(Barcelona 19/06/2019).-La Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ), creada en el año 1993 y con una amplia trayectoria y experiencia en defensa de los derechos humanos en Venezuela, solicitó a la alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien hará una visita oficial a Venezuela entre el 19 y 21 de junio, meterle la “lupa” a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), grupo creado por el gobierno nacional y dedicado a ejecutar personas provenientes de los barrios pobres de nuestro país.

Alcides Magallanes, director Institucional de ONG, una de las más antiguas de Venezuela, señaló que en lo que va de año en el estado Anzoátegui, a través del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones Arbitrarias ha contabilizado 172 casos de personas fallecidas en presuntos enfrentamientos, en su mayoría desmentidos por familiares y testigos, donde el procedimiento lo ha realizado las FAES.

“Esto demuestra que estamos en presencia de un presunto grupo  exterminio, cuyo objetivo es ejecutar a supuestos delincuentes que viven en los barrios pobres de nuestro país. En su mayoría jóvenes, con edades comprendidas entre 17 y 35 años de edad, de piel morena, rasgos indígenas y de sexo masculino”, aseguró.

Magallanes sugirió a Bachelet solicitar al gobierno de Nicolás Maduro, información sobre las políticas de seguridad implementadas, la creación de Las Fuerzas de Acciones Especiales y las razones del número de personas que ha fallecido en supuestos enfrentamientos, donde ha intervenido con este grupo policial.

El defensor de los derechos humanos comentó que sería un “saludo a la bandera” la visita de la Alta Comisionada de la ONU, si solo se limita a investigar los casos de los llamados presos políticos sin detenerse a escuchar a quienes desde hace mucho tiempo hemos venido denunciando casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales contra sectores pobres de nuestro país.

Finalmente comentó el director institucional de FDDHHANZ, que durante el periodo enero – octubre del año 2018, mediante el observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones Arbitrarias contabilizó 184 casos y en lo que va de año (entre enero y junio) se han registrado 172 casos, lo cual aseveró resulta alarmante.