Un nuevo derrame petrolero en el oriente venezolano pone la mirada nacional en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), debido a su irresponsabilidad en materia de protección al ambiente y a las constantes fallas de seguridad que comprometen, la capacidad operacional de la empresa y generan impactos irreversibles a la flora, fauna, cuerpos de agua y ciudadanía en general.
Este viernes 6 de julio la gobernadora del estado Monagas, Yelitze Zantaella, y el presidente de la estatal, Manuel Quevedo, confirmaron la ocurrencia de un derrame de crudo en el Complejo Operacional Jusepin de PDVSA, situado en la ciudad de Maturín, y que estaría vertiendo hidrocarburos a las aguas del río Guarapiche, cuerpo de agua que ya había sido afectado por un derrame ocurrido en febrero de 2012, que lanzó un aproximado de 121.000 barriles de crudo a sus aguas, y que es considerado como uno de los mayores derrames petroleros en la historia venezolana.
La gobernadora de la entidad informó a través de su cuenta Twitter que se paralizaría el bombeo de la planta potabilizadora del Bajo Guarapiche hasta por 10 horas, información que confirmó el vertido de crudo al cauce del río Guarapiche que surte de agua a la ciudad de Maturín.
Irresponsabilidad Suprema
«Nunca antes, se había dado al ambiente tanta relevancia como ahora», puede leerse en el primer párrafo del Balance de Gestión Social y Ambiental de PDVSA correspondiente al año 2012, un informe de obligatoria publicación según la normativa ambiental vigente, que fue expuesto sólo hasta el año 2016 debido al aumento de la mitomanía estatal y la opacidad en la gestión pública. Paradojicamente, ese año ocurrió uno de los mayores desastres petroleros de la historia venezolana, el derrame sobre el río Guarapiche.
Un año atrás PDVSA decía: «La nueva PDVSA se caracteriza por ser una organización con un alto nivel de compromiso y responsabilidad en la planificación y ejecución de sus actividades petroleras y no petroleras, conducidas para asegurar su operatividad industrial bajo un ambiente sano y ecológicamente equilibrado».
Fue precisamente en el año 2011 cuando se registró el primer repunte en el número de casos de derrames de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes del ambiente, ocasionados por PDVSA y sus contratistas y filiales. 4.052 derrames se registraron sólo ese año, lo que significó un aumento de 169% frente a los 2.393 «eventos» contabilizados en 2010. En 2012 el número de derrames descendió a 3.068 pero aumentó en cuanto al volumen de barriles de petróleo y sustancias contaminantes vertidas al ambiente, con un total de 143.597 barriles, la mayoría de ellos vertidos sobre las cuencas de los ríos Guarapiche y San Juan en Monagas.
En el año 2013 la situación empeoró. Consecuente con la generalizada extinción de garantías para los derechos humanos, la PDVSA de Nicolás Maduro se hizo más depredadora del medio ambiente a partir de ese año. 2013 cerró con un total de 10.722 derrames de hidrocarburos y otras sustancias tóxicas, 297% más que la cifra registrada por PDVSA el año anterior. En 2014, la petrolera contabilizó 8.814 derrames con un total de 79.153 barriles vertidos a suelos y cuerpos de agua. Para 2015, PDVSA reportó en su balance anual 8.796 derrames con un total de 123.846 barriles de hidrocarburos derramados, y al cierre de 2016 registró 8.250 derrames con un volumen total de hidrocarburos derramados de 182.317 barriles.
Desde el año 2010 y hasta 2016, la «roja rojita» y sus contratistas y filiales, han sido responsables de 46.820 derrames de crudo y otras sustancias contaminantes del ambiente, con un total de 856.722,85 barriles de crudo derramados. 30.674 de esos derrames afectaron cuerpos de agua como los ríos Guarapiche y San Juan, poniendo en riesgo a especies endémicas, dañando el equilibrio de la flora y fauna, y afectando las vidas y economías familiares de cientos de pobladores de estas zonas.
Impunidad estructural
En 2012, luego del histórico derrame sobre el río Guarapiche, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales advirtió sobre los daños ambientales que ocasionaría dicho evento en las cuencas de los ríos Guarapiche y San Juan, toda vez que son centros de «gran importancia ictiogeográfica y evolutiva de la ictiofauna continental. Doscientas dieciocho (218) especies de peces habitan en ella y muchas de ellas se encuentran solamente señaladas para estos ríos». En dicha ocasión la Academia resaltó que en esas cuencas existen por lo menos cuatro especies endémicas únicas en el mundo: «Bryconamericus yokiae, Creagrutus hysginus, Chaetostoma venezuelae y Farlowella Venezuelensis».
La preocupación de la Academia en 2012 incluyó también el impacto social generado por el derrame. El organismo señaló que en la cuenca del río San Juan habitan comunidades a «quienes debe garantizarse que su agua de consumo esté en condiciones de uso sin afectaciones a la salud inmediatas o a largo plazo y que igualmente puedan hacer uso alimentario de la fauna íctica sin deterioro a su salud o que sometidas a la imposibilidad de usar ambos recursos o alguno de ellos, se garantice su adecuada suplencia con suficiencia y oportunidad». Seis años después, esas comunidades estarían siendo afectadas por el vertido de crudo a las aguas de los ríos que sustentan sus vidas y economías familiares, de hecho, en 2012 Provea reportó protestas de agricultores residentes de estas zonas debido a las operaciones de barrido de crudo realizadas por PDVSA sin tomar en cuenta la afectación a las comunidades.
La opacidad oficial impide conocer el volumen de crudo vertido al río Guarapiche en esta nueva afrenta ecocida de PDVSA, pero en sus propios registros quedó plasmado que entre 2010 y 2016, la estatal arrojó, «por accidente», 236.530,15 barriles de petróleo a distintos cuerpos de agua a nivel nacional, y 620.190,7 barriles en suelos.
PDVSA, calificada en 2012 por la organización Green Peace como una de las 10 empresas del mundo más contribuyentes al cambio climático, está bien protegida por la impunidad estructural que desconoce derechos y perpetúa los abusos. Entre 2010 y 2016 diversos ministerios y la Fiscalía General de la República abrieron apenas 200 procedimientos sancionatorios contra la estatal, de ellos, 127 fueron de carácter administrativo y 73 de tipo penal. Incluso, causas como el accidente ocurrido en el Centro Refinador de Paraguaná (Amuay) fue sobreseída por un Tribunal Penal de la ciudad de Coro. Cientos de afectados por PDVSA siguen desprotegidos frente al alto impacto contaminante de la estatal.
Provea exige investigación y sanción a los responsables de este nuevo ecocidio. El Estado, a través de PDVSA, debe hacer las inversiones necesarias para corregir estructuralmente los focos de contaminación recurrentes de la industria petrolera y está obligado a resarcir los daños ocasionados a los habitantes de los centros poblados.
Prensa Provea
