La criminalización y persecución contra las ONG venezolanas no es solo desde el espectro de funcionarios de alto nivel y cuerpos de seguridad. Las organizaciones de la sociedad civil alertan sobre un nuevo intento de control «político» y judicial a través del proyecto de ley de cooperación internacional, revivido por el chavismo desde 2021
Desde mediados de abril de 2022, la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 avanza en la discusión de un proyecto de ley sobre cooperación internacional. Esta semana, el diputado Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista) dijo que se avanzó en la discusión de este instrumento.
En su objeto dice que esperan «establecer el régimen jurídico de la cooperación internacional del Estado venezolano, en cuanto a la promoción y ejecución de acciones y programas de cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los gobiernos de otros países, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales«.
Ante el avance en las discusiones, el espectro de organizaciones de la sociedad civil prendieron las alarmas sobre este proyecto, pues consideran que esta es una «herramienta peligrosa en manos del Gobierno, a fin de ejercer un control político sobre las ONG» y en último término, criminalizarlas o extinguirlas.
Tan solo el primer trimestre del año, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 98 ataques e incidentes de seguridad contra defensores, organizaciones y asociaciones en la defensa de derechos humanos.
Deborah Van Berkel, educadora y presidente de Sinergia Asociación Civil, comenta a la alianza Provea-TalCual que «entendemos que esto va a ser un proceso donde deben establecerse mecanismos de participación para plantear nuestras objeciones y propuestas alrededor de una ley como esta. Entendemos que debe ser un proceso que incluya todas las voces y actores del país«.
Para ello, piden que existan verdaderos mecanismos donde esas propuestas y objeciones sean consideradas.
«Nuestro compromiso es de hacer un seguimiento cercano y muy al tanto de todos los pasos que se están dando para también informar a la ciudadanía y a los actores relacionados a la cooperación sobre estos procesos y poder juntos unir voces en función de la mayor participación y que esta ley, de ser aprobada, esté en el marco de lo que establece nuestra Constitución«, señala.
—¿Han podido tener acceso al Proyecto de Ley de Cooperación Internacional? ¿Han podido entregar a la Asamblea Nacional sus observaciones?
—Tenemos lo que se entiende como primer documento sobre el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que recientemente, esta misma semana, fue aprobado en primera discusión de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Es un proceso que recién comienza. Estamos en proceso de revisión y análisis del documento y todavía no se abre el proceso de consulta a la sociedad civil y los actores interesados sobre este proyecto, pero estamos atentos para poder hacer llegar nuestras observaciones al mismo.
—¿El Ejecutivo podría intentar capitalizar los recursos de cooperación internacional a través de esta ley?
—Tal como está planteado en este proyecto, evidentemente hay unas disposiciones que establecerían al Estado como el ente receptor, administrador y un control total de lo que sería la cooperación internacional. Esto limitaría evidentemente toda la cooperación que se establece en temas de solidaridad e intercambio en distintas áreas y materias entre distintos países y organizaciones pares a nivel del mundo, ya sea en cooperación técnica, temas educativos, culturales, en temas humanísticas o ciencias. Toda esa dinámica estaría ahora bajo control directo del Estado y de los recursos que pudieran estar en los intercambios que se generan en estas relaciones internacionales.
—Una de las cuestiones que establece el anteproyecto es que toda ONG debe inscribirse en un Sistema Integrado de Registro. ¿Esto puede ser una vía más para el control y persecución contra oenegés?
—Sobre el registro, siempre tenemos que explicar que todas las asociaciones, organizaciones civiles y fundaciones que trabajan en el país tienen un documento constitutivo y un registro legal en el país, por lo cual no son organizaciones fantasmas. Muchas de ellas tienen años trabajando y tienen una trayectoria pública, están regidas en el marco legal.
En este proyecto se vuelve a incluir lo que ya se planteó en un proyecto anterior (2006) y no prosperó. Se planteaba como un registro único y esto sería un doble registro para las organizaciones que también está establecido en la providencia administrativa 002, que hace pocos meses fue publicada y donde las organizaciones tendrían que registrarse. Este todavía no está activado. Pero todos estos registros persiguen realmente tener un mayor control en la acción que realizan las organizaciones civiles en Venezuela. Esta tarea del registro es para aumentar el nivel de control hacia las organizaciones.
—¿Temen que en Venezuela se transite el mismo camino de Nicaragua?
—La tendencia en muchos países del mundo es la de generar controles a las organizaciones de sociedad civil, al trabajo que realizan. En América Latina, en los últimos tiempos, se han dado experiencias y situaciones muy graves como Nicaragua, donde muchas oenegés han sido ilegalizadas, cerradas por parte del Estado, criminalizados sus dirigentes, exiliados o presos, además de una persecución total del Estado a la acción que realizan organizaciones defensoras de derechos o promotoras de desarrollo.
Nosotros esperamos que en Venezuela no se dé una situación similar. Estamos en un contexto muy complicado en el país para limitar la acción de organizaciones que están haciendo un trabajo arduo en el campo humanitario, de atención de situaciones de poblaciones vulnerables, un campo donde las organizaciones están haciendo un gran esfuerzo por tejer redes de solidaridad y apoyo a situaciones complicadas que viven los venezolanos en todo el territorio. Este trabajo solidario, comprometido, de defensa de derechos puede ser afectado si el proyecto de ley, tal como está planteado en este momento, fuera aprobado definitivamente en la Asamblea.
Eso crea una preocupación en todo el campo de las organizaciones sociales porque vendría a crear muchas más dificultades para atender los graves problemas que ya enfrentamos.
—Sudeban a finales de 2020 ordenó a todas las entidades bancarias monitorear las operaciones financieras realizadas por organizaciones sin fines de lucro. ¿Esto sigue vigente?
—El tema de la supervisión de los bancos se ha mantenido desde hace varios años. Ha habido revisión y vigilancia permanente del sistema financiero y bancario a toda la actuación de las organizaciones. Es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil que desarrollamos iniciativas y proyectos llevamos constante control interno, tenemos unos códigos referidos al manejo financiero, a la transparencia y los procesos de revisión de toda esta acción en beneficio de la gente con los recursos que manejamos para ello. Esa acción es transparente y en el marco de la normativa vigente en el país.
—Muchas ONG venezolanas son aliadas humanitarias de la ONU. ¿Se han reunido con los representantes de Naciones Unidas para plantear la creciente criminalización? ¿Qué les han dicho?
—En el trabajo en relación con Naciones Unidas y las agencias que trabajan en Venezuela, las organizaciones civiles, tanto las que se dedican al campo humanitario como las defensoras de derechos, han mantenido un diálogo respetuoso y permanente con todas estas instancias de la ONU. Se han planteado las preocupaciones, no de ahora, sino las que atañen a la realidad de Venezuela y todo lo que el campo de derechos humanos. Ese diálogo es permanente, ese intercambio es permanente y siempre se ha indicado la situaciones o procesos en los que se ha llevado a la criminalización de dirigentes y activistas en el campo social.
Las organizaciones y agencias de Naciones Unidas han tomado nota de las preocupaciones, han realizado sus mejores oficios para lograr que las organizaciones puedan realizar su trabajo y la realidad de lo que acontece en Venezuela ha sido recogida en distintos informes de instancias como la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Esto no es un tema coyuntural, sino de formación y de diálogo permanente que se realiza desde las organizaciones.
—¿Considera que las recientes conversaciones entre algunos actores de la sociedad civil con el Ejecutivo pueden ayudar a destrabar los obstáculos con las ONG? ¿O solo sirven de excusa para decir que se está dialogando?
—Las organizaciones civiles, las organizaciones sociales en Venezuela que tienen una larga trayectoria, un largo compromiso con el país, desarrollamos una acción en el marco de la autonomía, en el marco de valores y principios fundamentales en la defensa de derechos, y en ese marco vamos a seguir realizando nuestro trabajo.
En todos estos procesos el diálogo, la interacción, el respeto y la búsqueda de establecer mecanismos para llegar a resolver los problemas del país por vía pacífica y del entendimiento siempre han sido las directrices y dinámicas que hemos empleado en nuestro trabajo. Pero también un actitud firme y clara ante la violación de derechos, de defender a las víctimas y poder establecer unos mecanismos de protección a aquellas personas que les han sido vulnerados derechos. También en la defensa de la participación y la acción propia de las ONG en su relación con el Estado. En esa dinámica de respeto, nuestras organizaciones no están alineadas con políticas determinadas, con ningún actor de poder. Estamos alineados con los derechos fundamentales de venezolanos y venezolanas.
