Hace un mes, decenas de familiares, amigos y activistas de Derechos Humanos agrupados en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) acudieron a la sede de varias instituciones del Estado demandando respuestas y soluciones ante los graves abusos y padecimientos a los que están sometidos los presos y perseguidos políticos en el país.
Cinco exitosas jornadas de protesta realizadas en el marco de la Ruta por la Justicia y la Libertad, sirvieron para exigir respeto al debido proceso y libertad plena para todas los presos políticos, Pese a ello las instituciones públicas -cooptadas por el Ejecutivo, no dieron ninguna respuesta a sus solicitudes.
Pero los familiares no se rinden.
Este viernes se concentraron en la sede de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH) en Caracas para recordar sus exigencias y pedir al personal de ONU que interceda ante el Estado venezolano debido a los prolongados abusos, agravados tras la escalada represiva post-electoral.
«Hoy se cumple exactamente un mes desde la culminación de la Ruta por la Justicia y la Libertad, iniciativa que implicó dirigirnos ante cinco instituciones del Estado venezolano, a sus sedes principales a nivel nacional en la ciudad de Caracas, y presentar peticiones formales. En cada una de ellas, durante una semana completa acudimos apelando a la institucionalidad y la obligaciones de ley que tienen las mismas. Fuimos a expresar, denunciar y elevar nuestras voces por la dramática, vulnerable e inhumana situación que viven nuestros familiares encarcelados injustamente y nosotros como víctimas indirectas«, dijo la activista y ex-presa política Sairam Rivas.
En el lugar se congregó cerca de un centenar de familiares y activistas de Derechos Humanos para respaldar las peticiones hechas al personal de la Oficina del ACNUDH y ofrecer sus testimonios.
«No hemos recibido ninguna respuesta oficial, ha sido un silencio ensordecedor violatorio de derechos, mientras que las condiciones de reclusión y el trato hacia los familiares de los detenidos continúan deteriorándose», dijo la familiar de un detenido en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha dicho que el concepto de tortura y tratos o penas crueles no se limita solo a las prácticas de violencia física o psíquica, sino que incluye también las condiciones de detención que no respetan la dignidad humana, lo que ocurre en casos de hacinamiento, malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención médica, ausencia de alimentación adecuada y agua potable, y carencia de recursos para atender las necesidades básicas de las personas detenidas, entre otros.
La CorteIDH ha reiterado en su jurisprudencia que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a vivir en condiciones de respeto a su dignidad personal, conforme a los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH).
También, el órgano hemisférico ha insistido en que las impertinentes excusas de los Estados –basadas en las limitaciones económicas o de otra índole- para escapar de sus obligaciones al respecto, carecen de toda justificación. “ los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano”.
El CLIPPVE ha denunciado a lo largo del año 2024 y 2025, los continuos maltratos a los que están siendo sometidas las personas privadas de libertad por razones políticas. Después de más de 50 movilizaciones realizadas en Caracas, el Comité se ha convertido en una referencia nacional e internacional.
La presión de los familiares y activistas agrupados en el CLIPPVE logró que el pasado 13 de noviembre los mandatos especiales de Naciones Unidas del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación: de la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental: de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados: de la Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad: de la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, hicieran publica una solicitud de información enviada al gobierno de Venezuela en relación con los alegatos de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes hacia los privados de libertad por motivos políticos.
La concentración de este viernes buscó reforzar ese objetivo, Esta vez, esperando la actuación oportuna de la Oficina del ACNUDH en Venezuela.
«No puede ser que la exigencia de derechos se encuentre con un muro de indiferencia, omisión y opacidad por parte de estas instituciones del Estado Venezolano. Esto nos llena de angustia, ya que la falta de respuesta agrava la incertidumbre y profundiza la preocupación por el irrespeto a los derechos humanos que sufrimos todos, especialmente nuestros familiares encarcelados, a quienes no se les garantiza los derechos más básicos, lo que podría comprometer sus vidas. Queremos solicitarles, con carácter de urgencia, sean portavoces e intermediarios, para gestionar con gobiernos del mundo una salida humanitaria a la grave crisis de violaciones de Derechos Humanos en el país«, resaltaron los manifestantes en un documento entregado a la Oficina del ACNUDH.
«Fueron presentadas peticiones formales y ajustadas a la ley, exigiendo respuestas garantistas de derechos ante la vulnerable situación de los presos políticos y de los excarcelados bajo persecución judicial por motivos políticos, quienes corren el riesgo de volver a la cárcel de forma arbitraria solo por ser disidencia. Resulta imperativo que esta instancia continúe explorando y agotando todos los mecanismos disponibles para lograr la liberación de nuestros familiares privados de libertad», reza el documento.
El CLIPPVE ha desempeñado un rol fundamental exigiendo la libertad de los miles de detenidos en el marco de la represión post-electoral y el cese de los abusos. Junto a otras agrupaciones de víctimas ha contribuido a recomponer el músculo asociativo golpeado tras la escalada represiva. Provea contribuye a fortalecer la autonomía de estos colectivos y a brindar acompañamiento en la formación, protección y visibilización de sus acciones.
En los próximos días el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPPVE) anunciará nuevas acciones en defensa de la libertad de los presos políticos, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Prensa Provea
