Las medidas adoptadas por el régimen de Maduro, en el marco de la pandemia por SarsCov-19, acentuaron los mecanismos de control territorial y dominación poblacional. Ninguna de las decisiones dictadas por el Ejecutivo en 2020, incorporó una visión civilista y científica respecto a la pandemia. Por el contrario, la lógica empleada por las autoridades, respondió a la tradicional mirada militarista basada en la agotada doctrina de seguridad nacional.
Entre enero y diciembre de 2020, Provea registró 285 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal –con igual número de casos-, que incluyeron a 2.727 víctimas.
| Víctimas de violaciones la integridad personal 2013-2020 | |
| Año | N° de víctimas |
| 2013 | 419 |
| 2014 | 2.015 |
| 2015 | 18.184 |
| 2016 | 1.790 |
| 2017 | 4.819 |
| 2018 | 1.677 |
| 2019 | 5.211 |
| 2020 | 2.727 |
Las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron a diario durante 2020, y que siguen ocurriendo hoy día, han obligado a los órganos internacionales a afianzar el monitoreo e investigación sobre lo que viene ocurriendo en el país.
Así, en 2020 – y por primera vez-, una Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas, instaló su mirada en el Caribe. Por primera vez, la Corte Penal Internacional dijo que podría pasar a fase de juicio a funcionarios del gobierno de Venezuela por la comisión de presuntos crímenes contra la humanidad. La Oficina de la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), insistió en la existencia de un patrón generalizado y sistemático por parte de la gestión de Maduro, dirigido a aplastar la disidencia y el descontento social. Para la OACNUDH las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos revelan la existencia de una política o plan de Estado dirigida a promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas dirigidas a causar terror en la población.
A comienzos de año, diversos mecanismos de Naciones Unidas advirtieron sobre los peligros de exacerbar las medidas de control, por parte de los Estados, para mitigar los efectos de la pandemia generada por el virus SarsCovid-19. Por su parte, ONU Hábitat recordó la importancia de la vivienda como un derecho humano indispensable para garantizar y desarrollar otros derechos que satisfagan la dignidad humana. “La vivienda nunca había sido tanto como en este momento una condición de vida o muerte”, dijo Leilani Farha, relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada.
Otras instancias de ONU y de órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, hicieron especial énfasis en la conducta que debían mantener las autoridades, para preservar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad.
Terrorismo de Estado, la pandemia nuestra
En 2020 las violaciones al derecho a la integridad personal tuvieron dos focos principales: el aumento de las amenazas, y los tratos crueles contra personas privadas de libertad.
La directiva de la estatal Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), encabezó la lista de violaciones a la integridad personal, con 1.000 casos de amenazas y hostigamiento contra trabajadores de la empresa, que representan el 36,6% del total registrado en 2020, los mandos de la acería mostraron su consonancia con la política oficial: amenazar y hostigar para evitar los reclamos laborales.
El Ministerio de Asuntos Penitenciarios (MPPAP) ocupó el segundo lugar con 308 víctimas. Todas esas personas, fueron obligadas por las autoridades del ministerio, a padecer hambre, a sufrimientos derivados de enfermedades sin contar con atención médica, y a condiciones de insalubridad que constituyen tratos crueles.
| Sub – patrón | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % aumento disminución |
| Torturas | 185 | 6 | 18 | 101 | 109 | 574 | 97 | ↓ 83,1% |
| Tratos o penas crueles | 631 | 793 | 473 | 539 | 970 | 852 | 858 | ↑ 0,70% |
| Heridos | 1.094 | 153 | 316 | 3.811 | 76 | 1.033 | 108 | ↓ 89,5% |
| Allanamientos ilegales | 51 | 17.215 | 763 | 2.559 | 667 | 1.804 | 253 | ↓ 85,9% |
| Amenazas u hostigamiento | 51 | 21 | 222 | 347 | 656 | 789 | 1411 | ↑ 78,8% |
| Ataques a zonas residenciales | 156 | |||||||
| Ataques a centros religiosos | 3 |
Cuatro personas murieron a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2019, durante el actual período de estudio se produjo una disminución de 82,6%, en el número de muertes, siendo además el registro más bajo de los últimos 3 años.
| Personas asesinadas a consecuencia de torturas 2013 – 2020 | |
| Año | Número de víctimas |
| Ene. – Dic. 2013 | 10 |
| Ene. – Dic. 2014 | 4 |
| Ene. – Dic. 2015 | 5 |
| Ene. – Dic. 2016 | 14 |
| Ene. – Dic. 2017 | 3 |
| Ene. – Dic. 2018 | 13 |
| Ene. – Dic. 2019 | 23 |
| Ene. – Dic. 2020 | 4 |
858 personas fueron víctimas de tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes durante el año 2020. Este es el segundo registro más alto de víctimas por este sub-patrón en los ocho años de mandato de Nicolás Maduro, sólo superado por las 970 personas afectadas durante el año 2018.
En comparación con el período anterior, se registró un leve aumento de 0,70%, siendo este el único sub-patrón, junto a los casos de amenazas y hostigamiento- que no experimentó un decrecimiento respecto al 2019.
59 denuncias involucran a 14 corporaciones de seguridad, a cuatro entes de la administración pública central y descentralizada, y a agrupaciones paramilitares en la comisión de este delito contra el derecho a la integridad personal.
El Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios (MPPAP), bajo el mando de Iris Varela, encabezó el listado de casos con 308 víctimas (35,8%). Todos los afectados, fueron personas privadas de libertad que se encontraban recluidas en centros dependientes de ese órgano, y que fueron sometidas a recurrentes episodios de negación de alimentos, falta de atención médica, y precarias condiciones de detención que lesionaron sus derechos a la vida y a la integridad personal.
La situación de abandono a la que está sometida la población reclusa en Venezuela constituye una práctica de trato cruel, inhumano y degradante que está ocasionando muertes en los recintos carcelarios. A la cotidiana exposición a la violencia física a la que están sometidos miles de jóvenes pobres venezolanos en las cárceles del país, se suma la re victimización generada por el sometimiento al hambre y la ausencia de servicios y tratamientos de salud.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dicho que el concepto de tortura y tratos o penas crueles no se limita solo a las prácticas de violencia física o psíquica, sino que incluye también las condiciones de detención que no respetan la dignidad humana, lo que ocurre en casos de hacinamiento, malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención médica, ausencia de alimentación adecuada y agua potable, y carencia de recursos para atender las necesidades básicas de las personas detenidas, entre otros.
La Corte IDH ha reiterado en su jurisprudencia que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a vivir en condiciones de respeto a su dignidad personal, conforme los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH). También, el órgano hemisférico ha insistido en que las impertinentes excusas de los Estados –basadas en las limitaciones económicas o de otra índole- para escapar de sus obligaciones al respecto, carecen de toda justificación. “ los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano”.
Durante 2020, las frágiles condiciones de vida de las personas privadas de libertad y bajo custodia del Estado, se resintieron, aún más, en medio de la pandemia ocasionada por el Covid-19.
Los acostumbrados obstáculos para acceder a alimentos, medicinas, servicios de salud o agua potable, a los que son sometidos cientos de reclusos, se exacerbaron en medio de las restricciones impuestas por las medidas oficiales para contener el avance del virus. Y aunque las medidas eran necesarias, la incapacidad gubernamental para medir el impacto diferenciado de esas decisiones en poblaciones vulnerables -sumado a la escasa voluntad política para atender las demandas sociales-, pusieron a los presos del país en el centro de un huracán aún más peligroso del que ya estaban.
97 personas murieron en las cárceles venezolanas a consecuencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante 2020. En las cárceles bajo la administración del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios murieron 90 de ellas, debido a la injustificada negativa de las autoridades de suministrarles medicamentos y alimentos.
Otras tres personas murieron en similares condiciones, por hambre y enfermedades, en los calabozos del CICPC y de la Policía del estado Zulia, en el centro-occidente del país.
57 personas murieron a consecuencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes en 2019. Para el 2020, se registró un aumento de 70,17%.
Desde que asumió el poder en 2013, Maduro acumula 36.842 víctimas de violaciones a la integridad personal, un 85,8% más que el total de víctimas registradas por Provea entre los años 1990 y 2012.
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