Estamos frente a un gobierno que cada vez más socializa la pobreza y privatiza la riqueza. Que somete a millones de familias a la miseria mientras la cúpula en el poder exhibe su riqueza y privilegios.

Quienes gobiernan condujeron al país a una crisis severa y estructural, que tiene a la pobreza, la discriminación y la desigualdad en el disfrute de los derechos humanos, como sus principales consecuencias. Venezuela atraviesa hoy la crisis  política, económica y social más grave de su historia, los niveles de pobreza superan los registros de los años 90, cientos de miles de venezolanos huyen diariamente del hambre y la represión, y quienes permanecen en el país deben padecer a diario los efectos de la escasez, la hiperinflación y el deterioro de los servicios públicos. Estamos frente a una emergencia humanitaria compleja, que aunque la dictadura se empeñe en ocultar, cobra víctimas cada día. El Estado en un contexto de ineficiencia, indolencia y autoritarismo muestra un rostro cada vez más hostil hacia quienes reclaman derechos o contra aquellos que, reivindicando valores democráticos, exigen el respeto de la Constitución.

Desde el 2013 expresamos nuestra preocupación por los rasgos autoritarios en la gestión de gobierno de Nicolás Maduro. Entre otros aspectos advertíamos que asumía la doctrina de la Seguridad Nacional, aquella muy propia de las dictaduras, donde el interés fundamental es defender al Estado a costa de los derechos, intereses y bienestar de las personas, considerando la existencia de un enemigo interno al cual hay que derrotar y aniquilar; advertíamos que se instalaba en el alto gobierno, como política de Estado, el discurso de la amenaza y la intimidación a las voces críticas, a la disidencia interna y a la protesta social .

Hoy Nicolás Maduro y su cúpula gobernante, someten al pueblo a una dictadura que se sostiene sobre la represión y las graves violaciones a los derechos humanos. La aplicación, por la vía de los hechos, de la pena de muerte en los sectores populares, primero con los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) y ahora con las arbitrarias actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. Las masivas detenciones arbitrarias en zonas populares y contra disidentes políticos, el ascenso de la práctica de la tortura, la aplicación de la incomunicación y la desaparición forzada, y en los últimos meses la detención de familiares de perseguidos políticos.

En este contexto adverso al disfrute de derechos, reafirmamos que seguiremos actuando con independencia y promoviendo la acción protagónica y autónoma del pueblo venezolano para la exigibilidad de sus derechos, estimulando la coalición de las fuerzas democráticas para luchar, en el marco de los mecanismos establecidos en la Constitución, para un cambio de gobierno y por el rescate de la democracia.

Provea reitera su rechazo a cualquier iniciativa que desprecie la participación democrática como mecanismo para solucionar los problemas del país. Por ello, no concebimos un cambio de gobierno sin la organización, movilización y protagonismo de las fuerzas democráticas del país.

Como organización surgida en 1988 en un contexto muy parecido al actual con altos niveles de pobreza y autoritarismo ascendente, nos hemos empeñado en reivindicar todos los derechos para todas y todos, proponer políticas y medidas para que los derechos no se queden solo en las normas, sino que se disfruten y colocar nuestras capacidades, recursos y conocimientos al servicio de la población para la exigencia de sus derechos y aspiraciones de justicia.

Desde nuestros primeros pasos hasta la fecha hemos denunciado las graves violaciones a los derechos humanos y acompañado a las víctimas. Así ocurrió con la masacre de El Amparo (1988); los crímenes de El Caracazo (1989); los intentos de golpe de Estado en febrero y noviembre de 1992; las desapariciones forzadas realizadas por el ejército y policías en medio del deslave de Vargas (1999); el golpe de Estado de 2002; la Rebelión Popular de 2017; nuestro apoyo a las víctimas de la grave intoxicación masiva en el Hospital de La Ovallera en Maracay; y a los jubilados de Visa y Cantv, entre otros casos.

Hoy frente al momento aciago que vive el país seguiremos al lado de la gente, apostando por la organización y la unidad de los sectores democráticos para rescatar la democracia y por los derechos humanos de todas las personas.


Prensa Provea