio centro.
Denuncias de tortura y violencia de género
El documento recoge denuncias de tortura y violencia de género contra mujeres detenidas. “Varias mujeres habrían sido acosadas, humilladas, forzadas a desnudarse, sometidas a requisas invasivas por personal de los centros de detención, en el intento de hacer llegar bienes de primera necesidad a sus familiares detenidos”, afirman los relatores, violándose derechos fundamentales y generando un impacto desproporcionado en mujeres y niñas.
Algunos casos
Entre los casos mencionados destacan el de Emirlendris Benítez, detenida desde 2018, Benítez fue sometida a torturas físicas, incluyendo “asfixias con bolsas plásticas, sumersiones de su cabeza en tobos con agua y golpes, incluyendo en la región abdominal”. Actualmente, padece graves problemas de salud y necesita una silla de ruedas para desplazarse.
Otro caso es el de Josnars Baduel —hijo de Raúl Isaías Baduel, preso político fallecido bajo custodia del Estado y hermano de Andreína Baduel, activista social que ha alertado sobre la situación de sus familiares y otros presos políticos— quien ha denunciado torturas y maltratos en el penal Rodeo I, donde ha perdido alrededor de 10 kilos debido a la falta de alimentos y presenta crisis asmáticas no atendidas.
Asimismo, se menciona a Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien enfrenta un deterioro progresivo de su salud debido a la falta de atención médica para enfermedades cardiovasculares y respiratorias, preso injustamente desde hace más de 1200 días.
Llamado urgente
Las instancias de la ONU instan al gobierno de Venezuela a garantizar que las condiciones de detención cumplan con las Reglas Mandela, que establecen estándares mínimos internacionales para el trato digno de las personas privadas de libertad.
“El Estado venezolano debe garantizar la integridad física y psicológica de las personas detenidas, proporcionar acceso adecuado a alimentos, agua potable y atención médica especializada, y prevenir actos de tortura y tratos crueles”, concluye la comunicación.
Comunicación completa aquí
DownLoadPublicCommunicationFile
