Todos tenemos derecho a vivir con dignidad, y la organización comunitaria es fundamental para demandar, con mayor efectividad, la adopción de medidas y políticas públicas que promuevan y garanticen un nivel de vida adecuado.
En medio de la pérdida de espacios para la participación y de las amenazas gubernamentales para los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas, muchas comunidades se organizan para demandar el cumplimiento de las obligaciones estatales, y visibilizar los problemas que las afectan.
Así, surgen con autonomía y amplitud los Comités Populares para la Defensa de los Derechos Humanos, espacios comunitarios de participación y organización vecinal para velar y exigir el respeto a los derechos humanos; el mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades, y la restitución de los valores democráticos, lo que resulta de gran trascendencia, considerando el difícil contexto político, económico y social que actualmente enfrentan los venezolanos.
Los Comités Populares para la Defensa de los Derechos Humanos, nacieron en 2019, como una iniciativa para promover el empoderamiento de las comunidades en defensa de sus derechos. Una idea propuesta al Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, (Provea), por la educadora, Diannet Blanco, luego de participar en un taller realizado por la organización.
“Consideré que era pertinente llevar esa información a las comunidades, para que los vecinos se empoderaran y actuaran ante situaciones que vulneran los derechos humanos, como venía sucediendo con los operativos represivos en distintos sectores del país”, señala Blanco.
“Me puse en contacto con activistas vecinales en algunas comunidades, quienes me conectaron con personas que ya trabajaban por el bienestar de las comunidades”, añade.
Así, llegaron los talleres y las iniciativas de organización en diversas parroquias de los municipios Libertador y Sucre, en Caracas, y en la población de Guarenas, en el estado Miranda, y se pusieron en marcha estrategias de sensibilización, reflexión y formación de las personas que se interesaron en la iniciativa.
A la fecha, se han creados ocho comités parroquiales en La Vega, San Pedro, Montalbán, Coche, Santa Rosalía, La Dolorita, José Félix Ribas y en Guarenas, y se contempla la instalación de más comités en otros estados del país.
Los comités se conforman voluntariamente y de manera horizontal. Provea y otras ONG brindan apoyo en formación, logística y soporte jurídico, pero ello no limita la autonomía de estas instancias, ya que sus integrantes toman sus propias decisiones, elaboran sus agendas, y llevan a cabo actividades dependiendo de las exigencias o problemáticas de las comunidades.
Un aspecto relevante de los comités es que no hay discriminación ni sectarismo. Son espacios despolarizadas en los que no importa la identidad política o ideológica de los participantes. “No hay ningún tipo de discriminación, porque los une un objetivo común: la defensa de los derechos humanos y el bienestar de la comunidad”, afirma Diannet Blanco.
Una transformación positiva
Los comités elaboran agendas para llevar a cabo sus actividades, como talleres sobre derechos humanos dirigidos a las comunidades; denuncias sobre situaciones irregulares en la comunidad; acompañamiento a protestas pacíficas por la falla en servicios públicos como el agua, electricidad, gas doméstico; y documentan de violaciones de derechos humanos.
Para muchos, participar en un comité de defensa de derechos humanos, ha significado un cambio de vida. “Mi visión de las cosas se ha ampliado bárbaramente. Lo que pienso ahora es distinto a lo que yo pensaba antes; y gracias a todos los conocimientos y herramientas que Provea y otros organismos nos han brindado, ahora nos atrevemos a exigir nuestros derechos”, comenta Edward Ocaríz, uno de los vecinos que conforma el comité de la parroquia Coche.
En esa comunidad, se brinda apoyo a los vecinos para la exigencia del servicio de agua potable, uno de los problemas que más aquejan a la parroquia.
Actualmente, el comité de Coche acompaña y asesora a los vecinos de la Vereda 37 de la parroquia, donde 32 familias tienen 4 años sin recibir agua por tuberías. Los vecinos ahora presionan directamente -y a través de diversos mecanismos de exigibilidad-, a los órganos responsables de la gestión del agua como Hidrocapital y el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, para exigir la solución a este problema.
El comité también realiza, los primeros 8 días de cada mes, el seguimiento y monitoreo del problema del agua en toda la parroquia, para contar con información válida. Mediante una encuesta que se aplica en el sector, los vecinos opinan sobre aspectos vinculados a las interrupciones en el suministro de agua, o las afecciones a la salud derivadas de la poca calidad del agua. También, apoyan la lucha por el mejoramiento de la atención en el Hospital de Coche y se vinculan a movilizaciones y campañas digitales para denunciar la falta de combustible, gas doméstico, las deficiencias en la recolección de basura, entre otras problemáticas.
“Seguimos capacitándonos, porque nosotros no somos abogados, ni ingenieros, ni tenemos conocimientos especializados, pero sí nos mantenemos informados, obtenemos herramientas, pedimos el respaldo necesario, para cumplir mejor nuestra labor en beneficio de la comunidad”, señala Ocaríz.
Multiplicar la organización popular
Los integrantes de los comités, coinciden en que es necesario que esta iniciativa se multiplique en todas las parroquias del país, porque su labor es de gran significado para las comunidades.
“Muchos tienen miedo de ir a otras instancias a denunciar y que luego tomen represalias contra ellos. Entonces, piden información al comité sobre ¿qué hacer?, ¿dónde acudir? o solicitan que los acompañemos cuando tienen algún problema”, comenta Diannet Blanco.
Sin embargo, reconocen que hay mucho trabajo por delante, por ello la formación, el asesoramiento y el acompañamiento de los ONG, deben mantenerse y ampliarse, “para ayudar a la comunidad a enfrentar, con mayor eficiencia, constancia y oportunidad, las diversas violaciones contra los derechos humanos”, dice Blanco.
Para Provea, cada comité que se cree en el país es un espacio para la autonomía y una derrota para el autoritarismo. En medio de la crisis y la represión, cada comunidad organizada es un herramienta invaluable para visibilizar los problemas y defender derechos humanos.
