«Llegaron a las cinco de la mañana, me arrastraron de la casa y me metieron en una camioneta. Comencé a gritar preguntando qué pasaba y la explicación de lo que sucedía, me pegaron en la cabeza, aturdida y orinándome, comencé a orar, se escucharon tres detonaciones y mi hijo mayor me dice: ´mamá, mataron a mi hermano»
Así es como recuerda Carmen Pérez el fugaz momento de la muerte de su hijo, Euvis Alejandro Peroza, mecánico de 27 años que fue asesinado el 06 de septiembre por las FAES, en un operativo sin explicación en la comunidad de El Trompillo, estado Lara. Su asesinato, se suma a las mortales cifras de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana que solo en el mes de agosto cargaron con la vida de 176 personas, según Tal Cual.
En el caso de Euvis Alejandro Peroza, sus familiares afirman que el procedimiento de las FAES fue de manera arbitraria, no les mostraron ninguna orden que justificara el allanamiento de su hogar a tempranas horas de la mañana. Golpearon a todos los residentes de las casas intervenidas y asesinaron a Peroza cuando este no mostró ninguna señal de resistencia para su detención. Dolor e injusticia, son las palabras que la madre de la víctima describe al recordar cómo le fue arrebatada la vida de su hijo sin ninguna razón, quien luego de permanecer más de seis horas detenida y con una crisis hipertensa en la sede regional del FAES, le fue comunicado «Búsquelo en la morgue» sin algún escrito, comunicado o pruebas que hayan justificado la inconstitucional pena de muerte que le fue aplicada a Peraza, mecánico que deja una esposa viuda.
La familia denuncia que hasta los momentos ningún funcionario policial les tomó testimonio sobre los sucesos, en la Fiscalía 21 les comentaron que debían formular una denuncia pero no les prestaron apoyo en el proceso. Vecinos del sector, señalaron a Provea que esa madrugada el FAES hizo siete procedimientos, donde se llevaron artefactos eléctricos como teléfonos y computadoras, además, señalan que a los detenidos en el procedimiento los amenazaron con que debían irse de sus residencias porque si volvían (las FAES al lugar) los iban a matar. Informaron que todos los afectados salieron de la detención con expediente de drogas, acusándolos de azotes de barrio y venta de drogas cuando todos los residentes afirman que todo fue sin pruebas.
En otro caso denunciado a Provea, se encuentra el de José Luis Lucena, deportista de 36 años que también fue asesinado de manera extrajudicial por las FAES el 06 de septiembre en la comunidad de Brisas del Turbio, Barquisimeto, estado Lara.
Los efectivos de las FAES llegaron a las cinco y treinta de la madrugada, irrumpieron a la fuerza con un disparo en la puerta a la casa de Lucena sin ninguna orden ni acusación formal, obligaron a su esposa e hijas a abandonar el lugar porque presuntamente «hablarían» con el deportista con el motivo de un «procedimiento»; luego de varias horas en la zona, les comunicaron que debían ir al Hospital a «buscarlo», al llegar conocieron que Lucena había sido asesinado con una perforación en el tórax, y según los médicos había llegado desangrado.
Con respecto a las versiones de la principal razón para asesinarlo, los familiares aseguran que las FAES argumentaron que Lucena estaba acusado de violencia de género, robo y drogas, pero sus allegados confiesan que el joven de 36 años solo se dedicaba al fútbol, deporte que practicó por 20 años y que desempeñaba como jugador del equipo «Cosita Rica». También, el CICPC detalló que Lucena presuntamente se resistió a la autoridad, por lo que las FAES accionó su pena inconstitucional de muerte, pero sus familiares detallan que no había armamento por parte de José Luis y que tampoco había pruebas de ninguno de los señalamientos para matarlo de la forma en la que lo hicieron. Además, ambas versiones se contradicen y demuestran una vez más la inexistente claridad en las operaciones ilegales que realizan las Fuerzas de Acciones Especiales.
El asesinato de José Luis Lucena significa 5 hijos sin padre y una esposa viuda, sus más cercanos confiesan que era un joven amante del fútbol, «era un muchacho muy cumplidor y activista popular» son los recuerdos que quedan con sus familiares de otra de las víctimas que las FAES cobró en inicios del mes de septiembre, solo en el estado Lara.
Estas son apenas pequeñas muestras del poder del escuadrón que ha actuado con total libertad, sin presentar responsables de las muertes denunciadas y de las que no se ha documentado. Según un informe de Human Rights Watch, desde 2016, casi 18.000 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta “resistencia a la autoridad”. En efecto, el ministro del interior, Néstor Reverol, informó en diciembre de 2017 que hubo 5.995 de estos casos en 2016 y 4.998 en 2017. Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de 7.000 personas en incidentes que, según alegaron, eran casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, según sus propias cifras.
Además, un total de 663 casos de violación al derecho a la vida registró Provea durante el 2018, representó un aumento de 67,42% respecto al período 2017 y da cuenta de la tendencia anual al incremento en el número de casos que se registran en nuestro Informe Anual. El 61,23% del total de casos registrados se concentra bajo la figura de las ejecuciones extrajudiciales, lo que indica el aumento de este tipo de casos -en los que policías y/o militares actúan con la firme intención de causar la muerte de la persona-, y la progresiva institucionalización de esta figura bajo el aliento de las altas autoridades, la protección que brinda la impunidad y la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas. Un total de 406 muertes bajo ejecuciones se registraron solo durante el año 2018.
Prensa PROVEA.
