Por: Luis Crespo e Inti Rodriguez
En medio de la grave crisis política, económica, social y sanitaria que atraviesa Venezuela en este momento histórico, la dictadura de Nicolás Maduro dio un nuevo zarpazo al marco constitucional y con la írrita Asamblea Nacional Constituyente, confeccionó una “Ley Constitucional Antibloqueo” que en su espíritu establece el control sobre múltiples aspectos jurídicos, económicos y sociales en nuestro país.
Este nuevo “instrumento jurídico” entrega el marco legal venezolano en las manos de Nicolás Maduro. Para los voceros del gobierno de facto, constituye una herramienta que permitiría dar respuesta a la grave crisis económica y social que atraviesa el país. Venezuela está severamente afectada por la destrucción de sus factores productivos, altos niveles de pobreza, desigualdad, desnutrición y corrupción; siendo responsabilidad de una gestión que bajo las banderas del socialismo del siglo XXI ha sido caótica, ineficiente, corrupta y represiva.
Objeto de la Ley Antibloqueo
El instrumento denominado Ley Constitucional Antibloqueo tiene por objeto: ser un marco normativo especial y temporal que permita al régimen contrarrestar, mitigar, reducir de manera efectiva, urgente y necesaria las medidas coercitivas del bloqueo.
Sobre ello, es importante destacar que toda esta fraseología dicha sobre el objeto de la Ley Antibloqueo, pretende esconder, evadir o desviar la responsabilidad de Nicolás Maduro en el desastre económico que vive el país, para culpar a otros del caos que generó.
Dentro de los fines del nuevo marco legal ilegítimo, se expresa lo siguiente: “Favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, valor agregado, calidad de vida, y fortalecer la soberanía económica y tecnológica del país”. Fines que durante su permanencia en el poder Nicolas Maduro constantemente promete, pero incumple.
Siete años después de su llegada al poder, es obvio el fracaso de Maduro sobre las propias metas nacionales que se trazó en aspectos macroeconómicos y sociales, y que están previstas en el proyecto “Plan de la Patria”. Como principal evidencia del desastre económico, podemos destacar que el 79,3% de los venezolanos no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos según cifras de ENCOVI 2019-2020.
La “Ley Antibloqueo” es un instrumento que regula las nuevas relaciones que ya se tejen entre el Estado y un grupo de agentes privados nacionales e internacionales, quienes necesitan oscuridad y más facilidades para ocultar jugosos negocios con el Estado venezolano (Vera,2020).
La función contralora de las instituciones del Estado queda anulada. En los artículos 12 y 13 se desactivan las unidades de seguimiento y control de la gestión pública, y aunque establecen un mecanismo de control posterior, en los artículos 38, 39, 40, 41 y 42, se otorga discrecionalidad a los funcionarios en el manejo de la información pública y confidencialidad, generando una gran opacidad.
En el artículo 43 se establecen limitaciones a los entes contralores de la nación responsables del seguimiento y control de la gestión pública para que puedan acceder a la información, obviando que la contraloría es fundamental en el equilibrio de poderes, dado que debe actuar como un poder independiente frente a la configuración de un gobierno arrebatador de la constitucionalidad como el que encabeza Nicolas Maduro.
En el capítulo II de la llamada “Ley Constitucional Antibloqueo”, debemos prestar especial atención a la sección denominada “Medidas para el Equilibrio Económico y Productividad”, dado que allí se plasma la estrategia económica hacia el “El Viraje del Proyecto Bolivariano en Venezuela”.
El nuevo instrumento “legal” de la dictadura también formaliza una contabilidad paralela en la Tesorería Nacional y otorga discrecionalidad sobre el manejo de recursos. Continuará con la gran caja chica en las finanzas públicas venezolanas que no estará reflejada en la Ley de Presupuesto.
Al mismo tiempo, se mencionan aspectos sobre compensaciones salariales, seguridad social, servicios públicos, impulso de la producción nacional y se retoma el discurso sobre los motores económicos de la Agenda Económica Bolivariana, anunciados por Chávez en el año 2007, lo que representa una burla a los venezolanos, ya que los resultados indican que hubo retrocesos significativos en materia de bienestar social. Hoy Venezuela encuentra su economía devastada y hundida en la pobreza.
El contexto socioeconómico en que se impone esta ley está marcado por la pulverización de los salarios y destrucción de los activos de las familias, desde 2018 se aceleró la destrucción del poder adquisitivo de los venezolanos, el cual actualmente se encuentra en niveles inferiores a los límites de pobreza extrema estipulados por el Banco Mundial de 1,90 dólares diarios.
Continua el festín. Los ingresos que obtendría el país con la implementación de esta írrita ley, provendrán de privatizaciones de las empresas públicas que el mismo gobierno hundió en la corrupción e ineficiencia. Todo indica que dichas privatizaciones se convertirán en una rebatiña, caracterizada por la compra de empresas públicas por parte de grupos económicos aliados del régimen, en procesos sin transparencia y con condiciones ventajosas para ellos.
El nuevo instrumento legal permite a los funcionarios una amplia potestad para definir otras regulaciones acordes con sus intereses, así como mayor opacidad en torno a la implementación de medidas. Lo peor es que, en nombre del pueblo y sus necesidades, pretenden justificar estos desmanes.
En los artículos 19 al 23 se otorga discrecionalidad para vulnerar el marco constitucional vigente en el país. Resalta el poder amplio que tendrán para crear mecanismos o fuentes de financiamiento extraordinarios en cualquier forma, todo esto con supuestos fines económicos.
El artículo 25 de la Ley le otorga al gobierno de facto supra poderes para actuar sobre entes descentralizados, aquellos que no dependen jerárquicamente del gobierno central y que tienen ciertas competencias y facultades autónomas. Hablamos de ámbitos municipales o estatales, lo que representa un asalto a la descentralización.
Las privatizaciones realizadas bajo una lógica autoritaria e inconstitucional, generan los mismos efectos si se realizan bajo un modelo neoliberal o uno autocalificado como “socialista”. En ambos casos se ceden las competencias y activos del Estado a privados, sin la aprobación del Parlamento y con una alta opacidad, pues son asuntos desconocidos por la opinión pública.
Este instrumento “legal” pone en las manos de Nicolas Maduro y sus funcionarios, el control absoluto sobre el manejo económico y financiero de la nación. Su ámbito incluye la administración de activos y pasivos, operaciones de mercado, privatizaciones, excepciones, inversiones, acuerdos internacionales sin consultar al poder legislativo.
Estamos ante el impulso de privatizaciones con una visión neoliberal, fundada en la tesis del Estado mínimo, lo que se traduce en la cesión de activos a corporaciones económicas, alcanzando todos los ámbitos posibles: empresas, instituciones prestadoras de servicios, entre otras competencias del Estado (Afonso, 2020).
Los fines de las privatizaciones establecidas como parte de las reformas estructurales y programas de ajuste, otrora promovidos por el FMI, tienen como objetivo que los países generen ingresos, racionalicen sus gastos y logren equilibrio macroeconómico. Hoy el gobierno de facto echa mano de ello y lo aplica a su modo, con autoritarismo, sin consultar a la Asamblea Nacional y con gran opacidad.
Estamos en presencia de un viraje o reacomodo del modelo económico impulsado por los grupos de poder económico vinculados al régimen, que en su gran mayoría se han visto afectados por las sanciones y están siendo perseguidos por los organismos de control financiero y legitimación de capitales en el mundo, debido a las dudas del origen de sus inmensas fortunas procedentes de la corrupción y otros ilícitos. Es muy evidente que una gran mayoría de esa nueva clase económica gestó su riqueza en los últimos 20 años en el país, en torno a Hugo Chávez y Nicolas Maduro.
Es importante identificar los actores o fuerzas sociales que están detrás de esta ley que significa una reconducción del modelo económico del régimen en Venezuela como son:
- Poderes económicos en torno al PSUV.
- Burócratas del régimen con fortunas.
- Economía subterránea creciente en el país.
En definitiva, una característica que resalta en este viraje tiene como origen la descomposición del proyecto político que encabeza Maduro y la necesidad de acumulación de capital de la llamada “burguesía roja”. En medio de las investigaciones sobre ilícitos financieros y legitimación de capitales a nivel internacional detrás de esta, las sanciones los han convertido en prófugos mundiales y hoy actúan detrás del poder político en Venezuela e impulsan las relaciones con Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba en búsqueda de protección política y nichos de negocios.
Observamos similitudes con experiencias como la rusa en tiempos de Boris Yeltsin con su paquete de privatizaciones. En primer término, impuso las reformas vía decretos presidenciales, desconociendo las competencias de la Asamblea de los Diputados del Pueblo en Rusia. Segundo, en ese país el dinero proveniente de la corrupción o la economía subterránea se estaba dirigiendo a adquirir activos de la nación a precios de gallina flaca.
En Venezuela estamos en presencia de una nueva clase que está tratando de apropiarse de los activos públicos y compite deslealmente con empresarios venezolanos que, con esfuerzos, honestidad y trabajo han forjado sus capitales, veremos entonces la configuración de empresas en la trastocada economía venezolana entramadas tras los bastidores de Miraflores o Fuerte Tiuna.
La dictadura justifica la “Ley Constitucional Antibloqueo” de Nicolás Maduro, con el supuesto de ser un marco normativo especial que le permitirá “contrarrestar, mitigar, reducir de manera efectiva, urgente y necesaria las medidas coercitivas del bloqueo”. Toda esta fraseología plasmada en el texto pretende evadir la culpa que tienen sobre la crisis económica y el caos en materia de servicios públicos que vive el país.
Dos antecedentes nefastos
En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 41.478 publicada el 10 de septiembre de 2018, la dictadura oficializó la inconstitucional declaratoria de “Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional”. Con la medida Maduro violó lo consagrado en el artículo 339 de la Constitución que establece que el decreto que declare el estado de excepción deberá ser declarado como constitucional por la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, ambos inclusive, cuestión de primer orden que no se plasmó en el contenido del referido decreto.
El numeral 16 del artículo 2 del Decreto 3.610 otorgó entonces al Ejecutivo la posibilidad de “Aprobar y suscribir contratos de interés público y sus enmiendas, para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del País, sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos”.
Con ello, la dictadura de Maduro se arrogó nuevas competencias y liquidó la facultad exclusiva de la Asamblea Nacional, contenida en el artículo 187 de la Constitución Nacional, para aprobar o improbar contratos de interés nacional suscritos por el Ejecutivo. Además, afianzó el opaco manejo de las finanzas públicas al desconocer la misión contralora del Parlamento y propiciar el desmesurado incremento del endeudamiento del Estado.
Claro que no fue esa la primera vez que Maduro dictaba una medida de este tipo para hacerse de recursos, saltándose la Carta Magna.
El 24 de febrero de 2016 se publicó, en la Gaceta Oficial 40.855, el decreto número 2.248 mediante el cual se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. Mediante dicha normativa Maduro entregó en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, que comprende el 12,2% del territorio nacional.
El AMO tiene su fundamento en el “Plan de la Patria” que, en su primer objetivo, establece la ampliación de la frontera extractiva minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo. Asimismo, en el decreto 1.425, “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, que establece la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros mediante la creación de las llamadas “ventajas comparativas”, como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral en estas extensiones territoriales.
La creación y puesta en marcha de los proyectos vinculados al Arco Minero del Orinoco, no fueron consultados con los pueblos y comunidades indígenas habitantes de las zonas de desarrollo del proyecto, no se hicieron estudios de impacto ambiental, y los contratos suscritos por el Ejecutivo con transnacionales, o empresas nacionales mineras, no fueron sometidos a la evaluación y aprobación de la Asamblea Nacional.
Corrupción, represión y empobrecimiento deliberado
Los gobiernos autoritarios que cometen generalizadas y sistemáticas violaciones contra los derechos humanos a menudo presentan serios problemas de financiación debido a su ilegitimidad política y al cuestionamiento nacional e internacional por sus abusos contra la población. Este tipo de gobiernos, como en el caso de la dictadura venezolana, intentan conservar el poder a cualquier costo y para ello recurren al uso excesivo de la fuerza, la persecución de la disidencia política y el terrorismo de Estado con el objetivo de inhibir a la población a que se manifieste en las calles a favor de la restitución de los derechos y el cambio político.
En dictadura, un contexto de contracción económica y déficit presupuestario no es asumido como una afectación al pueblo y a su derecho a un nivel de vida adecuado, sino más bien como una amenaza potencial que puede mermar la capacidad del aparato represivo para detener el descontento popular. No en vano, la dictadura venezolana ha desconocido reiteradamente la grave crisis en salud y alimentación, mientras sigue inyectando recursos para el fortalecimiento del aparato represivo.
Las dictaduras deben hacerse de recursos, no para garantizar el bienestar de la población, sino para garantizar la lealtad y la eficacia del aparato represivo. En esta lógica, el presupuesto del Estado y los pocos recursos disponibles son destinados a la represión y no a la solución de los problemas de la gente.
