Noviembre debutó con periodistas víctimas de violaciones a la libertad de expresión por parte de funcionarios del Estado en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Tan pronto como el mes arrancaba, el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Bladimir Lugo, le quitó y dañó el teléfono celular a la reportera Miriam Arévalo, del Diario de Las Américas, mientras hacía una cobertura en las afueras del Palacio Federal Legislativo.
La violencia y amenazas no quedaron del lado de afuera, en los pasillos del Parlamento, el diputado Elías Jaua, del partido de Gobierno, amenazó con propinar cuatro golpes al reportero Hernán Lugo Galicia, de El Nacional, cuando éste se le acercó para proponerle hacer una entrevista para el diario.
Espacio Público documentó durante el mes de noviembre la interrupción en la circulación de 3 medios impresos en Zulia, aunado a la salida temporal en Táchira y Mérida, del Diario La Nación. Este problema tiene un solo responsable: Hugo Cabezas, quien está al frente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), empresa estatal que monopolizó desde hace tres años la distribución y venta de papel prensa en Venezuela.
En el Zulia, los diarios La Verdad, El Regional y Qué Pasa interrumpieron parcialmente su circulación, mientras que el periódico Versión Final redujo su formato. El Diario de Los Andes, en su versión para Táchira (como semanario) y Mérida, aun como diario, suspendieron su edición por un día. Por su parte, El Impulso, del estado Lara, tras denunciar su inminente salida, obtuvo préstamos de editores de la región.
En todos los casos, el envío de papel por parte de la Corporación Maneiro se concretó a último momento tras el anuncio de una potencial salida o incluso tras unos días de la paralización de las rotativas, a pesar de que la compra había sido negociada con anterioridad. Esta es una conducta recurrente por parte de la empresa estatal que ralentiza de forma arbitraria e injustificada la distribución, con lo que mantiene en un estado de incertidumbre constante a los medios como mecanismo de presión. Así sucedió en reiteradas ocasiones con El Carabobeño, hasta que la Corporación decidió no venderle más papel, lo que llevó a su cierre definitivo tras 82 años de circulación.
El abogado Magno Barro, locutor de la emisora Radio Autana 90.9 FM en el estado Amazonas y director del portal Waka Noticias, fue golpeado por 15 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) cuando cubría el traslado de otros cuatro funcionarios de ese cuerpo que asesinaron a un ciudadano. Procesó la denuncia ante el Ministerio Público.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó la sentencia 948 que prohíbe a los diputados de la Asamblea Nacional “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”. Esta sentencia criminaliza nuevamente el ejercicio del derecho a la protesta pacífica en Venezuela.
La información sobre temas ligados al derecho a la salud sigue siendo sensible. En este tipo de coberturas, los periodistas la mayoría de las veces deben luchar con limitaciones, agresiones y hasta detenciones arbitrarias.
La periodista Mary Carmen Fleming, del diario El Sol de Maturín, en el estado Monagas, denunció que por orden del Director del Hospital Central Manuel Núñez Tovar fue impedida su entrada y la de otro grupo de periodistas al recinto hospitalario cuando se disponían a realizar una cobertura; en el lugar estaban haciendo una investigación funcionarios del Ministerio Público y por eso el Director del Hospital ordenó que no entrara la prensa.
Una situación similar vivió el editor y periodista del diario Nueva Prensa de Guayana, Bladimir Martínez, quien fue golpeado por al menos ocho milicianos en el Hospital Raúl Leoni, en San Félix, estado Bolívar, después de haber tomado una foto en el hospital. También los periodistas José Ángel Yari y Javier Reyes, de Radio Coro y Falcón TV, respectivamente, fueron retenidos por aproximadamente 30 minutos por unos funcionarios de la Guardia del Pueblo que intentaban impedir que los reporteros cubrieran las denuncias de un grupo de adultos mayores a las afueras de una farmacia en Coro, estado Falcón.
Espacio Público
