En Propatria, parroquia Sucre del Municipio Libertador de Caracas y en Caicara del Orinoco, una de las zonas auríferas del estado Bolívar, existen sedes de la Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca (AMBAR), cuya misión consiste en mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente de víctimas de explotación sexual, trata y violencia de género, mediante acciones que garanticen su salud y la defensa de sus derechos humanos y ciudadanos.
Entre las personas que atiende esta asociación civil sin fines de lucro, que nació el 28 de agosto de 1995, figuran aquellas mujeres que por razones económicas ofrecen un “servicio sexual a personas adultas, de manera consensuada y sin coerción”, lo que se conoce como trabajadoras sexuales.
Nury Pernía, presidenta de AMBAR, coincide con los defensores en la necesidad de que los Gobiernos deben respetar, proteger y hacer valer los derechos humanos de las que reconoce primero como mujeres y ciudadanas y no sólo como trabajadoras sexuales, “que deben estar incluidas en los programas comunes que existen en Venezuela para todas las mujeres, pese al constante tabú de nuestra sociedad.”
Pues, en Venezuela, como en otras partes del mundo, se siguen cometiendo delitos que atentan contra los derechos humanos de las mujeres, sobre todo las de estas trabajadoras sexuales que siguen siendo víctimas de violación, trata de personas, explotación sexual, extorsión, detención arbitraria, desalojos forzosos de sus hogares, hostigamiento, chantajes, robos, discriminación, exclusión de los servicios de salud, pruebas de VIH forzadas, falta de resarcimiento por vía judicial y un sinfín de abusos.
– ¿Es urgente que en Venezuela exista una verdadera protección institucional y políticas públicas que garanticen los derechos de las trabajadoras sexuales?
– No existen ni políticas ni programas dirigidos a las trabajadoras sexuales. Ellas, en primer lugar, deben ser vistas primero como mujeres, como ciudadanas de este país, a quienes el Estado venezolano debe garantizar sus derechos humanos, porque algo las empujó a hacer el trabajo sexual en todo este sistema precario; por lo tanto, a través de AMBAR hemos venido proponiendo que se haga justicia ante las violaciones de sus derechos por parte de los cuerpos policiales. Si no hay justicia, no hay paz, no hay democracia ni respeto por los derechos.
AMBAR, insiste y coincide con las organizaciones de derechos humanos, al considerar que los gobiernos están en la obligación de proteger a estas mujeres de daños, de la explotación, la discriminación, la coerción, la extorsión, los abusos y la impunidad.
Además, precisa Pernía, se podría decir que la actividad sexual que ejercen esas mujeres no es ilícita, si se considera que en Venezuela hay establecimientos permitidos y reglamentados por el Estado para que se ejerza el trabajo sexual. “El Ministerio de Salud, a través de la Contraloría Sanitaria y las consultas de enfermedades por transmisión sexual, le otorga una permisología a esos establecimientos para que puedan funcionar y paralelamente a las trabajadoras sexual se les solicita, como requisito, un control que ellas deben llevar mensualmente y que se conoce como el carnet rosado, donde se reflejan las pruebas médicas pertinentes que se les hace, así como el certificado de salud y las pruebas de VIH que se practican cada tres meses”.
AMBAR constata que esos servicios, “que hasta hace poco eran gratuitos”, incluyendo las consultas en el distrito sanitario, dejaron de ser gratis.
“Actualmente las trabajadoras sexuales para poder adquirir su carnet rosado y llevar un control sanitario mensual obligatorio, tienen que hacerse las pruebas adecuadas en laboratorios privados y llevarlos a consultas para que les sellen y aprueben sus controles, y eso se debe a que no están llegando los reactivos a las consultas de las unidades sanitarias”. Explicó la presidenta de AMBAR.
Por ésta y muchas razones, es necesario garantizar a estas mujeres el acceso a la salud, a la educación y hasta oportunidades de empleos y lo más importante, consentir que estas mujeres participen, directamente y sin obstáculos, en la elaboración de legislaciones, normativas, instrumentos, acciones y políticas públicas que afectan todos los aspectos de su vida.
Nury plantea que, desde hace un año, la Asociación Civil AMBAR, tiene conocimiento de que la policía persigue a las trabajadoras sexuales que se encuentran en las calles, les cortan el cabello, las extorsionan, amenazan y las lanzan al rio Guaire, en franca violación de sus derechos.
“Esas trabajadoras se encuentran en las vías públicas porque muchos locales cerraron debido a la pandemia, y por esta razón, para poder trabajar en la calle, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), los policías de Chacao y de otros municipios, les exigen pagar por lo menos 15 dólares semanales”.
La organización las ayuda a hacer las denuncias correspondientes, “pero sólo se logra bajar la extorsión por un momento y luego el problema se repite, ellas siguen vulnerables y se exponen a más arbitrariedades de la policía y el rechazo de la ciudadanía que ve con malos ojos el trabajo de estas mujeres que están en las vías públicas”.
- ¿AMBAR ha contribuido o sugerido que se refuerce la formación de la policía en materia de derechos humanos y su respeto, o la aplicación de sanciones más severas a los violadores de estos derechos, para ayudar a las trabajadoras sexuales?
- No sólo violan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, sino de toda la sociedad, porque en un momento esos funcionarios policiales van contra una trabajadora sexual, pero al rato van contra un motorizado, luego contra el conductor de un camión que transporta pollo, o contra un ciudadano que va en su carro y se come la luz y lo detienen para matraquearlo (pedirle o quitarle generalmente dinero, a fin de dejarlos tranquilo).
AMBAR opera a través de proyectos aprobados, autogestión y donaciones y muy pocas veces cuentan con el apoyo institucional para cumplir su labor. “Nos cuesta mucho llevar acciones mancomunadas con algunas instituciones, como el Ministerio de Salud que debería dar respuesta a la problemática de salud de las trabajadoras sexuales, situación que se hace más difícil debido al deterioro del sistema sanitario del país”. Manifiesta Pernía.
“Pero, por otro lado, hemos logrado articular algunas acciones con la Defensoría del Pueblo en el caso de las violaciones de las trabajadoras sexuales y la defensa de sus derechos humanos”.
AMBAR, no fue creada para juzgar a estas mujeres, pero sí para ayudarlas, para defenderlas e instruirlas sobre sus derechos en una sociedad que se torna peligrosa para todos, pero aún más para quienes se exponen en las calles y por ello les ofrece diversas alternativas de apoyo para que ellas escojan.
“Cuando hacemos trabajo de calle y hablamos con estas mujeres, ellas nos dicen que son trabajadoras sexuales, que tienen sus horarios, que ese trabajo es la manera como mantienen y sacan adelante a sus familias y nosotros no somos quienes para juzgarlas, pero sí le brindamos un abanico de opciones para que ellas escojan, esto incluye formación, posibilidad de hacer denuncias, información sobre enfermedades de transmisión sexual, VIH/Sida, aspectos legales, les repartimos toallas húmedas, lubricantes, condones y kits de bioseguridad contra el Covid-19, para su protección. Siempre estamos pendientes y estamos para ellas, cuando nos necesiten”.
– ¿Existe algún censo o registro de estas trabajadoras?
– No hay un censo, porque se trata de una población flotante y no todas las mujeres se asumen como trabajadoras sexuales. Por otra parte, desde hace dos años, con la situación de la pandemia del Covid-19, muchas mujeres han salido a la calle a ejercer el trabajo sexual, pero no se ha podido estimar el número de ellas en Caracas, mientras que en Caicara del Orinoco la mujer es contratada como pequeña minera, cocinera, aseadora, y otras labores durante el día y en la noche ejercen el trabajo sexual, es decir, este trabajo no es visto como parte de una labor diaria, a pesar de que todas las mujeres que se encuentran en la zona, se dedican a esta actividad en la noche.
Ciertamente, en la actualidad no existe un registro de mujeres que se dedican al trabajo sexual en Venezuela, pero esta organización ha atendido a más de 871 mil mujeres a nivel nacional, desde su fundación, es decir, durante 26 años.
Trueque sexual por comida
El trabajo de la asociación civil AMBAR permite constatar que, debido a las dificultades política, económica y social del país que ha causado, entre otras cosas, el desplazamiento de muchos venezolanos y la crisis humanitaria, también ha ocasionado que muchas mujeres se dediquen al trabajo sexual aplicándolo como trueque, (aunque no se reconoce como tal), para la adquisición de alimentos, productos de aseo personal y medicamentos, entre otros.
Explotación sexual alarmante
Por otra parte, la presidenta de AMBAR también advierte que en nuestro país no existen campañas de prevención de explotación sexual ni de trata, por ello reitera la necesidad urgente de que el Estado venezolano adopte medidas para prevenir, sancionar y erradicar, esos casos, y penalizar a quienes lo promueven, sobre todo, los que involucran a niñas y adolescentes en Venezuela.
Pernía revela que hay un aumento alarmante de niñas y adolescentes en casos de explotación sexual.
“Vimos en las calles a más de 23 niñas en esta situación, las pudimos contactar en las zonas de La Florida, avenida Andrés Bello, y 15 más en los alrededores del Nuevo Circo y La Hoyada, en el centro de Caracas. Eso amerita políticas públicas para que el Estado garantice los derechos humanos de esas niñas, así como su salud sexual y penalizar a las redes y personas que promueven la explotación sexual infantil. Y en los casos en que ellas estén participando solas, por influencia de alguna compañera, por la situación país tan compleja o porque sus padres se hayan ido a otra nación y las dejan solas, pues atenderlas y darle las posibilidades y herramientas para que salgan de esa situación y retomen la educación formal”.
Estas circunstancias provocan daños y secuelas por cuanto las niñas y adolescentes, además de que se les viola todos sus derechos humanos, también corren riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, de ser víctimas de trata, violencia, esclavitud, embarazos. “Es muy grave lo que sucede con estas niñas y adolescentes en Venezuela”
- Algunas organizaciones defensoras de DDHH se han pronunciado en cuanto a la legalización o despenalización del trabajo sexual. ¿Cuál es la posición de AMBAR al respecto?
- En Venezuela no está ni legalizado ni despenalizado, entonces, la posición de AMBAR es de garantizar los derechos humanos de estas mujeres y que el Estado pueda crear diversos tipos de programas destinadas a estas trabajadoras, que incluyan la formación para que tengan otras opciones laborales; la garantía y respeto de sus derechos porque, independientemente de lo que trabajen, son ciudadanas, mujeres venezolanas que tienes esos derechos desde que nacieron y esos derechos no se negocian ni condicionan.
Estudios ONUSIDA/AMBAR
Nury Pernía nos informa que AMBAR participó en un estudio que realizó en Venezuela, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, (ONUSIDA), pero nos aseguró que aún no puede dar detalles precisos de sus conclusiones, pues “se está culminando”.
Sin embargo, pudimos conocer que ésta investigación se hizo con la participación de 215 trabajadoras sexuales y Trans, (transgéneros-transexuales), en vías públicas e implicó muestras de sangre para determinar sífilis y VIH, y un mapeo en toda la Gran Caracas para precisar las zonas donde se encuentran estas trabajadoras sexuales, sobre todo los nuevos lugares donde están ubicándose; la cantidad de ellas y los hoteles a donde concurren.
Para estas organizaciones resulta importante saber, qué se tiene en las vías públicas, cómo está la situación de las trabajadoras sexuales en relación al VIH/Sida y el Covid-19; saber si hay casos de infección y cuántos, y sobre el uso de los mecanismos de prevención que aplican, como el condón.
Nury Pernía, en nombre de AMBAR, hizo un llamado para que se abran los locales que aún permanecen cerrados, a fin de minimizar la posibilidad de contagio de VIH y otras enfermedades, y su impacto en las trabajadoras sexuales, porque eso también constituye violencia.
Por otra parte, todo cierre implica desempleo e imposibilidad de obtener ingresos, lo que agrava la situación económica de muchas mujeres que se ven obligadas a buscar en las calles alguna posibilidad de conseguir dinero para mantener a sus familias.
Asimismo, aseguró que los locales que se encuentran alrededor del Nuevo Circo, conocidos como “puertas amarillas” no están funcionando, “no porque los dueños hayan cerrado, sino porque fueron expropiados (o quizás invadidos) por colectivos que hacen vida en la zona. Entonces, eso genera mayor posibilidad de violencia, porque las mujeres que iban a esos locales, ahora cerrados o “expropiados”, se ven obligadas a permanecer en las vías públicas y crece el índice de agresiones, abusos y riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.
– El 17 de diciembre es el Día Internacional para poner fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, en conmemoración de los crímenes contra 49 de estas mujeres, cometidos por el asesino de Green River, Seattle, entre los años setenta y ochenta. ¿Cuál es el mensaje de AMBAR a propósito de esta fecha?
– Este día debe servir para decirle al mundo que estas mujeres siguen siendo víctimas de la violación de sus derechos humanos, que siguen recibiendo maltratos y abusos constantes, y que es necesario aplicar las medidas que eviten los delitos contra estas mujeres venezolanas, a quienes se les desconocen sus derechos. No debemos olvidar que ellas también son seres humanos y tienen derechos que deben ser respetados y merecen contar con justicia.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, ha manifestado en múltiples oportunidades que el Estado venezolano no muestra la más mínima intención y voluntad en generar verdaderas y efectivas políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres y sancionar ejemplarmente a los responsables.
Por el contrario, la indiferencia del Estado ante el problema, solo estimula el clima de impunidad desbordada y la revictimización de las mujeres que acuden al sistema judicial buscando justicia.
Prensa Provea
