La FIDH y PROVEA, su organización miembro en Venezuela, condenan firmemente las irregularidades cometidas y la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la jornada de elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y denuncian una intensificación de la represión del gobierno y sus fuerzas de seguridad contra manifestantes, lo cual ha dejado 22 personas asesinadas, 1062 detenidos arbitrariamente y al menos 40 desapariciones forzadas en solo una semana, marcando máximos históricos. El proceso electoral venezolano, caracterizado por una falta de transparencia y garantías, carece de legitimidad democrática.
Paris, Caracas, 6 de agosto de 2024. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y PROVEA denuncian fuertes indicios de un fraude electoral en marcha en Venezuela. Testigos de la fuerza opositora y diversos observadores internacionales han constatado que las propias copias de las actas de las máquinas del CNE, las cuales el ente también tiene en su poder y pudo recibir en su sala de totalización, dan como ganador con 37 puntos de diferencia al candidato de la oposición Edmundo González Urrutia.
El anuncio de victoria de Nicolás Maduro con la negativa de las autoridades electorales a publicar las actas, el desglose de los votos por centro y mesa electoral, así como la ausencia de procesos de auditoría son contrarios a los parámetros democráticos.
Previo y durante las elecciones, PROVEA y otras organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron las diferentes tácticas, maniobras y artimañas dirigidas a alterar el resultado de las urnas: la prohibición arbitraria e inconstitucional de participación a candidatos y candidatas en los meses previos, el impedimento a unos 4,5 millones de venezolanos y venezolanas en el exterior al derecho al voto, la parcialidad de las autoridades electorales con ataques constantes al candidato opositor, la persecución a opositores y a la libertad de expresión, los cierres ilegales o arresto a civiles por apoyar con sus casas o negocios las actividades de campaña, y el rechazo a la observación electoral de una Misión Electoral de la Unión Europea.
Detenciones, desapariciones y asesinatos en un contexto de violencia post-electoral
Tras los anuncios de un triunfo de Nicolás Maduro del CNE la madrugada del 29 de julio, miles de personas tomaron las calles de Venezuela en protestas espontáneas que resultaron en 915 manifestaciones a lo largo del país.
El gobierno reaccionó con una brutal represión contra los manifestantes, que ha dejado unos 22 asesinatos y por lo menos 1062 personas detenidas, con Maduro anunciando que el número llegaría a 2000 y declarando que “no va a haber perdón”. Asimismo, se han llevado a cabo actos de persecución contra de la oposición y organizaciones de la sociedad civil por su trabajo de denuncia de fraude y de los ataques contra manifestantes.
Estos actos de represión obedecen a patrones sistemáticos de persecución perpetrados previamente por las autoridades venezolanas. Durante las protestas masivas de 2017 y 2019, las fuerzas de seguridad del Estado arremetieron contra la población civil, causando un alto número de asesinatos, detenciones y heridos. Como resultado de ello, en diciembre de 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó que existía un fundamento razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución, por parte de autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos actuando a favor del Gobierno.
La FIDH y PROVEA hacen un llamamiento urgente a toda la comunidad internacional para que exijan abierta y claramente el respeto de los resultados electorales en Venezuela probados por la oposición democrática, una veeduría internacional a las actas, así como la salvaguarda de los derechos fundamentales y el respeto a la vida de los manifestantes pacíficos. Del mismo modo, alertamos al Fiscal de la CPI, Karim Khan, sobre estos nuevos hechos, que suman a la política de persecución y represión del Gobierno venezolano, y que se deben incluir en el análisis para la investigación actualmente abierta por crímenes de lesa humanidad.
La población venezolana, que ha sufrido las terribles consecuencias del régimen autoritario de Nicolás Maduro, tiene el legítimo derecho a levantar la voz y a salir a las calles en defensa de la transparencia de su propio sistema electoral y para la recuperación de la democracia. La FIDH y PROVEA esperan que Venezuela pueda iniciar un proceso de transición hacia la democracia con memoria, justicia y verdad.
