«No quiero balas, ni represión, lo que yo quiero es salud pa’ mi nación». Al calor de las consignas, desde las 8:00 de la mañana de este martes 07 de febrero comenzaron a reunirse en las inmediaciones de la Maternidad Concepción Palacios de Caracas, cientos de manifestantes pacíficos que acudieron a la marcha convocada por gremios, sindicatos y ONG, con el propósito de acudir al Ministerio del Poder Popular para la Salud para denunciar la crisis del sector y exigir al Ejecutivo atender la compleja situación que compromete la integridad y la vida de millones de pacientes y usuarios del servicio de salud en el país.
La actividad concentró a más de un millar de personas quienes expresaron las complejas realidades que padecen pacientes y usuarios de los hospitales públicos del país; las personas sometidas a tratamientos y los trabajadores del sistema nacional público de salud.
Trabajadores del Hospital Victorino Santaella de Los Teques, estado Miranda, denunciaron la insuficiencia de insumos y equipos en dicho centro asistencial, señalaron que esta situación impacta negativamente en la calidad del servicio, afectando a miles de usuario que acuden a diario al principal hospital de los Altos Mirandinos. Miembros del personal del Hospital Los Magallanes de Catia, uno de los principales centros de salud del oeste capitalino, exigieron mejoras en la infraestructura física, «el hospital se está cayendo, al igual que el resto de los hospitales del país». Por su parte, dirigentes gremiales y sindicales exigieron mejoras salariales para todo el sector.
Urge ayuda humanitaria
Francisco Valencia, miembro de la coalición de organizaciones por el derecho a la salud Codevida, señaló que el ejecutivo debe actuar de inmediato para atender la dramática situación sanitaria, «sabemos que ahora (el Gobierno) no tiene la capacidad, por eso insistimos en que deben activarse los mecanismos de cooperación internacional». Codevida, Provea y otras organizaciones defensoras del derecho a la salud, han señalado que la atención sanitaria en Venezuela se ha reducido a niveles tan extremos que se está privando de las garantías mínimas de acceso y protección a la salud y vida de la población, lo cual indica un profundo retroceso del derecho a la salud. El desabastecimiento de medicamentos esenciales, vacunas, insumos básicos y médico-quirúrgicos, así como de reactivos para diagnóstico se ha convertido en una situación generalizada en todo el país. A ello se suma el abandono de la infraestructura física de la mayoría de los hospitales públicos del país y los bajos salarios del personal de salud. Esta situación ha generado una crisis humanitaria que ha sido denunciada y documentada por Gremios y ONG quienes han exigido al Ejecutivo Nacional la activación de los mecanismos de cooperación internacional a través de la ayuda humanitaria para atender y solventar la problemática.
Repertorio anti democrático contra la protesta
El Ejecutivo persiste en imponer obstáculos indebidos para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. La marcha por la salud, que tenía como punto de llegada la sede del Ministerio del Poder Popular para la Salud en la Plaza Caracas, apenas pudo avanzar libremente unas tres cuadras debido a la instalación de un piquete de la Policía Nacional Bolivariana en la avenida San Martín, entre las avenidas José Ángel Lamas y Sur 18, a la altura del Distrito Sanitario N° 3 del Ministerio de Salud. Antes de iniciar su breve recorrido, los manifestantes habían sido rodeados por agrupaciones paraestatales identificadas como «colectivos», quienes amenazaban con agredir a los presentes y actuaban en abierta coordinación con funcionarios de la PNB y la Guardia Nacional Bolivariana.
Para impedir la movilización se desplegó un repertorio anti democrático que ya se ha hecho recurrente en las últimas movilizaciones convocadas por diversos sectores que expresan en la calle sus legítimos reclamos al gobierno nacional. Civiles armados, suspensión injustificada del servicio del Metro de Caracas en zonas cercanas a las movilizaciones; piquetes policiales y obstáculos indebidos; presunciones anticipadas y criminalización de manifestantes pacíficos; empleo de civiles en labores de delación e intimidación de periodistas y activistas sociales, entre otros, forman parte del catálogo de violaciones al derecho a la manifestación pacífica alentadas por altos funcionarios del Estado, bajo la lógica represiva de la doctrina de la seguridad nacional, la territorialización de las protestas y la militarización de la conflictividad social.
Con cada restricción indebida al derecho a manifestar pacíficamente, la gestión de Nicolás Maduro se afirma como una dictadura del siglo XXI, que, luego de suspender indefinidamente el derecho al sufragio, extender de forma inconstitucional y permanente el Estado de Excepción y proscribir por la vía de los hechos el libre derecho a la reunión pacífica, continúa erosionando las garantías constitucionales y extinguiendo el Estado de Derecho en Venezuela.
