En su Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias correspondiente al año 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), citó en tres oportunidades a Venezuela en su reporte sobre las situaciones más delicadas en materia de derecho a la alimentación.
En la primera cita, el organismo reconoció que Venezuela se encontraba dentro del lote de los clasificados bajo “inseguridad alimentaria”, pero que no tenía datos actualizados sobre nuestro país: “A través de este proceso, se seleccionaron 65 países para un análisis general, que tenía como objetivo estimar poblaciones con inseguridad alimentaria. Las pruebas y datos insuficientes impidieron al equipo producir estimaciones aceptables para los siguientes países seleccionados: Bolivia, Cuba, El Salvador, Eritrea, Kirguistán, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea, Sri Lanka, Timor-Leste, Vanuatu y Venezuela”.
En la segunda oportunidad en la que Venezuela es nombrada es dentro del apartado “Perspectivas sobre la seguridad alimentaria”, afirmando: “El empeoramiento de la situación económica en Venezuela podría también provocar una grave escasez de bienes de consumo, incluidos alimentos y medicamentos. Por lo tanto, la seguridad alimentaria aquí deberá ser monitoreada”.
La tercera cita es para reiterar la necesidad de monitorear al país, a pesar de la ausencia de datos oficiales y la opacidad de la gestión pública: “En los países no incluidos en el presente informe se requerirán mayores inversiones en sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria debido a la falta de datos recientes, así como a países en los que se han observado discrepancias considerables entre las estimaciones de casos de inseguridad alimentaria producidos por diferentes organizaciones. Estos países incluyen la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Libia, Myanmar, Pakistán y Venezuela”.
Omisiones e inacciones
En apenas dos años la FAO cambió su opinión sobre Venezuela. En el año 2015 Marcelo Resende, representante del ente en el país, afirmó que “ya el hambre en Venezuela no es un problema”, incluyéndola en la lista de los 29 países que había erradicado el hambre en el mundo. En esa oportunidad se anunció que se entregaría, por segunda vez, un reconocimiento a Caracas por sus avances en la lucha contra la mal nutrición.
Ya en el 2015 se había denunciado la dificultad de acceso a los alimentos por parte de la población venezolana. En julio de 2016, ante las diferentes omisiones de las agencias de Naciones Unidas para documentar la situación venezolana, un grupo de ONG remitieron una comunicación al Secretario General de la ONU para expresarle: “indignación y rechazo ante el desempeño y silencio de varias de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas establecidas en Venezuela, en particular respecto de las responsables de la salud y la alimentación, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), y del propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un contexto de acelerado incremento de la pobreza, de fragilidad económica y social, de inestabilidad política e institucional, así como frente a una masiva y severa escasez de alimentos, medicinas e insumos médicos en todo el territorio nacional y la ausencia de capacidades internas para solventar esta situación a mediano plazo”. En la misiva recordaron “Las conductas de omisión de algunas de las agencias de Naciones Unidas en Venezuela -como la propia FAO- se suman a una acumulación de restricciones que vienen presentando desde hace varios años para informar acerca de la situación de país de manera objetiva e imparcial, tanto a nivel interno como internacional, así como para dialogar con toda la sociedad venezolana sin presiones o condicionamientos del Estado”.
El Informe 2017 de la FAO reconoce la situación de escasez y desabastecimiento de alimentos que había venido siendo documentada y denunciada por las diferentes organizaciones de la sociedad civil venezolana.
Prensa Provea
