La expresidenta de la hoy extinta Corte Suprema de Justicia advierte que la reestructuración del Poder Judicial es un “parapeto” que solo tendrá como consecuencia que el control del Tribunal Supremo de Justicia pasará de Miraflores a la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez
“Tenemos que prepararnos para poder demostrarle al fiscal (de la Corte Penal Internacional, (-Karim Kahn) que este maquillaje al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es más impunidad, falta de independencia y autonomía del Poder Judicial, y, en consecuencia, menos castigo para quienes cometen crímenes de lesa humanidad que están en una línea de mando aparentemente intocable ya que quienes terminan pagando son los más débiles”.
La afirmación corresponde a la expresidenta de la hoy extinta Corte Suprema de Justicia Cecilia Sosa Gómez, quien advierte que la oficina que abrirá el fiscal Kahn en Venezuela deberá servir también para recibir denuncias sobre violaciones a DDHH que pudieran ser considerados crímenes de lesa humanidad, y no solo para brindar asesoría técnica en materia judicial a las autoridades venezolanas.
Cecilia Sosa Gómez advierte que debe aclararse si la oficina que establecerá la Fiscalía de la CPI en Venezuela atenderá tales denuncias y hace hincapié en que lo importante es atender a las víctimas y no solo la asistencia técnica, ya que, a su juicio, se puede tener a los magistrados mejor formados, pero si hay presión política permanente sobre ellos continuará la impunidad.
La también profesora de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) lamenta que el tema de los DDHH en Venezuela está pasando a un segundo plano bajo la propaganda que existe en cuanto a que el país está supuestamente mejorando económicamente.
“Pero las violaciones de DDHH siguen ocurriendo. Hay desaparición de personas, muertes de naturaleza política y tenemos un régimen que está preparándose y ha venido preparándose desde la primera visita de Kahn para tratar de demostrar que Venezuela se puede encargar de las investigaciones sin necesidad de que la CPI diga algo”, asegura la jurista.
Insiste en que en Venezuela se está sufriendo una política masiva de violación de DDHH elementales, especialmente de los que conducen a la pérdida de la vida, como el derecho a la alimentación. “Son cosas que dentro de la modernidad se exige determinar si se trata de un delito de lesa humanidad”, señala.
Lo importante son las víctimas, destaca Cecilia Sosa Gómez
—¿Cuáles son las implicaciones de la nueva visita del Fiscal de la CPI, Karim Kahn, y la instalación de una oficina de esta instancia en Venezuela?
—Se trata de una visita sorpresa que estaba acordada con lo que ellos llaman el Estado venezolano y que da una sensación de seguridad e inseguridad. Seguridad en el sentido de que el Fiscal Kahn tiene el caso de Venezuela en una atención preponderante en el continente y creo que eso de establecer oficinas es perfectamente viable y da una doble orientación, ya que, por una parte, sería una oficina que no es solo para colaborar con el gobierno, como se ha señalado en algunos medios, sino una oficina para que la denuncia de violaciones masivas a los DDHH sea presentada ante esa oficina, pero esta segunda orientación no la he visto claramente expresada, aunque no hay duda que el fiscal debe entender el equilibrio que hay que tener en estos casos, porque lo más importante son las víctimas, no los victimarios.
“Debemos entender (continúa Cecilia Sosa Gómez) que, por ser inglés, el fiscal es muy pragmático en sus declaraciones; ha dicho que lo único que va a clarificar, profundizar es el tema de la impunidad, es decir, se va a concentrar en si en Venezuela hay o no impunidad y eso tiene un aspecto negativo y otro positivo. Hasta ahora las informaciones han tenido especie de equilibrio para todo el mundo, es correcto porque muestra imparcialidad, pero no puede dejar de atender que la parte de equilibrio del Estado está relacionada con personas que en la línea de mando pudieran eventualmente ser responsables de delitos de lesa humanidad”, señala.
Asegura la exmagistrada que ese equilibrio lo necesitan las víctimas, por lo que desea que el fiscal Kahn se refiera en algún momento a las víctimas y deje claro si esa oficina va a prestar atención y recibir denuncias.
La parte que cuestiona de la visita y sería lo que genera inseguridad es que se produjo de manera por sorpresiva y estuvo dedicada a una finalidad que ya estaba acordada en el memorando de entendimiento, que es la instalación de una oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela. “¿Por qué tuvo que pasar desde noviembre hasta ahora para anunciar una oficina que debió haberse creado en noviembre? Me parece que el fiscal Kahn, está centrando su análisis del caso venezolano en si va a aplicar la complementariedad, en si Venezuela pudiera estar preparada para resolver judicialmente esos casos o no está preparada para hacerlo después de todas estas gestiones de intercambio con el régimen”.
—El fiscal Kahn afirmó que se establecerían mecanismos de cooperación con la oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas. ¿Cómo valora esta colaboración, qué puede aportar el trabajo conjunto con la Fiscalía?
—Da la impresión de que hay coordinación entre esas dos unidades anterior a esa declaración. La señora (Alta Comisionada para los DDHH de las Nacioes Unidas, Michelle) Bachelet, ya había declarado en su último informe que es un paso prometedor el avance que estaba haciendo Venezuela en cuanto a las reformas del Sistema de Justicia. Me da la impresión de que hay un patrón de apoyo al régimen en la idea de sacar aparentemente la política de la justicia; que Venezuela pueda mostrar casos de violaciones de DDHH, pero no llegarían a calificarse como delitos de lesa humanidad, me parece bastante peligroso que pueda suceder.
“Esto lo conecto con el tema de ONG de DDHH como Provea, que han hecho un trabajo muy detallado sobre las víctimas y denuncias muy concretas que se han presentado ante la CPI. Que ahora se produzca a nivel internacional una especie de apaciguamiento de ese tipo de actos en el sentido de ‘pobrecita Venezuela vamos a ayudarla a que tenga un Poder Judicial independiente y autónomo’ no tiene sentido cuando en Venezuela no es cuestión de un milagro lograr eso”, considera Cecilia Sosa Gómez.
En su opinión, el llegar a un poder de justicia autónomo no se trata solo de dar la palabra, pero se puede llegar a ello en algunos años siempre y cuando se cuente con la voluntad política de respetar esa autonomía. “Podemos tener a todos los jueces de carrera, pero si mantenemos permanentemente presión política sobre los mismos, eso resta confianza a la sociedad”.
La nada institucional
—La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro está por nombrar magistrados del Tribunal Supremo en el marco de la reforma del Poder Judicial anunciada por el Ejecutivo. ¿Cuál es la evaluación que hace de ese proceso reestructuración?
—Puede que sea muy duro decir esto, pero en Venezuela hemos llegado a la nada institucional. No tenemos instituciones; tenemos departamentos políticos en las instituciones, ni siquiera veamos cómo están repartidas políticamente esas instituciones. No tenemos presidente, Nicolás Maduro no es reconocido como presidente, la Asamblea Nacional de los hermanos Rodríguez no está reconocida internacionalmente; si vamos al TSJ, tampoco existe, se puso de rodillas ante una asamblea constituyente que terminó renombrándolos y que desapareció sin elaborar una nueva Constitución; no tenemos Poder Ciudadano, porque a nadie controla y el Ministerio Público solo declaraciones que está abriendo investigaciones, pero ahí se queda, además de que está controlado por el gobierno.
La exmagistrada asegura que llegó el momento de aceptar que no tenemos instituciones válidas en ningún lado. “Si vamos a las instituciones (que han surgido como) producto de buscar legitimidad, como (la figura de) el presidente encargado, tampoco está haciendo lo que tiene que hacer, no tiene una institucionalidad, un comité asesor, no transmite cuáles son los programas, dónde se puede invertir el dinero en función de las necesidades sociales; la AN de 2015 nos debe todo, leyes, investigaciones, resultados de las mismas, información sobre la impunidad, nos debe todo; es una nada porque se transformaron en un G4, pero no es una Asamblea. Lo único legítimo es el Tribunal Supremo que está afuera (en el exilio) y nadie le hace caso, ni los que lo nombraron, que, por el contrario, los abandonaron”.
—La Misión de Determinación de Hechos de la ONU afirmó que se había incrementado el control político para nombrar los magistrados
—De toda esta elección, todo este parapeto que Jorge Rodríguez ha armado sobre el tema judicial, hay dos cosas importantes a destacar, una tiene que ver con la apariencia de que esto se está modificando hacia el bien, hacia la justicia independiente, noble, en la que gana quien tiene que ganar, que protege a quien se debe proteger, la justicia para el ciudadano y no para sí misma.
Es un objetivo que tiene esa Asamblea que es inexistente, pero que trabaja duro para demostrar que hay cambios sustanciales.
Lo segundo es que la mezcolanza con los partidos (de oposición) que se han acercado al régimen demuestra la politización, porque si se buscan partidos para ver cómo se van a repartir los cargos estamos peor que en la IV República, ya que en esa época los partidos políticos eran parte del Congreso, pero ahora no.
Estima Cecilia Sosa Gómez que “todo va a cambiar para que nada cambie” y que el cambio se dará es en quién tiene el control del Tribunal Supremo de Justicia.
“¿Quién tendrá ahora el control de la educación, formación y capacitación de los jueces? ¿Quién tendrá el control disciplinario? De acuerdo a como se ha llevado el procedimiento, lo tendrá la AN. Hay un cambio aparente de control, va a nombrar al director de la Escuela de la Judicatura, al inspector, entonces tiene todo el control del Tribunal y ‘al que se resbale lo sustituyo’. Hay un cambio en el control que pasa de Miraflores, que había absorbido el control del TSJ, al Parlamento de los hermanos Rodríguez, que pasan a tener preeminencia en el área judicial, y ya sabemos que quien controla el TSJ controla el régimen”, explica.
—Nos ha hablado de que lo importante es vencer la impunidad ¿Cómo se logra?
—Los venezolanos debemos tener más conciencia de lo que es ser víctima. Lo institucional viene después, lo que me interesa como persona es que, si yo siento se me han violado mis derechos, tenga donde ir, dónde decir, y esa organización diga ‘sí, esta persona es responsable de haber torturado, dado muerte o aniquilado a esta otra persona’.
Los venezolanos lo que quieren es justicia y no la vamos a encontrar si no aprendemos a reaccionar cuando somos víctimas de una violación de un derecho humano; esa suma de violaciones es lo que transforma esa violación aparentemente individual y pasa a ser masiva, a que se transforme en un delito de lesa humanidad.
“Por eso hago un llamado a los ciudadanos, es la única manera, hay que saber, si uno es víctima, a dónde ir. Ahora hay una oficina, vamos a buscar quien nos ayude para ir a esa oficina y plantear la violación. Ya no debemos ir a Europa para denunciar; vamos a ver si lo permiten o es una oficina para dar clases y formar jueces. Entendemos que es para colaborar, ya que dice (el fiscal Kahn) que ‘acordamos reuniones de trabajo entre técnicos de la oficina y grupos de ciudadanos y organizaciones internacionales en el país’. Tenemos que demostrarle al fiscal Kahn que hay impunidad total en Venezuela, es una responsabilidad de todos los ciudadanos”, puntualiza.
