Por Esperanza Hermida para TalCual | Esta semana, en una de las demandas judiciales contra la política salarial de Maduro, la Sala Político Administrativa del TSJ declaró que no existe el «Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas», utilizado por la Onapre. Como en años anteriores, el país protestaba por impago del aumento presidencial y hace 3 meses la dirigencia sindical y gremial denunció a la Onapre como instrumento para demoler el salario en el sector público. Hasta la oficialista CBST calificó tímidamente de erróneos, los cálculos hechos por esta oficina.
Desde el 11 de octubre de 2018, el gobierno de Maduro dejó formalmente sin efecto conquistas sindicales establecidas en las convenciones colectivas del sector público, y retomó, sin que le temblara un músculo, la senda del desconocimiento a los derechos laborales que caracterizó la recta final del siglo XX. Esta política regresiva y reaccionaria es desarrollada por el Ministerio del Trabajo, a través de los «lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica», contenidos en su memorándum No. 2792, suscrito en esa fecha.
El numeral tercero del memorándum 2792 indica: «En aquellas convenciones colectivas de trabajo que hubieran sido suscritas con anterioridad al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, en cuyo contenido consten acuerdos sobre beneficios económicos y socioeconómicos para los trabajadores y trabajadoras pactados en valores multiplicadores del Salario Mínimo Nacional, montos nominales y Unidades Tributarias deberán someterse a revisión si el valor de tales beneficios ponen en riesgo la fuente y el proceso social de trabajo, para ello se establecerán valores establecidos en fracciones de petro. Tal revisión se hará en el marco de mesas técnicas de trabajo, llevadas por ante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, con presencia de la representación patronal, de los trabajadores, las trabajadoras y sus Organizaciones Sindicales, para que a través de la dinámica del diálogo, discusión o de debate se realice el análisis y estudio de propuestas de manera consensuada y aprueben aquellas que garanticen la protección de la fuente de trabajo y el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, mejorando el proceso social de trabajo y lograr la justa distribución de la riqueza»
Ahora bien, de manera pública, notoria y comunicacional, el Ministerio del Trabajo sólo entabla diálogo con representantes sindicales oficialistas, para actos y proclamas de apoyo al gobierno y denunciar la injerencia del imperialismo norteamericano.
En cuanto a las conversaciones con el resto del mundo sindical y gremial venezolano, que es grande, fuerte, diverso y multicolor, la postura gubernamental es de negación, descalificación, burla y represión, como lo evidencia la ola de protestas por violaciones a los derechos laborales, espiral conflictiva que ya va para algo más de una década, ininterrumpidamente.
De esta manera, el respeto o el consenso no son precisamente los principios rectores que guían la implementación de las políticas salariales de Maduro. Prueba de ello es el hecho material, de que la Onapre define los montos que integran las remuneraciones en el sector universitario y en el sector público nacional, utilizando el «Instructivo para el proceso de ajuste del Sistema de Remuneraciones de la Administración Pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas», instrumento que encaja con el memorándum 2792 del 11 de octubre de 2018 y con el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica.
Es más, Ministros del gabinete de Maduro, informaron que el tabulador salarial en el sector público sería uno sólo, es decir, que desaparecieron reivindicaciones de convenciones colectivas pactadas, que contenían cláusulas de indexación. También dijeron recientemente que el bono vacacional en el sector educativo se pagaría de forma fraccionada y luego se retractaron en la práctica ante la contundente respuesta de combatividad en defensa de sus derechos, por parte del magisterio venezolano.
Por otro lado, en medio de la coyuntura de protestas laborales de 2022, hay un hecho material y público, en términos que gustarían seguramente al máximo tribunal ya que está en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela: la directiva de la Onapre fue sustituida.
Adicionalmente, como guinda del pastel, el vicepresidente de la oficialista CBST calificó la actuación de esta oficina como burocrática y no técnica, desvelando las profundas contradicciones que se mueven a lo interno del gobierno y que afectan, indiscutiblemente, al eslabón más débil de la cadena: la clase trabajadora.
Hay ahora que revisar todo, dado que la Sala Político Administrativa del TSJ determinó que el instructivo Onapre no existe, en tanto y en cuanto, según se lee del texto que contiene la síntesis del fallo emitido en fecha 24/08/2022, no habría sido anexado el documento probatorio respectivo al procedimiento judicial incoado para su nulidad, motivo por el cual resolvió declarar inadmisible la causa. Por ejemplo, Venezuela habrá de revisar si existe la cuenta @PatriaDigital (con 73.8 K suscriptores) en Telegram y el registro que en ella hace la población para que se le notifique oficialmente de beneficios de políticas asistencialistas, no vaya a ser que se trate de una ilusión óptica, tan falsa como el gobierno obrero.
En lo sucesivo hay que observar con mucho cuidado si hay gobierno telemático, ya que el TSJ acaba de señalar, se infiere que como consecuencia lógica de la sentencia del 24/08/2022, que no existen las notificaciones realizadas por la Onapre a las universidades nacionales sobre las tablas salariales con las modificaciones inter escalas… Notificaciones éstas que, partiendo del principio de la buena fe, debían atender a esta modalidad válida y eficaz de gobernanza, basada en la utilización ética de la tecnología y de la ciencia, a nivel mundial.
A estas revisiones sobre las verdades verdaderas, se suma la absoluta falta de independencia de todos los órganos de la administración de justicia respecto al ejecutivo nacional. Muestra de ello son las decisiones que afectan la libertad sindical y el derecho a la manifestación pacífica, con cientos de personas detenidas injusta y arbitrariamente por defender derechos humanos y casos emblemáticos como el de Rubén González y Rodney Álvarez. La entente Ministerio del Trabajo – Onapre – TSJ, evidencia que el gobierno de Maduro tiene cualquier carácter, menos el de obrero.
