La dictadura miente con respecto a la causa de los apagones en medio del caos en los servicios públicos. Nuevamente el país hace frente a un apagón nacional y nuevamente el gobierno de facto culpa a saboteadores de un sistema eléctrico que se encuentra altamente militarizado. El gobierno reconoció que la causa del segundo apagón nacional ha sido un incendio. Si tienen militarizado el sistema eléctrico ¿quién es el responsable? Para colmo, sus acciones represivas han puesto bajo sospecha a todo trabajador y trabajadora de la empresa eléctrica Corpolec. Trabajar en esa empresa del Estado significa un riesgo, ante un gobierno de facto que califica alegremente a cualquier persona como terrorista.
Cada vez es más evidente que el caos en el sistema eléctrico del país es producto de la falta de mantenimiento e inversión. Los reiterados apagones producen un mayor deterioro en las condiciones de vida de la población e incrementa el sufrimiento del pueblo. Desde hace dos años, varios expertos venían advirtiendo que, de agudizarse la crisis, las interrupciones del servicio llegarían a la ciudad de Caracas y podrían llegar a tener escala nacional. La indolencia del gobierno lo llevó a no actuar de manera adecuada ante esas recomendaciones.
Lo mismo sucedió cuando diversas organizaciones de derechos humanos que monitorean los servicios públicos de salud informaban que se avanzaba hacia un deterioro grave del servicio. Además se alertaba que los módulos del programa Barrio Adentro estaban abandonados y que los pocos que funcionaban presentaban dificultades. El gobierno también fue indolente.
Ese gobierno llevó al servicio público de transporte a sumergirse en un caos. Los metros de Caracas y de Maracaibo padecen de un deterioro extremo. Las rutas de buses bajo control directo de los gobiernos nacional o regional se deterioraron en todos los estados. Se agravó el ya precario servicio de agua potable y la escasez del vital líquido ya es un dolor de cabeza para toda la población. La distribución de bombonas de gas apenas si cubre una parte de la población y muchas familias no tienen ese servicio desde hace dos años. Desde entonces las protestas pidiendo ese servicio se han multiplicado.
El deterioro del servicio de energía eléctrica es solo parte del colapso de los servicios públicos del país. Y el responsable es un gobierno indolente que de manera progresiva llevó a que las condiciones de vida de la población se deterioraran a niveles extremos, agravadas por una inflación superior a un millón por ciento que devoró los ingresos. Reflejo de ese deterioro es la migración forzada de millones de venezolanos y venezolanas.
La indolencia del gobierno se refleja también en la falta de transparencia sobre las causas de la crisis del sector eléctrico, con lo que no solo genera más angustia e incertidumbre en la población sino que además impide que los expertos puedan ser incorporados al diagnóstico y a la solución de los problemas.
Si duda alguna, el drama que vive la gente, luego de tres apagones nacionales consecutivos, implica mucha frustración en la población. Pero es ahora cuando es necesario que sigamos con más fuerza en las calles para avanzar hacia un cambio de gobierno y hacia el retorno de la democracia. En estos momentos de grandes dificultades, a los cuales la dictadura nos está sometiendo, es fundamental desplegar todas las iniciativas de solidaridad, resistir en acción colectiva y demostrar que el pueblo no se rinde y avanza en la ruta para recuperar la democracia y la vigencia de los derechos humanos.