El gobierno de facto incumple una vez más con su deber de responder a los mecanismo temáticos de derechos humanos de las Naciones Unidas. En esta ocasión, no ha respondido por los actos de represalias por parte de altos funcionarios del Estado a las organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas de derechos humanos por su cooperación con la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, así como por el “hostigamiento y ataques contra la defensora de derechos humanos Raquel Sánchez, y el hostigamiento, criminalización y riesgo de detención de los defensores Charles Thomas Newbury y Pedro Hernández”. Estas represalias habrían sido cometidas en “un aparente contexto de estigmatización y ataques sistemáticos de las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en Venezuela”.
En esta oportunidad se trata de una comunicación fechada el 9 de noviembre de 2020, que debió haber sido respondida dentro de los 60 días siguientes, enviada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Ante la falta de respuesta, este fin de semana, la ONU ha hecho pública esa comunicación.
El Estado venezolano tiene el deber de colaborar con esos tres mecanismos que dependen del Consejo de Derechos Humanos. Desde 2011 ese gobierno ha recibido 84 comunicaciones de los mandatos temáticos y solamente ha respondido a 39, lo que significa que más de la mitad han quedado sin respuesta. Entre febrero de 2019 y noviembre de 2020 fueron recibidas por la cancillería un total de 16 comunicaciones y solamente han sido respondidas dos, lo que muestra la creciente falta de cooperación de ese gobierno con las Naciones Unidas.
A partir de 2011, los mecanismos de la ONU enviaron otras seis comunicaciones relacionadas sobre represalias a defensores y defensoras de derechos humanos y ninguna de ellas ha sido respondida por el Estado venezolano. Dichas comunicaciones se han referido al Comité de familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y su directora Liliana Ortega Mendoza y a Espacio Público, y su director Carlos Correa. La comunicación de los mecanismos de la ONU también llama la atención sobre la situación del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), y de Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano.
La comunicación da cuenta de hechos cometidos por el representante del Estado venezolano durante el debate sobre el informe de la Misión de Determinación de los Hechos en Ginebra, así como por la plataforma “Misión Verdad” contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones. También detalla los actos de represalias contra: la abogada Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal Venezolano capítulo Táchira y miembro del Grupo de Trabajo Defensoras del Táchira; el abogado Charles Thomas Newbury, cordinador regional del Movimiento Vinotinto en el Estado de Yaracuy y Lara; y Pedro Hernández, defensor de derechos humanos, cofundador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Yacambú y miembro del Movimiento Vinotinto.
En su comunicación al gobierno de facto, los tres mecanismos afirman: “En particular, nos preocupa que altos funcionarios del Estado y autoridades del gobierno de Venezuela desacrediten públicamente, en foros internacionales y en redes sociales, el trabajo de las ONGs en Venezuela y en particular, que se les señale y estigmatice por su cooperación con la Misión Internacional de Determinación de los Hechos para Venezuela. Nos preocupa seriamente que dichos señalamientos constituyan un acto de intimidación y represalia por su cooperación con la ONU en la esfera de los derechos humanos”.
Las siguientes son las informaciones solicitadas y que no fueron respondidas por ese gobierno:
1. Sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas arriba.
2. Sírvase proporcionar información sobre las medidas tomadas para poner fin a la estigmatización, contra las organizaciones de derechos humanos en Venezuela y las personas defensoras de derechos humanos que las integran.
3. Sírvase proporcionar información detallada sobre si se han iniciado investigaciones y/o diligencias judiciales con relación a las múltiples denuncias interpuestas por la defensora Raquel Sánchez, por riesgo a su persona. En caso de que las averiguaciones no hayan llegado a ningún resultado, por favor explique la(s) razón(es).
4. Sírvase proporcionar información sobre si se han iniciado investigaciones sobre los actos de intimidación y hostigamiento por parte de los funcionarios del Estado mencionados en la comunicación contra las organizaciones de derechos humanos y las personas defensoras de derechos humanos, y las medidas que se hayan tomado para abordar las mismas.
5. Sírvase proporcionar información sobre las medidas tomadas para que todas las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, desarrollen sus funciones libremente, y que sus miembros realicen sus actividades en un entorno seguro y propicio.
6. Sírvase proporcionar información sobre las medidas de protección adoptadas por el Gobierno para asegurar que las personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela puedan ejercer libremente su labor, sin temor a amenazas, intimidación o agresión de ningún tipo, ni tampoco a actos de intimidación o represalias por cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y sus mecanismos en la esfera de los derechos humanos.
El texto integral de esta comunicación puede ser consultado AQUÍ:
La sistematización completa de comunicaciones enviadas a Venezuela por los mecanismos temáticos de las Naciones Unidas, puede ser consultada AQUÍ
Prensa Provea
